El Tribunal Permanente de los Pueblos y la Constituyente Ciudadana Popular.

Escrito por on Feb 5th, 2016 y archivado en Derecho, Destacado, Galería Fotográfica. Tu puedes seguir los comentarios a esta entrada a traves de RSS 2.0. Comentarios y referencias estan cerrados.

El Tribunal Permanente de los Pueblos y la Constituyente Ciudadana Popular.

El Tribunal Permanente de los PueblosEl Tribunal Permanente de los Pueblos

y la Constituyente Ciudadana Popular.

 

Jesús Antonio de la Torre, Ivette E. Galván,

Víctor M. Dávila, Oscar A. de la Torre.

 

El Tribunal Permanente de los Pueblos en México.

El Estado, entendido como ente público y soberano, ha sido históricamente el encargado de juzgar los crímenes y faltas que atentan contra las normas del mismo; ello mediante la instauración de tribunales, cortes o juzgados. Ahora, hay momentos determinados en que es el mismo Estado quien comete crímenes o violaciones contra derechos humanos, o que protege a grupos que los cometen, ya sea que se trate de derechos civiles o políticos, o derechos económicos sociales y culturales (piénsese en un acto de una empresa transnacional que atente contra el derecho a la alimentación). En esos casos, los tribunales se vuelven impotentes e ineficaces para juzgar los crímenes cometidos, pues en la mayoría de las ocasiones, su autonomía frente al gobierno es más una buena intención que un factor real.

 En vista de este problema, surge el Tribunal Permanente de los Pueblos, que tiene sede actual en Roma, como un esfuerzo de parte de la sociedad civil organizada, con el afán de defender la dignidad y derechos de los pueblos, minorías e individuos, ante las violaciones a dichos derechos por parte del mismo Estado o de grupos privados que actúan en complicidad, o con la permisión de aquel. Como se ha dicho, es un esfuerzo civil, fuera del Estado y que por lo tanto no cuenta con coacción.

Una precisión: la labor del Tribunal es jurídica, por ir encaminada a crear una legislación protectora de los derechos de los pueblos, por emitir recomendaciones para organismos internacionales – como la Corte Penal Internacional-, por basar sus decisiones en instrumentos internacionales de derechos humanos y en el ius cogens (principios básicos del derecho internacional, reconocidos por prácticamente todos los países), así como por fundar su existencia precisamente en un instrumento internacional: la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel del 4 de Julio de 1976. Sin embargo, su trabajo es preponderantemente ético, en el sentido de que, a pesar de efectivamente luchar por la creación de una legislación protectora de derechos y los demás factores mencionados, su principal objetivo es dar cabida a las diferentes demandas de justicia por parte de los pueblos, minorías e individuos, que no encuentran eco al interior del Estado e incluso, en muchas ocasiones, en las instituciones internacionales.

El Tribunal nació a partir de la Fundación Internacional Lelio Basso (ahora fusionada con la Fundación Lelio y Lisli Basso) y fue inspirado por los esfuerzos del Tribunal Russell (igualmente de corte civil y sin coacción estatal), formado para juzgar los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Vietnam, y cuyos precursores fueron los filósofos Bertrand Russell y Jean Paul Sartre. A este tribunal, que fue el primero en su tipo –en cuanto ser una propuesta completamente civil, pero hay que decirlo, a su vez se inspiró de los juicios de Nuremberg-, le siguió otro Tribunal, diseñado para juzgar los crímenes de las dictaduras latinoamericanas, y en los últimos tiempos han visto su nacimiento los Tribunales Russell sobre Iraq, Palestina y Ucrania.

 Ya hemos dado una visión muy general del Tribunal Permanente de los Pueblos; pero ¿Qué importancia tiene ello para nuestro país? En el contexto de la lucha contra el narcotráfico durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón, México tocó uno de sus puntos más violentos en la historia, sobre todo si se considera que no estábamos en guerra civil, ni mucho menos en una revolución. Ante ese panorama, el 21 de Octubre de 2011 se hace la entrega, por parte de la sociedad civil, representada por aproximadamente 300 organizaciones y diversas personalidades, de la petitoria inicial al Tribunal Permanente de los Pueblos, solicitando y justificando la apertura de un Capítulo México.

El objetivo era hacer palpable la situación de violencia estructural en que se encontraba nuestro país y dar a conocer las causas económicas que podrían estar por detrás de esta catástrofe histórica. El hablar de causas económicas ya nos da a imaginar cuál fue el diagnóstico hecho de manera previa por los demandantes y posteriormente ratificado por el Tribunal, lo cual se resume en el nombre mismo del capítulo México: Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos en México.

El espacio hace imposible una mayor exposición sobre el capítulo México, más aún cuando, siguiendo el modelo del capítulo referente a Colombia, la manera en que se desarrolló fue a través de audiencias temáticas, para después dar lugar a una audiencia final. Cabe aquí resaltar que para elegir los temas de las audiencias, se acudió a los problemas más graves del país, problemas que tenían su origen en el mismo punto, y que sobre todo, eran –o son- aún problemas vivos, que por mucho que quieran ser ignorados, persisten y son latentes en nuestra sociedad. Los temas tratados en cada una de las audiencias, fueron los siguientes:

Violencia contra los trabajadores; Devastación ambiental y derechos de los pueblos; Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; Represión a los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos; Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores; Feminicidio y violencia de género; Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; Migración, desplazamiento forzado y refugio; y Educación. Cabe destacar que las audiencias sobre Represión a los movimientos sociales y los defensores de los derechos humanos y Feminicidio y violencia de género, fueron transtemáticas, por no estar contenidas en el temario original de audiencias, sino que, según se desarrolló el capítulo, surgieron como temas de especial importancia y que no habían sido considerados en un inicio.

La audiencia final se llevó a cabo los días 12 a 15 de Noviembre de 2014, dictándose una sentencia final en la que se condena al Estado mexicano por crímenes de lesa humanidad, por desvío de poder, por violencia estructural y por la impunidad generada a lo largo de 20 años de libre comercio. Asimismo, y a raíz de dicha sentencia se genera la idea de refundar a México, sobre nuevos parámetros que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas y el reconocimiento al papel de las mujeres en dicho proceso.

El Tribunal Permanente de los Pueblos busca el reconocimiento de la dignidad y defensa de los pueblos y de sus derechos, esto ya se ha dicho; pero hay que agregar que, como Tribunal autónomo e independiente, se constituye como una fuerte herramienta para la generación de Derecho que no viene del Estado, sino que surge precisamente de la sociedad, de los pueblos, y que, en última instancia, es el único Derecho que puede garantizar los derechos y libertades de los mismos y así dejar de pensar –como dijimos al principio- en un Estado soberano, para pasar a pensar y hablar en un Pueblo soberano. El proyecto de refundar México conlleva esa idea de fondo.

Análisis de la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México.

El contexto político y económico en México respecto a la defensa de los derechos humanos es sumamente adverso, esto es así, aún cuando el Estado mexicano ha firmado y ratificado Tratados y Convenios Internacionales en los que se encuentran reconocidos dichos derechos, mismos que implican, no sólo el respeto pasivo del Estado frente al ciudadano, sino también obligaciones positivas para su plena efectivización. Esta contradicción a la que hacemos referencia puede comprenderse, como explica el jurista argentino Alejandro Medici, en virtud de que dentro del contexto de la globalización coexiste una pluralidad de fuentes de órdenes normativos. Es decir, que existe una co-vigencia y co-presencia de diversas formas de derecho, con distintos objetivos, racionalidades, velocidades y niveles de eficacia. Lo que significa que los sistemas universales y regionales de protección de los derechos humanos coexisten con otras formas de juridicidad, como la nueva lex mercatoria y el nuevo derecho internacional público de la liberalización de los mercados globales.

 Este pluralismo jurídico de la globalización implica la co-vigencia de normas protectoras de derechos humanos junto a prácticas de las corporaciones transnacionales, funcionales a los nuevos modelos de gestión y producción económica, cuya finalidad es posibilitar la maximización de las ganancias y la reducción de los costos transaccionales, sociales, ambientales y fiscales de la producción, además de las herramientas jurídicas internacionales que obligan a los Estados parte a brindar estabilidad y seguridad a la movilidad del capital, a través de instituciones y formas jurídicas (tratados internacionales multilaterales). Esto es, el uso del Derecho –en su versión positiva– y su capacidad de obligar, para asegurar, consolidar y estabilizar la lógica de la globalización neoliberal. Esto provoca una eficacia diferencial en las distintas porciones del “orden jurídico internacional”, ya que la hegemonía del neoliberalismo y la fuerza estructural del capital, activan diferencialmente porciones del dispositivo jurídico, lo que tiene una incidencia directa en qué derechos se globalizan y cuáles, no sólo no lo hacen, sino que ven cada vez más constreñidos sus niveles de garantía estatal.

Esta perspectiva ayuda comprender, por qué se globalizan y efectivizan únicamente los derechos que son retóricamente compatibles con la acumulación de capital a escala mundial –que suponen marcos de previsibilidad y seguridad jurídica para la libertad de inversión y el derecho de propiedad privada– mientras los derechos sociales, económicos y culturales, medioambientales y los derechos de los pueblos se ven cada vez más estrechados.

Ahora bien, como ya fue explicado previamente, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones. El interés del TPP se concentra en las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos de los pueblos, minorías e individuos; hayan sido perpetradas por los Estados, por otras autoridades o por grupos u organizaciones privadas. El TPP ha respaldado y acompañado las luchas de los pueblos contra las violaciones a sus derechos fundamentales, contra la negación de su derecho a la autodeterminación, contra las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras, las esclavitudes económicas y la destrucción del medio ambiente.

Nos abocaremos a examinar brevemente la sentencia del TPP, dictada en la Audiencia final celebrada en la Ciudad de México del 12 al 15 de noviembre de 2014, titulada Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos en México (2011-2014), dada la importancia de dicho proceso para el posterior lanzamiento de la propuesta por una Constituyente Ciudadana Popular. Es importante también hacer mención que dicha sentencia se dicta a la sombra de Ayotzinapa, haciendo una referencia especial a la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, y haciendo hincapié en que “los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en el largo listado de violaciones de los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México: son la expresión dramática, real y simbólica, de la actualidad y de la significación de las propuestas del TPP”.

Después de un proceso de tres años de análisis de testimonios y pruebas aportadas por víctimas y distintas organizaciones sociales en las 7 audiencias temáticas (Feminicidios, Migración, Ambiental, Maíz y Vida Rural, Laboral, Medios de Comunicación, Guerra Sucia) el TPP llegó a la conclusión de que existen responsabilidades jurídicas por parte de cuatro actores principales: el Estado mexicano; las Empresas Transnacionales; Terceros Estados (como es el caso de los Estados Unidos de América o Canadá, entre otros) e Instituciones Internacionales (entre las que cabe mencionar a la OMC, el FMI, el Banco Mundial, la OMPI, entre otras). En los cuatro casos se trata de distintas formas de responsabilidad.

En primer lugar el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) fue encontrado responsable (responsabilidad internacional objetiva). Consecuentemente, el Estado mexicano tiene responsabilidad por violación de los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos derechos humanos, no sólo como obligación contraída internacionalmente, sino también en el propio orden constitucional. Tiene responsabilidad por desvío de poder, materializado en desamparo institucional, delegación irresponsable de funciones esenciales, privatización de espacios y servicios públicos con graves consecuencias para la salud o integridad, abandono del rol de protección de derechos económicos, sociales y culturales, degradados a mera función de beneficencia o menospreciados, uso excesivo de la fuerza pública para reprimir manifestaciones sociales (grupos de choques, desplazamientos forzados), y aquiescencia y complicidad con el accionar delictivo de las empresas transnacionales condenadas en esta sentencia, entre otras.

En cuanto a la responsabilidad de las empresas trasnacionales, es importante partir del supuesto de que el paradigma clásico de protección a los derechos humanos ha quedado desbordado. Esto en virtud de que los instrumentos internacionales de protección solo apuntan a la responsabilidad del Estado nacional, pero no involucran empresas trasnacionales que frecuentemente ostentan un poderío mayor que los propios Estados. A esta circunstancia se añade el hecho de que estas empresas regularmente operan en países donde se exigen parámetros mucho menos exigentes en materia de derechos humanos que los vigentes en sus propios países de origen. Para determinar la responsabilidad de estas empresas el TPP recurrió al Informe de la Comisión Internacional de Juristas sobre “Complicidad empresarial y responsabilidad legal” que estableció los parámetros para el juzgamiento de empresas trasnacionales. En el caso de la responsabilidad penal mediante los factores de causación, conocimiento y proximidad. Y tres clases de conductas que determinan la responsabilidad de la empresa: las que habilitan, exacerban o facilitan las violaciones a los derechos humanos. Y en tratándose de responsabilidad civil o derecho de daños, con los tres parámetros de conocimiento, medidas preventivas y causalidad. Y deja sentado que puede haber responsabilidad aunque la conducta no haya sido dolosa o culposa: responsabilidad objetiva. La aplicación de estos parámetros al caso de las empresas transnacionales que cometieron numerosos crímenes de lesa humanidad, violaron distintos derechos humanos y provocaron devastación ambiental en el suelo mexicano, permite fundar su responsabilidad, en tanto habilitaron, exacerbaron, o facilitaron esas violaciones, obtuvieron enormes ganancias y trasladaron a las comunidades los costos ambientales de su accionar.

El TPP afirma también la responsabilidad internacional extraterritorial de terceros Estados, especialmente de los EEUU, Canadá y Alemania por el accionar de las empresas con sede de origen en dichos Estados, en virtud de la teoría de la responsabilidad extraterritorial de los Estados. Es sabido que los Estados deben garantizar que las empresas que operan dentro de su propio territorio no violen los derechos humanos, lo que lleva a preguntarnos si ¿es admisible que permitan la violación de esos derechos fuera de su territorio? La respuesta a esas preguntas surge de la interpretación del término jurídico “jurisdicción”. Los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas sometidas a su “jurisdicción”, y esta obligación no es meramente territorial sino también jurisdiccional. Lo que significa que el Estado debe respetar los derechos humanos tanto de los individuos que se encuentren dentro de su territorio, como de las personas bajo su jurisdicción. Basándose en documentos como el Informe 38/99 sobre el caso Saldaño vs. Argentina, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); o la Observación General Nº 31 del Comité de Derechos Humanos (CDH), el TPP entiende que estos y otros fundamentos son aplicables en los Estados de origen de las empresas trasnacionales que operan en México, lo que permite fundar su responsabilidad extraterritorial, incluso al grado de ser consideradas estas responsabilidades bajo la calificación jurídica de crímenes de lesa humanidad, en términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Por último se hace un señalamiento de responsabilidades a instituciones internacionales como Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El sistema internacional integrado por la ONU tiene como mandato la defensa de los derechos humanos y cifra su legitimación en el vigor de esos derechos, pero en instancias del propio sistema existen prácticas que los contradicen abiertamente. Hecho ratificado en el caso de México, en relación al BM y al FMI que se rigen por normas y prácticas que violan flagrantemente los derechos humanos. Otras instancias como la Organización Mundial del Comercio (OMC) se rigen exclusivamente por las reglas del mercado sin tomar los derechos humanos en consideración. Los convenios, los tratados y las normas de libre comercio e inversión, junto a las disposiciones, políticas de ajuste y préstamos condicionados aprobados por Instituciones Internacionales Económico-Financieras favorecen el poder de las empresas transnacionales y vacían la capacidad de toma de decisiones soberana de los ciudadanos. El TPP destaca que, como personas jurídicas internacionales, estas instituciones son jurídicamente responsables, así como lo son los integrantes de los órganos —unipersonales o colegiados— que toman las decisiones, por las violaciones que cometan o ayuden a cometer —por acción u omisión— de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales.

Es importante señalar que le TPP emite una serie de recomendaciones a Organismos Internacionales y Regionales, a la Sociedad Civil Internacional y Medios de Comunicación Internacionales, así como la Sociedad Civil Mexicana; en el sentido de que ante la crisis de institucional y de legitimidad del Estado Mexicano es necesario avanzar hacia la refundación de México

De modo que el llamado de la Constituyente Ciudadana Popular –en base a los resultados del TPP– es para refundar el país, reconstituirnos como Estado-comunidad, y retejer interculturalmente el tejido social desgarrado por la violencia, la desigualdad y la impunidad histórica que imperan en nuestro país.

Se trata, a final de cuentas de detener y revertir el desvío de poder “orientado a la imposición de un modelo insostenible que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y que excluye a la gran mayoría de la población, la condena a la dependencia, a la pobreza, a la emigración, a la violencia social y a la desprotección y le niega el presente y el futuro; de poner derechos humanos y la sostenibilidad ambiental en el centro de la actividad política y de reconstruir el tejido económico y social mexicano, en torno a objetivos de desarrollo y bienestar centrados en la igualdad entre y dentro de los pueblos de México.”. Lo que implica un amplio proceso escucha, concientización y participación social para la transformación de la sociedad y la realización de un verdadero Estado Constitucional Social de Derecho.

México en medio de una crisis de estado.

México se encuentra en medio de lo que Emilio Alvarez Icaza, en la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país realizada a finales del año pasado, denominara una crisis de derechos humanos, la cual se manifiesta en las innumerables desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, abuso de autoridad, torturas como métodos de investigación, tensión vertiginosa entre el combate a la delincuencia y la promoción y respeto de los derechos humanos, la violación a los derechos de los migrantes, la trata de personas e impunidad de los ataques a periodistas; lo que refleja el sesgo estructural de la administración-impartición de justicia en el país, pues el acceso a este precepto fundamental -esencial del Derecho- se supedita al estatus económico presentado por: la víctima o el inculpado; el turista o el migrante, el mestizo o el indígena, el civil o el político de Estado; lo que conlleva a que sólo quien tenga dinero pueda defenderse de la violación a sus derechos humanos. Haciendo evidente que nuestro sistema de gobierno es fallido pues no apela por el bien común de la totalidad del pueblo mexicano, sino por los intereses económicos de unos cuantos, incrementando la violencia, la injustica, la impunidad y haciendo irrisorio el respeto irrestricto a la dignidad humana como principio rector de un país democrático y garantista como se describe al Estado Mexicano.

A raíz del desastre nacional descrito con anterioridad, surge el proyecto de construir un Congreso Constituyente Ciudadano y Popular, al igual que de un Comité de Refundación Nacional; encabezados por organizaciones civiles, estudiantes y ciudadanos, entre los que se encuentran el obispo de Saltillo Raúl Vera López, el defensor de los derechos humanos de las personas migrantes Alejandro Solalinde y el poeta y activista Javier Sicilia; el proyecto implica que, ante la exclusión social, la dinámica de violencia, la corrupción sistemática, la desigualdad, la pobreza, la injusticia y la impunidad, sea el propio pueblo mexicano el qué diga que derechos le han sido arrebatados y proponga las leyes bajo las cuales quiere regirse. (Proceso Núm. 1997)

Es hora de un Nuevo Constituyente. Raúl Vera López

La idea general de refundar el país y la de elaborar una nueva Constitución surge cuando el obispo Raúl Vera funge como garante y juez del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México (TPP), en donde se convence de la necesidad de un Constituyente durante las mesas de trabajo que emprendió dicha instancia internacional no gubernamental, pese a que desde hace meses maduraba la idea, luego a la serie de diálogos que sostuvo con Bernardo Barranco y que se convirtieron en el libro El Evangelio social del obispo Vera (Grijalbo , 2014).

Sin embargo, es hasta a mediados de noviembre de 2014, cuando el TPP emite el informe de su Audiencia Final, y en su recomendación 9.4. establece el avanzar en el camino por la refundación de México, con el objetivo de revertir la imposición de un modelo insostenible que sólo sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y que excluye a la gran mayoría de la población.

En el mismo orden de ideas, el obispo Raúl Vera López afirmó en una entrevista publicada por Proceso (Núm. 1991), que la sociedad mexicana es excluyente y desigual, sosteniendo, también, que la voz de los pobres no está presente en las decisiones, la economía ha perdido el rumbo y, en lugar de ponerse al servicio de la equidad y la igualdad con oportunidades para todo ser humano, ha generado injusticias y desigualdades que cada día y cada hora crecen de manera escandalosa; justificando la idea de convocar a un Congreso Constituyente Alternativo, cuyo propósito sea que al margen de los grupos de poder, sea el pueblo quien ejerza su soberanía; se trata de refundar el país, de acoger todas las voces y las aspiraciones, sin impulsar –en palabras de Vera López- superliderazgos y sí dando los pasos necesarios para acrecentar la conciencia política de todos los ciudadanos.

Para Raúl Vera López, la única alternativa al panorama desolador que vive México, es reaccionar ante la barbarie, empezando a trabajar en la construcción de una sociedad en la que todos sean incluidos, en especial los más vulnerables –los pobres-, a quienes reconocemos como la parte de la sociedad que sigue siendo humana y con sentimientos.

Hay condiciones: es la hora de la refundación nacional. Javier Sicilia

Ahora bien, el posicionamiento público de Vera López sobre la necesidad de un cambio profundo en el país atrajo el apoyo de Javier Sicilia, quien sostuvo en una entrevista para el semanario Proceso (Núm. 1992), que “la única manera de superar la cultura delictiva del PRI –“maestro de la corrupción”- es aprovechar el momento de inflexión por el que atraviesa el país y refundar la nación, en primer lugar impulsando un nuevo Constituyente y luego creando un Comité de Salvación Nacional donde la voz cantante la lleve la ciudadanía, no la partidocracia”.

Por aquellos días Sicilia califica al modelo de Estado actual como agotado, podrido y corrompido; argumentando además, que la Constitución de 1917 –texto vigente- “carece ya de representación a la nación; pues está parchada, violentada, traicionada, y las formas en que la nación se ha constituido son muy distintas a aquel tiempo, como la emergencia de los pueblos indígenas y las autonomías, cosas que habían sido negadas por la idea del Estado nación que se trajo de Europa”.

El representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, sostuvo en dicha entrevista, lo necesario que es darle una vuelta profunda y pacífica a la nación porque, de otra manera, “lo que se está labrando es un proceso revolucionario mucho más violento de lo que se está viviendo”. La parte medular de la apuesta por la formulación de una Constituyente Popular, radica en si seremos capaces, si podremos alcanzar un consenso sobre las propuestas concretas para hacer su programa y el de un Comité de Salvación Nacional, para juntos poder salvar la democracia.

El pueblo dirá qué país quiere.

La importancia que representa la elaboración de una Nueva Constitución, ahora por un Congreso Constituyente Popular, radica en recoger la voz de todo el pueblo mexicano, convirtiéndonos verdaderamente en actores reales de la historia nacional, creando una conciencia colectiva sobre cuáles son nuestros derechos, obligaciones y necesidades puntuales para tener las condiciones necesarias para el respeto pleno de nuestra vida.

Bases Éticas de una Nueva Constitución.

Por estos días el movimiento social de la Constituyente Ciudadana Popular, a nivel nacional produce ideas en relación a las Bases Éticas que debería tener una nueva Constitución para México. El criterio ético básico, a partir del cual se reflexiona y aporta, es la vida plena para todas y todos.

¿Por qué se habla de bases éticas para la Constitución? Porque una Constitución no es sólo un conjunto de normas plasmadas en un papel, sino que se trata de un objeto complejo que, como dice Alejandro Medici, “articula una cierta forma de ver las prácticas sociales, que tiene que ver con la normatividad relativamente eficaz encaminada a organizar la forma de convivencia consensual y factible de una formación política”. Y, si se entiende así una Constitución, trasciende, va mucho más allá, de concebirse sólo como concepto jurídico formal o meramente normativo, ya que resulta, como dice el propio Medici, “un punto de articulación entre los campos de la política, el Derecho, las valoraciones morales y las relaciones económicas y ecológicas de una sociedad…” (“Otros Nomos: Teoría del Nuevo Constitucionalismo Sudamericano”, de próxima aparición en CENEJUS).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expedida en 1917, hace noventa y nueve años, en su texto original, contiene indudablemente bases éticas gestadas en un proceso revolucionario, que se expresan en las normas que reconocen garantías individuales y derechos sociales, constituyendo la primera Constitución que porta derechos para obreros y campesinos.

Hoy esa nuestra Constitución ha sido mutilada de muchos de los principios éticos originales, sobre todo de aquellos que tiene que ver con los derechos de los pobres. Contiene, ciertamente, un artículo, el primero, que reconoce ampliamente los derechos humanos; en muchos de sus artículos se han puesto las bases para el despojo de la tierra y de las condiciones materiales de vida de pueblos y comunidades. Precisamente se privilegian los intereses del gran capital en detrimento de los más pobres.

Es decir, que la injusticia que denuncia la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, está legalizada y, lo que es peor, tiene bases constitucionales.

El Comité Ciudadano de Aguascalientes de la Constituyente Ciudadana Popular, ha enviado su opinión con relación a las bases éticas que debe contener la Nueva Constitución proyectada, y entre otras cosas ha dicho: “Esta Constitución debe tener bases fundadas en la ética de la liberación. Debemos entender que México vive un estado de opresión y que por lo tanto la constitución indicaría un proceso de liberación, implica un comportamiento de compromiso, un compromiso con el otro, en el que vamos juntos en un proceso de liberación, de descolonización. Aquí nos preguntaríamos ¿Quién es el otro? Son los indígenas, campesinos, mujeres que sufren violencia de género, y en general aquellos que están con una propiedad comunitaria amenazada por la propiedad individual. Si vamos a partir de la ética de la liberación, debemos partir de que México padece la opresión”.

“Y una cuestión precisamente de base ética, y que por lo tanto debe atender nuestra Constitución, es la igualdad de semejanza pero con el reconocimiento de la desigualdad material, que permita, por medio de la equidad, la auténtica igualdad. Ahora, hay que entender que la Constitución pone tareas y fija límites al Estado; por lo tanto, los principios básicos, como el de eliminar la desigualdad, dependen de políticas públicas; pero deben ser políticas vigiladas por la ciudadanía. “Políticas comunitarias participativas”.

El movimiento de la Constituyente Ciudadana Popular, convocado por el obispo Fray Raúl Vera, busca la elaboración de una nueva Constitución para México, en donde el poder constituyente esté formado por los sujetos, ciudadanos que participan activamente en su elaboración. Y. vistos los antecedentes que hemos mencionado, sus contenidos materiales tienen como base ética la conservación, reproducción y ampliación de la vida de todos los integrantes de la comunidad política, en especial aquellos que han sido despojados de sus derechos, los grupos históricamente empobrecidos, oprimidos y discriminados.

La sentencia completa puede consultarse en esta liga: http://www.tppmexico.org/sentencia-de-la-audiencia-final-del-capitulo-mexico-del-tpp/

Para ir al archivo de textos de Jesús Antonio de la Torre Rangel dar clic en su nombre

Be Sociable, Share!

Los comentarios estan cerrados