Los Acuerdos de San Andrés, veinte años después. El Derecho de decir el Derecho. (Segunda y última parte)

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Los Acuerdos  de San Andrés, veinte años después. El Derecho de decir el Derecho. (Segunda y última parte)

acuerdos5.2 Sistema de seguridad y justicia de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.

Como hemos dicho, entre febrero y marzo de 2001, se dio la marcha de los comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hacia la ciudad de México y su permanencia en ella, con el objeto de convencer al Congreso de la Unión de aprobar una reforma constitucional aceptada por los propios zapatistas y el Congreso Nacional Indígena. Se le conoció como la “Marcha de la Dignidad Indígena” o la “Marcha del Color de la Tierra”. En este importante acontecimiento de la presencia indígena en México, participaron también invitados de otros pueblos indígenas, convocados unos por el propio EZLN y otros por el Congreso Nacional Indígena.

            La tarde del 11 de marzo de 2001, zapatistas y demás representantes de los pueblos indígenas, estuvieron en un gran mitin en la Plaza de la Constitución –conocida como Zócalo- de la Ciudad de México. La segunda oradora fue Domitila Rosendo, indígena de origen nahua, integrante de la organización Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, que en algún momento de su discurso pidió el reconocimiento legal para la Policía Comunitaria de la Montaña y Costa Chica de Guerrero. Al otro día ningún medio de prensa escrito, ni los más entusiastas por la causa indígena, dieron noticia de ello; y quizás también su demanda pasó desapercibida para la mayor parte de sus oyentes, que esperaban ansiosos el discurso del subcomandante Marcos. En realidad la experiencia de la Policía Comunitaria es poco conocida y en los últimos tiempos distorsionada por los medios masivos de comunicación.

            Este sistema comunitario de justicia se ha implementado en parte de las regiones Montaña y Costa Chica del Estado de Guerrero; una entidad federativa de las de mayor población indígena, además con gran diversidad de grupos culturales. Los indígenas son tlapanecos, mixtecos, nahuas y amuzgos.

Por otro lado, varios de los municipios a los que pertenecen las comunidades de la Montaña y Costa Chica, son de los más pobres del país. Casi el noventa por ciento de las localidades indígenas de la región están catalogadas como de alta y muy alta marginación; la desnutrición y el hambre son sólo los síntomas más dolorosos de su enorme pobreza. Es una zona también conflictiva por problemas de tenencia de la tierra, siendo frecuentes los pleitos agrarios por diversas causas.

La gran inseguridad de la región, provocada por el accionar de bandas de delincuentes que hicieron del asalto práctica común en los tramos de comunicación entre las comunidades de El Rincón, San Luis Acatlan, Pueblo Hidalgo, Ayutla de los Libres, Tlaxcalixtlahuaca y Marquelia; además la frecuencia del abigeato, la ola de crímenes y de violaciones sexuales practicadas hasta en menores de edad; esa inseguridad, con el clima de terror que originaba, aunada a un sistema estatal de seguridad y de impartición de justicia corrupto e ineficaz, motivó la creación, primero, de la Policía Comunitaria, y después de todo un sistema de seguridad y administración de justicia, en el que fue derivando.

La Policía Comunitaria tiene su origen en las comunidades organizadas, “es un movimiento indígena”. Ante la terrible inseguridad de la zona y la ineficacia y corrupción de las instancias de seguridad y justicia del Estado, varias organizaciones regionales, como las cafetaleras Unión de Ejidos “Luz de la Montaña” y la Unión Regional Campesina, las Parroquias, el Consejo Guerrerense 200 Años de Resistencia Indígena y el Centro Comunitario de Abastos llamado la Triple SSS, vieron la necesidad de abordar el tema, y con este objeto se inician las asambleas comunitarias que tenían el propósito de poner remedio a esa problemática. En un principio, se pensó que la solución estaba en el gobierno. De tal modo que se buscó la intervención de varias instancias gubernativas, para que procedieran diversas policías estatales y federales, así como elementos del ejército. La solución no llegó: “En lugar de proteger venían a someter y hostigar.” Con las asambleas comunitarias “la gente tomó valor para denunciar y buscar solución en el mismo pueblo en sus usos y costumbres, en su cultura”, pues el gobierno no les daba solución alguna.

Así las cosas, en Santa Cruz El Rincón, del Municipio de Malinaltepec, el 15 de octubre de 1995, en una Asamblea Comunitaria con la Participación de treinta y ocho comunidades, se funda la Policía Comunitaria. “Su objetivo fundamental era rescatar la seguridad que estaba secuestrada en manos de los delincuentes”. Sus miembros se llaman “policías comunitarios”, porque surgen de las propias comunidades y le dan sus servicios sin percibir un sueldo; no actúan con criterios economicistas, sino que los guía la conciencia de que es un servicio para la vida del pueblo.

En un principio, los policías comunitarios después de capturar al delincuente lo entregaban a la Agencia del Ministerio Público. Sin embargo, de poco servía; los autores de delitos, se las ingeniaban, o mejor dicho corrompían a las autoridades para ser liberados pronto y reaparecían reincidiendo en sus actos delictivos y burlando así a las autoridades comunitarias.

Ante esto, la Asamblea Comunitaria buscó solución a esta problemática y evitar así la reincidencia, y decidieron recurrir a su historia como pueblo, concretamente al modo en que sus antepasados administraban justicia. Las comunidades debían recuperar la sabiduría del pasado para actualizarla y aplicarla en el contexto actual; se llegó a la conclusión de que los usos y costumbres de sus antepasados habían funcionado y que constituían una alternativa que había que retomar.

De tal modo que el 22 de febrero de 1998 en la comunidad de El Potrerillo Cuapinole del Municipio de San Luis Acatlan, con la participación de las autoridades de las comunidades que integran la Coordinadora, policías comunitarios, comisarios municipales, comisarios de bienes comunales y de organizaciones sociales que impulsaron este proceso, en Asamblea Comunitaria se decide impartir la justicia en base a la tradición de los ancestros, y para ello se constituye la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Se adopta como sanción para los que han cometido delitos la Reeducación.

 

5.2.1 El sistema comunitario de seguridad y justicia y los derechos humanos.

Tanto la Policía Comunitaria como todo el sistema de seguridad e impartición de justicia, forman parte y constituyen apoyo jurídico-político de su proyecto integral de desarrollo comunitario, que concretiza los derechos humanos desde la vida y la integridad física hasta los económicos, sociales y culturales.

            Con relación a la importancia política de este proyecto, Guillermo Almeyra dice que se trata de “una de las más importantes experiencias en todo el país, de la creatividad indígena en la construcción de sus formas democráticas de reglamentación comunitaria”; y destaca en el proceso de producción de este proyecto, la liberación del indigenismo para construir un movimiento indígena independiente, y la “recepción entre los sacerdotes de origen indígena o popular de la influencia desacralizadora y liberadora de la Teología de la Liberación…” (En el prólogo al libro “Sistema de Seguridad e Impartición de Justicia Comunitaria Costa-Montaña de Guerrero”, 2008).

            Es muy importante decir que las asambleas comunitarias que he mencionado, no comenzaron a realizarse con el objeto de crear un sistema de seguridad, sino que éstas se venían realizando desde antes por motivos económicos y sociales.

            Este sistema comunitario se inicia con el impulso a un desarrollo integral en la Costa-Montaña de Guerrero, producido por las propias comunidades. Comienza por la toma de conciencia. Conciencia despertada, en buena medida, por la Pastoral Social de la Diócesis de Tlapa. Y esa conciencia implica avanzar en construir la organización y unidad de los pueblos de las diferentes lenguas. Se crea así el Consejo de Autoridades Indígenas (CAIN), en 1994.

            En las asambleas participan, además de los representantes de las comunidades, algunas organizaciones económicas y políticas; como la Unión de Ejidos Luz de la Montaña, la Unión Regional Campesina, ambos productores de café; el Centro Comunitario de Abasto; el Consejo Guerrerense 500 Años de resistencia Indígena. De estas asambleas surgen proyectos tan ambiciosos, hechos realidad, como la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia, que fue demandada por las comunidades y que se inauguró en 2004. Esta vía de comunicación ha sido detonante para la mejora de las condiciones económicas de la región.

Existen también logros en materia de Educación, al haberse establecido una sede de la Universidad Pedagógica Nacional, en 1995, producto de la lucha comunitaria para que se estableciera ésta en Santa Cruz del Rincón, municipio que pertenece al sistema comunitario; y ahora recientemente se inauguró la Universidad de los Pueblos del Sur, que tiene uno de sus locales también en Santa Cruz del Rincón; esta última universidad no recibe apoyos del gobierno sino que es producto de la iniciativa de los mismos pueblos.

            También se ha fomentado el ahorro y la creación de fondos para préstamos a bajo interés.

            Ha surgido, además, una radio comunitaria, que se ha llamado “La Voz de los Pueblos”.

            Por último, es importante destacar el rescate que se ha hecho de una institución solidaria indígena llamada cambio brazo: “este es el apoyo mutuo que todos los socios del grupo se ofrecen recíprocamente. Esto es lo que en otros lugares llaman ‘correspondencia’ o ‘tequio’. Este valor fue posible rescatarlo dentro de la memoria histórica…”

            Destaca la importancia que ha tenido en este proyecto integral de reivindicación de derechos humanos, el Consejo de Autoridades Indígenas (CAIN), al resaltar sus acciones de organización de la gente de las comunidades a partir de sus necesidades sentidas; y es que, como he dicho, de algún modo los derechos humanos son necesidades humanas juridificadas.

5.2.2. Dificultades.-

            Este sistema de seguridad y justicia, desde sus inicios y hasta por lo días que corren, como Derecho e instituciones que surgen al margen del Estado, ha estado en conflictos diversos con las instituciones estatales y sus autoridades. Se le ha criminalizado por estar “fuera de la ley”, se dice; se le ha tratado de asimilar al Estado, convirtiendo a los “policías comunitarios” en agentes oficiales del mismo.

            Al interior de las comunidades, sus miembros han adoptado diversas posturas con respecto a la actitud que se debe asumir frente a las instituciones y autoridades estatales. Hacia mediados de la década pasada, se daban dos corrientes de opinión respecto a buscar o no la “legalización” por parte del Estado, conservando la autonomía: la que aceptaba, y aquella que sostenía que había que seguir al margen del Estado, sin legalización ni reconocimiento alguno.

            A final de cuentas, la legalización llegó por medio de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, de 8 de abril de 2011. En esta Ley se reconocen, entre otros derechos: a las formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia; y al Sistema de Justicia Comunitaria. De tal modo que el sistema CRAC-PC, quedó reconocido por la Ley.

            Sin embargo, por lo delicado de las materias asumidas por las comunidades, como son seguridad y justicia, no ha dejado de haber conflictos con el Estado y hacia lo interno de las propias comunidades. Y en los últimos tiempos la situación se ha tornado más compleja, por la cada vez más fuerte presencia de la delincuencia organizada a la que es necesario enfrentar.

            Actualmente el Sistema está dividido cuando menos en tres grupos. El primero constituido por el grupo original de Policía Comunitaria y Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC). El segundo es la fracción que creó la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que encabeza uno de los fundadores de este sistema autonómico, Bruno Plácido. Y el tercero por el Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Sus visiones políticas son diversas.

            Por otro lado, se ha reprimido por parte del Estado al Sistema de Seguridad y Justicia, y criminalizado a varios dirigentes comunitarios. Esto a pesar de la Ley 701. El 21 de agosto de 2013, en un operativo conjunto entre policías de diverso tipo y militares, detuvieron a la Comandante Nestora Salgado García, coordinadora de la PC de Olinalá y se le remitió al penal de mediana seguridad de Tepic Nayarit. Actualmente están en prisión más de diez líderes indígenas de la CRAC-PC, varios de ellos en prisiones fuera del Estado de Guerrero. La opinión política crítica, los considera presos políticos.

5.3 Elecciones y comunidades indígenas: un ejercicio de autonomía.

5.3.1 Cherán: Policía Comunitaria y elecciones con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales.

En San Francisco de Cherán, en la meseta purépecha, hasta hace casi cinco años el crimen organizado talaba sus montes; “han devastado aproximadamente 20 mil hectáreas de bosque en señal inequívoca de que el Estado con sus tres poderes y en sus tres niveles, ha sido omiso, por decir lo menos, en brindar seguridad frente al saqueo de un recurso tan preciado.”(Magdalena Gómez, La Jornada, 24 de Mayo de 2011)

            Ante semejante despojo y ausencia de Estado, agobiados por la delincuencia, los miembros de la comunidad de Cherán decidieron tomar el control de la seguridad y de los accesos a su territorio; esto a partir del 15 de abril de 2011. Han organizado una policía comunal, como grupo de autodefensa, suplantando a la policía municipal.

            Se trata, también de un ejercicio de autonomía de producción jurídica. En el caso de Cherán, además de organizar normalmente la autodefensa, ya que participa toda la comunidad, se han establecido normas contra el alcoholismo. Esas políticas y esa normatividad han rendido frutos, pues ha disminuido considerablemente la delincuencia interna, la tala y el consumo de alcohol.

            Ese ejercicio de autonomía, con la autodefensa, ha fortalecido los lazos comunitarios; ha hecho crecer las solidaridades. He escuchado testigos, como al jesuita Jorge Atilano, manifestando que la gente se fortalece juntándose en la calle a rezar y a comer. “Entre las piedras que sirven de retén –dice un reportaje- los pobladores de Cherán levantaron una bandera mexicana. Las mujeres hacen tortillas, cocinan frijoles, arroz, corundas y tamales”. (Castellanos y Gil Olmos, Proceso 1803)

            La comunidad de Cherán, decide reafirmar y ampliar su autonomía en los hechos: rechaza participar en las elecciones generales que se celebraron en 2011 en el Estado de Michoacán, para renovar el Legislativo y el Ejecutivo, así como las autoridades municipales, y decide elegir sus autoridades por medio de sus usos y costumbres, rechazando el sistema de partidos políticos. Y así, el 22 de enero de 2012 realizaron sus elecciones.

            Estas elecciones pudieron celebrarse y plenamente validarse gracias a una histórica sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada en el expediente del Juicio Ciudadano SUP-JDC-9167/2011; en esta resolución los magistrados electorales sí se basaron en los principios constitucionales. Con fecha dos de noviembre de 2011, resolvieron revocar un acuerdo del Congreso General del Instituto Electoral de Michoacán por el que respondía negativamente a la petición de la Comunidad Indígena de Cherán para celebrar sus elecciones bajo sus usos y costumbres, y determinaron “que los integrantes de la Comunidad Indígena de Cherán tienen derecho a solicitar la elección de sus propias autoridades, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a los derechos humanos.”

            El TEPJF basó su sentencia en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y consecuentemente a la autonomía para, entre otras cosas… elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.”

            El Tribunal Electoral cita además, en apoyo de su resolución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y criterios anteriores sustentados por el propio TEPJF.

            Orlando Aragón, abogado de la Comunidad de San Francisco Cherán en el proceso judicial electoral que hemos mencionado, escribe: “El legado principal… que nos regala la comunidad de Cherán a todos los michoacanos y mexicanos es más bien la invitación a seguir sus pasos, a construir una sociedad en que la interculturalidad no se limite a un acto folclórico, a otorgar iniciativa política a los pueblos indígenas, a aprender de ellos; pero sobre todo, a desafiar lo que por todos los medios se nos repite que es ‘imposible’, a no conformarnos con la miseria política en la que vivimos, a reinventarle para nuestro bien”. (La Jornada Michoacán, 23 de enero de 2012)

            Podemos decir con Adela Damián: “Gracias Cherán por defender la vida de todos nosotros, por defender a Nana Echeri (Madre Tierra), por defender los bosques, por defender el agua, por defender la vida.

            5.3.2. San Luis Acatlán: de la defensa comunitaria a las elecciones por usos y costumbres.

            Como vimos, otra experiencia de autonomía indígena, se da en las comunidades indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, pertenecientes a los pueblos Tlapaneco, Mixteco, Nahua y Amuzgo, que crearon un Sistema Comunitario de Seguridad, Impartición de Justicia y Reeducación.

            A fines de 2012, el sistema comunitario se divide; y surge la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), encabezada por Bruno Plácido Valerio, que había sido uno de los fundadores de la CRAC original.

            La UPOEG propone al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, poder llevar a cabo elecciones de los representantes populares de las comunidades sin la intromisión de los partidos políticos, aplicando su normatividad y prácticas tradicionales, llamadas usos y costumbres. El organismo electoral, con fecha 31 de mayo de 2012, responde negativamente. Ante esto, se plantea juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resuelve por sentencia de 13 de marzo de 2013, en el expediente SUP-JDC-1740/2012 que: “TERCERO. Se determina que los integrantes de la comunidad indígena del municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, tienen derecho a solicitar la elección de sus propias autoridades, siguiendo para ellos sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a los derechos humanos”.

 

  1. La sobrevivencia de los Acuerdos de San Andrés.

¿Qué ha sido de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar o Sacamch’en?

            El hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia José Ramón Cossío, advertía que al proceso de paz que dio origen a los Acuerdos de San Andrés, por parte del Gobierno sólo concurrió el Ejecutivo Federal, y éste no tenía ni tiene las facultades para transformar los Acuerdos en normas, sino sólo de participar de algún modo en su proceso de formación impulsando el propio proceso y propiamente en su ejecución una vez dadas las normas con carácter obligatorio. El modo de hacer eficaces los Acuerdos era actuando legislativamente, convirtiéndolos en normas vinculantes.

            Ya hemos visto como, a la postre, la Reforma Constitucional en materia de Derecho y derechos indígenas, en aspectos fundamentales, contraviene los Acuerdos de San Andrés.

            Por lo que, en la actualidad, ¿los Acuerdos de San Andrés, constituyen letra muerta? ¿son simple referencia anecdótica que formó parte de un proceso político? ¿vienen a ser sólo parte del grande cúmulo de frustraciones de los pueblos indígenas mexicanos? Insistimos ¿qué ha sido de los Acuerdos de San Andrés, veinte años después de haber sido firmados?

            Los Acuerdos de San Andrés están vivos, más vivos que nunca, y en cierto sentido constituyen juridicidad, son Derecho. No pertenecen al pasado; son actuales en la vida de los pueblos y comunidades indígenas.

            Veamos de qué modo están presentes y cómo es que son Derecho. Me refiero a hechos concretos. En octubre de 2005, en Pueblo Hidalgo, Guerrero, se celebró el décimo aniversario de la Policía Comunitaria –primer organismo del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, que hemos mencionado-, y con ese motivo, los pueblos Me Phaa, Na Savi, Nahuatl y Ñomdaa, junto con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, hicieron pública la Declaración, la cual, entre otras cosas, dice: “Se necesita enriquecer las experiencias comunitarias orientadas a conocer y poner en práctica los Acuerdos de San Andrés. Nuestro sistema es producto de ejercer la libre determinación de los pueblos y se fundamenta en los Acuerdos de San Andrés; los cuales debemos seguir considerando en nuestra región y ampliarlos a partir de nuestras propias experiencias, lucha y resistencia”.

            A mayor abundamiento, una de las mesas de trabajo y reflexión que se celebraron en ese evento del décimo aniversario de la Policía Comunitaria, trató de los Acuerdos de San Andrés. Y en esa Mesa 1, respondiendo a la pregunta “¿cómo puedo crecer la justicia y seguridad comunitaria sin reconocimiento constitucional al derecho de los pueblos?”, entre otras cosas se respondió: “Es importante aplicar los Acuerdos de San Andrés por la vía de los hechos y eso sería la mejor manera de respetarlos… Es fundamental dar a conocer los Acuerdos de San Andrés a través de las propias lenguas maternas de las comunidades, realizar talleres para darlos a conocer y que sus integrantes se apropien de ellos…”

            Otro hecho contundente. El XVI Encuentro de Enlace de Agentes de Pastoral Indígena (EAPI), celebrado del 13 al 16 de febrero de 2006, en la Huasteca Potosina, en la Parroquia de “San Miguel Arcángel” de Tancanhuitz (canoa de flores amarillas), San Luis Potosí, con la participación de miembros de los siguientes pueblos: Nahuatl, Me’pha (Tlapanaco), Txeltal, Chol, Zoque, Chontal, Purepecha, Hñahñu, Nñathró, Ñnu’hei, Ñuh Sabi (Mixteco), Cuicateco, Mazahua, Queqchi, Ay’, Ukjäyë (Mixe), Tenec, Ni’nguiva (Popoluca), Totonaco, Matlazinca, Amuzgo, Cha’t’, Ña’n (Chatino), Mazateco, Chinanteco, Xi’iuy (Pame), O’dame (Tepehuan) y Kaqchiquel (de Guatemala), tuvo como objetivo la toma de conciencia de los derechos que les corresponden a las pueblos indígenas. En su Mensaje Final se dice: “Mucho nos alegra saber que los Acuerdos de San Andrés, aunque no se hicieron ley, sí expresan de manera sustancial lo que es nuestro, por lo mismo, los asumimos como norma fundamental de nuestra vida comunitaria, pues nuestros derechos son más que lo que está escrito en las leyes”.

            Esta afirmación es producto de lo trabajado y dicho en las distintas mesas. Los Acuerdos de San Andrés constituyen la base de las relaciones jurídicas de pueblos y comunidades, de su Derecho. Tuve oportunidad de participar de los trabajos del EAPI-2006, de tal modo que, como abogado y estudioso del Derecho, quedé impresionado de la presencia tan fuerte de los Acuerdos de San Andrés en la juridicidad viva, objetiva, real, de los pueblos y comunidades indígenas.

            Quizás la mejor explicación de este hecho, de esta realidad jurídica de Derecho que nace del pueblo, la encontremos en algunos conceptos vertidos en la V Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de 17 de julio de 1998, que considera que en la reunión de San Andrés “la voluntad de todos los pueblos indios… se hizo colectiva…”

            De tal modo, que los Acuerdos de San Andrés están vivos en la memoria histórico-jurídica de los pueblos indígenas como una “voluntad colectiva” participante en la reivindicación de su autonomía, y también como recuerdo de una traición, la de las autoridades del Estado.

            Además esos Acuerdos están presentes como las normas básicas de su organización interna y como criterios jurídicos inspiradores de su juridicidad; son derecho fundamental de pueblos y comunidades.

            En tercer lugar, pero no menos importante, los Acuerdos de San Andrés poseen el poder que da fuerza al Derecho y que éste otorga al orden social, el poder simbólico, en cuanto que confiere legitimidad. Dice Bourdieu que: “El poder simbólico es un poder de construcción de la realidad que aspira a establecer un orden gnoseológico: el sentido inmediato del mundo (y en particular del mundo social)…” (“Poder, Derecho y Clases Sociales”, 2000)

            Y por último, los Acuerdos de San Andrés, constituyen también bandera de lucha, jurídico política, frente al Estado, una lucha precisamente por el poder simbólico, por la fuerza del Derecho. Por los tiempos que corren, esa lucha implica la defensa de su territorio y de sus recursos; una lucha por la vida, por la sobrevivencia. Los Acuerdos de San Andrés están presentes en el imaginario de esas vivencias de autonomía que hemos narrado y en otras que pueblos y comunidades van produciendo.

            Esos viejos grupos, pero renovados, que son los pueblos y comunidades indígenas, con nuevas prácticas, con nuevas costumbres, crean Derecho; es Derecho que nace del pueblo. Constituye un pluralismo jurídico que, como tal, y apoyado en los Acuerdos de San Andrés, disputa el derecho a decir el Derecho.

Para ir al archivo de textos de Jesús Antonio de la Torre Rangel dar clic en su nombre

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