Respuestas pobres

Escrito por on Mar 11th, 2015 y archivado en Agenda Pública, Destacado, Galería Fotográfica. Tu puedes seguir los comentarios a esta entrada a traves de RSS 2.0. Comentarios y referencias estan cerrados.

Respuestas pobres

ayotzinapaDespués de un saldo político de 2014 realmente catastrófico, producto del atracón reformador, el estancamiento en el desarrollo y fundamentalmente el estallido de la crisis ética por la impunidad, corrupción y violencia que se detonó con toda su crudeza en el caso Ayotzinapa; 2015 se presentaba como un año en que tendrían que despejarse grandes interrogantes: por parte de la clase política su capacidad de reacción y rectificación ante la pérdida de confianza y legitimidad de las instituciones; por parte de los partidos acreditar inteligencia y sensibilidad para acercarse a la ciudadanía y atraer su interés en las campañas electorales, y por parte de la sociedad constatar con hechos sostenidos su indignación.

 La forma e intensidad de responder estas cuestiones está trazando las coordenadas de las elecciones que se llevarán cabo este año y las condiciones políticas para la segunda parte del sexenio.

La respuesta de la clase política

 Las afectaciones por el caso Ayotzinapa y la acumulación de escándalos y errores tuvieron consecuencias para la credibilidad en las instituciones y la aprobación con la gestión presidencial, que ha bajado a niveles similares a los registrados en el sexenio de Zedillo por la crisis del ´94, además de que se responsabiliza al gobierno federal de esta problemática. Urgía y era imperativo responder.

Veamos algunos momentos y posiciones que caracterizan estas reacciones. En primer lugar las del gobierno y posteriormente algunas posturas de otros actores políticos.

A raíz de los eventos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, lo que ha venido dándose es una secuencia de eventos que muestran a una autoridad sorprendida y ausente, una autoridad que pretende articular respuestas limitadas y otra que diseña de manera más acabada sus acciones para sortear la crisis de credibilidad.

  1. Un primer tiempo se marco por la ineficacia y la focalización del problema. Sin duda, los aparatos de inteligencia del Estado tenían detectados la red delincuencial en torno al alcalde de Iguala y su esposa, la lucha de bandas en Guerrero, la penetración del narco y la guerrillera a las normales rurales de la región, el entramado de intereses del gobierno de Aguirre Rivero y el poderío del la CETEG, entre otros ingredientes de la descomposición en la entidad; sin embargo, no advirtieron con oportunidad o fueron ignorados sus avisos, desencadenando la trama que turbó los planes del gobierno federal.

La primera reacción que se observa por la cronología de los hechos fue reducir el asunto al ámbito local, a verlo como una cuestión que debería resolverse en Guerrero. La atracción de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas no fue inmediata por parte de la Procuraduría General de la República, sino hasta que se dimensionó la gravedad del caso, permitiendo que el alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa se fugaran.

Pero adicionalmente se articuló una línea de desmarque en el plano político, señalando la responsabilidad del PRD y de sus dirigentes por haber postulado a José Luis Abarca y Ángel Aguirre Rivero. Hasta a López Obrador le tocó culpa por sus vínculos con estos y otros personajes de la izquierda en Guerrero.

  1. En un segundo momento la PGR atrajo el asunto el 4 de octubre, 8 días después de que se iniciaran los trágicos acontecimientos, con una serie de numerosas actuaciones judiciales, hallazgos macabros, detenciones, testimonios, peritajes, pesquisas, investigaciones, deslindes, incertidumbres, apresuramientos, fallidas declaraciones, etc.

En esta etapa se opera la licencia del gobernador que en un principio no se consideró por parte del gobierno federal y que erróneamente trató de pararse por parte de la dirigencia perredista. A diferencia de Michoacán, en donde la salida de Vallejo significó la oxigenación de la política local, en Guerrero las condiciones de gobernabilidad empeoraron con la designación de Rogelio Ortega como gobernador interino.

Las múltiples condenas y voces de indignación a nivel nacional e internacional, y el inicio de una serie de protestas que crecieron en intensidad, organización y alcances, sin duda tenían en jaque al gobierno de Peña Nieto. Hacia el exterior el esfuerzo era por mostrar la preocupación y el compromiso de llegar al fondo del asunto, encontrar a los culpables y, lo más difícil, resolver satisfactoriamente la ubicación de los estudiantes desaparecidos.

El poder del Estado, se vio en varias manifestaciones, aguantaba la agresión y los desmanes, diversas plazas se ocuparon por la protesta y la beligerancia. Las fuerzas del orden no podían intervenir, el Ejército en particular era vejado. No podía escalar la agresión de parte del aparato gubernamental, a quien se le responsabilizaba de lo ocurrido. Además, la gestión de la crisis hacia agua con la pérdida de interlocución con los padres de los normalistas, el cansancio de Murillo Karam, la modificación de hipótesis, el llamado del presidente a superar la desgracia, las contradicciones con los forenses argentinos, la apertura de los cuárteles militares y la falta de pruebas categóricas respecto a la identidad de los restos calcinados encontrados en Cocula.

  1. El tercer momento es la tibia iniciativa de recomposición de la presidencia. El caso Ayotzinapa seguía complicando la capacidad de maniobra del Ejecutivo y vulnerando su credibilidad. Se imponía un movimiento de recuperación que cimbrara a la opinión pública por el anuncio de nuevas reformas que sacudieran el andamiaje institucional en aspectos que pudieran mejorarse a la brevedad y por una sana autocrítica que era necesaria.

Así, el 27 de noviembre de 2014, a dos meses de la irrupción de la crisis de Ayotzinapa, y posterior también a los escándalos de la casa blanca de la primera dama y la revocación de la concesión para la construcción del tren rápido México-Querétaro, en ambos involucrado el Grupo Higa, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó el decálogo Por un México en Paz, con Justicia, Unidad y Desarrollo. No se mostró una posición sensible que reconociera responsabilidades del gobierno, ni tampoco se armó un paquete con mayor solidez, el combate contra la corrupción ya no era bandera propia, sino del panismo y sus legisladores, pero no suscribió la iniciativa con mayor decisión, que era lo que procedía.

Del paquete, algunas medidas se reciclaron (Número nacional para emergencias 911 y la Clave Única de Identidad); otras eran disposiciones de intervención (el Operativo Especial en la región conocida como Tierra Caliente y otros estados en materia de seguridad, y las medidas en Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, que comprendían incluso acciones con un corte electorero); una era un simple adhesión (Combate a la corrupción) y algunas comprendían reformas complementarias (Justicia cotidiana y Acciones en materia de derechos humanos); en tanto que las propuestas fuertes (Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales, Iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito, y Creación obligatoria de policías únicas estatales) representan un retroceso para el federalismo y el municipalismo, a partir de un diagnóstico que, si bien puede tener bases por el descontrol y las asimetrías de las instituciones subnacionales, pretende resolver el problema de inseguridad con el centralismo autoritario.

El decálogo poco abonó al gobierno para salir del pasmo en el que se encontraba. La pretendida aprobación de las cámaras en forma inmediata no prosperó. Al final, el gobierno se exhibía más atorado.

  1. Era urgente dar respuestas, finiquitar el problema. Exactamente a los cuatro meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de enero de 2015, el procurador Jesús Murillo Karam concluyó “que los normalistas fueron detenidos, asesinados e incinerados en Cocula”. El sustento de su afirmación radicaba en la realización de 39 confesiones de policías y de quienes actuaron materialmente; 487 peritajes, 386 declaraciones y 153 inspecciones ministeriales. El mismo procurador, en el afán de cerrar el caso, ahondó las dudas e incredulidad, pues la prueba clave de su investigación era la confesión de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Tercero o El Cepillo, quien habría admitido que dirigió la operación de asesinar y desaparecer a los 43 normalistas, su dicho se erigía como “la verdad histórica”.

Sobre el desempeño de la PGR, la posición oficial presume un trabajo excepcional para cerrar su averiguación y consignar a los presuntos responsables, acreditando su quehacer en un cúmulo de pruebas y detenciones que llevaron a la conclusión del caso; en tanto que los padres de los estudiantes y los movimientos que los apoyan, así como el análisis de especialistas han expresado su rechazo al carpetazo de la Procuraduría y cuestionando el valor de las probanzas ofrecidas por la autoridad.

En términos del control del conflicto, políticamente el gobierno federal sacó el tema de su agenda y corrió su apuesta hacia el olvido, pasando a la construcción de actos para la recuperación de su imagen.

  1. La respuesta por la recuperación de la confianza constituye el momento posterior al carpetazo de Ayotzinapa, y consistió en el nombramiento de Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública, junto con el anuncio de ocho ejes estratégicos contra la corrupción y los conflictos de interés.

Sin embargo, la tardanza en designar a un titular de la dependencia que originalmente en el proyecto presidencial se transformaría en una entidad más eficaz, el desalinear la medida con los mecanismos anticorrupción que se venían trabajando en el Congreso, y el carácter de subordinado del secretario para que atendiera la instrucción del presidente Peña para que lo investigara, anularon la credibilidad de estos anuncios, que resultaban insuficientes y no disipaban las dudas en torno a la resolución de fondo del repertorio de escándalos que vienen descubriéndose desde varios frentes en los últimos meses.

Es interesante observar que en la línea discursiva oficial se ha venido caracterizando la corrupción como un fenómeno cultural y se insiste en la pérdida de confianza de las instituciones. Ciertamente hay un enfoque para abordar la corrupción desde la dimensión de la cultura y el tema de la confianza es una de las demandas más sentidas a los gobiernos; sin embargo, la incorporación de estas ideas al discurso oficial no se ve con claridad qué intenciones persigue, más bien parece extraviada o justificante de un sistema al que estamos condenados y que sólo funciona con las viejas reglas.

  1. Por parte del gobierno federal la última fase de su respuesta ha sido la articulación de la recuperación, a través de la cual se han intensificado los montajes en actos de programas oficiales, entrega de obras, giras, detención de algunos funcionarios corruptos, captura de narcotraficantes históricos, cambios en el gabinete y lanzamiento de candidaturas. Es decir, la ocupación de la escena para llenar todos los espacios y mandar el mensaje de que hay trabajo intenso y resultados.

Independientemente de los agravios que siguen sin repararse, la directriz gubernamental es abrumar, recuperar el control de la comunicación, proyectar el restablecimiento del orden y retomar el camino para alcanzar las mayorías en las elecciones federales y locales.

  1. La respuesta de los partidos como parte de la clase política fueron débiles en la crítica. El PRD, que fue el directamente señalado como responsable de la situación en Guerrero, quiso eximirse tratando de proteger al gobernador Aguirre Rivero y luego fijando algunos requisitos de trayectoria y conducta para sus eventuales abanderados, pero sin fuerza en los señalamientos a la deterioro del sistema.

Acción Nacional fue quien mostró propuesta con la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción impulsada por su presidente provisional y las bancadas, pero también le faltó elevar el grado de indignación.

Por su parte, el PRI se dedicó a proteger al presidente, insistiendo en los avances de las reformas estructurales y tratando de limpiar la imagen del gobierno. Lo cierto es que el tricolor sigue siendo un ejemplo de disciplina y unidad, pero no está comprendiendo la nueva realidad de su retorno al poder, los reclamos de varios segmentos de la población, particularmente los jóvenes, y la velocidad de las nuevas herramientas de la comunicación.

Morena, de quien se esperarían posturas más críticas, no entró al asunto por los vínculos que mantiene con figuras de dudosa reputación en Guerrero. Sumarse a la ola de protestas no dejaba dividendos, menos cuando enfrente tiene el reto de acudir a las contiendas electorales y capitalizar la caída del perredismo.

Si las respuestas del gobierno no fueron las más atinadas y terminaron en un pragmatismo cuestionable, los partidos no estuvieron tan lejanos de estas líneas. En suma, como se ha venido constatando, la clase política sigue homogenizando su comportamiento y acordando recíprocas concesiones y protecciones.

La respuesta electoral

Siendo las campañas la arena más idónea para que el ejercicio de la democracia aplique correctivos, para que los partidos muestren sensibilidad y lancen sus mejores ofertas, para que los gobiernos busquen recomposiciones, y para que el electorado castigue o premie a las diferentes opciones, lo que estamos viendo es que al menos a los partidos les importa poco el desafío democrático.

En general, en los procesos de selección de candidatos las dirigencias se replegaron para ungir a los suyos. Con algunas excepciones en donde se abrió la participación o se lograron auténticos procesos de unidad o se aplicaron estudios demoscópicos serios, en general las cúpulas se impusieron para contar con abanderados afines. Esto propició, en el caso del PAN y más notoriamente en el PRD, rupturas y desbandadas, acumulación de agravios para revanchas en próximos procesos y debilitamiento de las estructuras partidistas.

La formulación de los mensajes que se vienen anunciando dicen mucho de la forma en que se disponen las estrategias para la campaña. La oposición cuestiona el rumbo que ha seguido el país y expone diversas problemáticas, pero no propicia la indignación que supuestamente subyace en la ciudadanía. Los nuevos partidos buscan destacarse como opciones diferentes, pero tampoco alcanzan para atrapar al electorado. La efectista y excesiva publicidad del PVEM trabaja su nicho con buenos dividendos, pero ya se interrumpió por disposición de la autoridad electoral después de los continuos desacatos. El PRI apela a la gente buena, la que ha sacado adelante al país y presume los logros que apenas vendrán, algo verdaderamente inédito.

Sobre el mensaje del priísmo expuesto hasta ahora, lo que estamos viendo es la promoción del voto seguro, el del ciudadano conformista que acepta un México con dificultades, pero que cuenta con él para salir adelante, ahí están los ejemplos de solidaridad del pueblo mexicano. Así, más vale malo por conocido que bueno por conocer en su decisión, lo que hace sintonía con lo expresado anteriormente, que la corrupción y desconfianza está en nuestro ADN. Esta estructuración no es disparatada si se considera que la opinión negativa hacia el gobierno de Peña Nieto no está pegándole al PRI, y que además la imagen presidencial ha empezado a recuperarse, aunque sea marginalmente, pero con tiempo para vender la idea del restablecimiento del orden y el reencauce a la vía modernizadora.

Por parte del nuevo organismo electoral no se está generando confianza entre los competidores y sus pares estatales tampoco acreditan solvencia. El remedio de la centralización está resultando contraproducente. Más grave es que algunas regiones son focos rojos para la viabilidad de los procesos, tanto en el desarrollo de las campañas como en la realización de la jornada electoral. Faltan garantías plenas para pensar que tendremos una fiesta cívica.

Finalmente, con muchas dificultades, las candidaturas independientes buscan abrirse paso en un campo cerrado a la partidocracia. No obstante, casos como el de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, que compite por la gubernatura de Nuevo León, son dignos de alentarse y analizarse para sacar enseñanzas.

La respuesta de la sociedad

El caso de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa ha sido equiparado a la matanza de estudiantes del 2 de octubre del ´68 y al levantamiento insurgente del EZLN en ´94, dos fechas que sacudieron al sistema político mexicano y que mantuvieron movimientos de lucha y resistencia a lo largo de muchos años.

A diferencia de aquellos eventos, que se dieron en un México cerrado y autoritario, el caso reciente explotó de manera global por los procesos de comunicación con los que hoy se cuenta. Un núcleo de organización en torno a los padres normalistas, con la concurrencia de organizaciones especializadas en el activismo, dio lugar a una serie de manifestaciones que pusieron en predicamento al gobierno mexicano por el respaldo social en la mayor parte del país y en algunos lugares del mundo.

A este círculo de auténtica indignación se incorporaron los oportunistas radicales que ordinariamente viven de su oposición al sistema e incluso grupos subversivos. El caldo estaba hirviendo para la conformación de resistencias más serias y sostenidas.

Además, la virulencia en redes sociales, los cuestionamientos e investigaciones de varios medios de comunicación, las opiniones de personajes reconocidos y la posiciones duras de exigencia por parte de la Iglesia, elevaban la indignación por estos hechos y por la acumulación de desordenes y exhibición de actos de corrupción que se vinieron multiplicando. Todo se preparaba para que la ola de protesta siguiera sosteniéndose y creciendo.

Sin embargo, esta tendencia no se confirmó, sino que se vino diluyendo. Este apagamiento gradual -que no significa que no se mantenga la lucha de parte de los padres de los normalistas- es un fenómeno que debe estudiarse a mayor profundidad, no es explicable el sofocón y es necesario encontrar razones en nuestra cultura política.

Algunas pistas que pueden lanzarse para este apaciguamiento tienen que ver con la ineficacia institucional para que se proceda con inmediatez y ejemplaridad ante los casos de corrupción e impunidad. Hoy por hoy no existen los mecanismos para que se llame a cuentas, el Congreso no es un contrapeso para exigirle a la presidencia que comparezca y la fiscalía no tiene autonomía. Por ejemplo, a mediados del pasado mes de febrero surgió la noticia en Chile de que Sebastián Dávalos, el hijo de la presidenta Michelle Bachelet estaba implicado en la compra de terrenos a precio bajo y obtener fuertes ganancias; y ya este 9 de marzo la fiscalía chilena incautó computadoras y varios archivos digitales de la casa de este personaje. Esto es algo que no se ve en México, que la ciudadanía lo percibe imposible y por tanto resulta desalentador no ver soluciones.

En segundo lugar, el carpetazo con la promulgación de la verdad histórica deja llena de dudas a la población, pero también acaba por desanimarla. El gobierno ya resolvió, da vuelta a la página y logra también que buena parte de la sociedad haga lo mismo.

En tercer lugar, no hay que dejar de advertir que algunos actores estratégicos cerraron filas con el presidente, especialmente el sector empresarial, a la par que algunos medios encomiaban la labor de la PGR y la exhaustividad de su investigación.

Por último, lo que también pesa de manera fundamental para la dilución de la protesta es la ausencia de un encauce político, esto es aprovechar la oportunidad y la indignación para configurar banderas de un cambio sólido, no irracional como el encontrar vivos a los estudiantes, pedir la renuncia de Peña Nieto y boicotear la elecciones. Esto no lleva a nada y la protesta acaba como una parte cotidiana del paisaje porque no porta contenidos y sí en cambio escala en violencia estéril. Nadie supo comprender esta oportunidad y el riesgo es que todo quede como un doloroso pasaje de la historia que no detonó transformaciones profundas.

Para ver el archivo de textos del autor Gustavo Martínez Romero dar clic en su nombre

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