Ley General del Servicio Profesional Docente: Una definición de su objeto

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Evaluacion docente

Evaluacion docente

La Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), además de sus circunstancias políticas, tiene un problema central, la comprensión de su objeto, el Servicio Profesional Docente. Para su definición, son necesarias varias consideraciones.

  1. La elaboración de la LGSPD, un proceso que va desde la preparación de la iniciativa hasta la aprobación del texto por el Poder Legislativo y su publicación por el Poder Ejecutivo, exige un claro equilibrio entre la prioridad que tiene el derecho fundamental de los mexicanos a la educación de acuerdo con los principios y valores constitucionales, por una parte, con dos elementos relativos al magisterio, por la otra: uno, el establecimiento de las condiciones institucionales indispensables para el logro de la profesionalidad idónea a los fines de la educación y, dos, la garantía de sus derechos laborales en función del logro y mantenimiento de la profesionalidad orientada siempre por la garantía del derecho a la educación.
  2. En el marco constitucional del país, la protección de los derechos laborales del magisterio no está, y no puede situarse, por encima del derecho a la educación,  pues éste es el criterio fundamental para la delimitación, establecimiento y protección de los primeros de acuerdo con un proceso de contratación específico, pues el derecho a la educación es precedente respecto a los que adquieren los individuos por el proceso de ingreso al servicio docente, materia de la LGSPD.
  3. De acuerdo con la Constitución Política de México y con la Ley General de Educación (LGE), la distribución de atribuciones relativas a la formación de los docentes de educación básica crea una responsabilidad compartida entre los niveles federal y estatal del gobierno. Del cabal cumplimiento de esta responsabilidad depende de manera muy significativa la creación y mantenimiento de las condiciones sociales, políticas, económicas, pedagógicas y de gestión necesarias para el logro de la profesionalidad del magisterio.
  4. Así como la prestación del básico de educación con calidad y equidad es una obligación constitucional del gobierno, del mismo modo lo es la de atender a uno de sus factores más importantes: la calidad del magisterio y de la gestión educacional desde el nivel macro hasta el nivel micro.
  5. Por lo anterior, la evaluación de la calidad del magisterio, es decir, el proceso permanente de obtención de información sobre sus cualidades y su desempeño atendiendo a los rasgos que integran el carácter profesional del mismo, en función de los fines y valores de la educación, es una condición fundamental para la garantía del derecho a la educación básica de los mexicanos. En el orden de las responsabilidades gubernamentales está primero la realización del derecho a la educación y, por ella, un elemento de su garantía es la gestión del desarrollo profesional docente. El servicio profesional de los docentes se basa en un desarrollo profesional docente.
  6. El servicio educativo de calidad que implica el derecho a la educación crea la exigencia de un desempeño docente de calidad, un servicio profesional cuyas raíces están en la experiencia y en las cualidades profesionales que se logren en las instituciones que forman a los docentes. Pero las cualidades profesionales no dependen sólo de la experiencia inicial de formación. La profesionalidad del docente depende de una secuencia integrada y armónica de experiencias de formación, de trabajo y de evaluación que constituyen el desarrollo profesional docente. ¿Cómo puede comprenderse este proceso en forma más específica?

El Desarrollo profesional docente.

La LGSPD se apoya en una comprensión del servicio profesional docente. Este servicio tiene su elemento clave en su idoneidad para la realización del derecho a la educación, meta en la cual concurren diversos actores: escolares, gubernamentales y sociales.

Además de la diversidad de actores y de la necesaria cooperación y coordinación entre ellos, lo cual es propio de una gestión educativa de calidad, es importante comprender que el rasgo de profesionalidad del docente no se adquiere de una vez para siempre, sino que es un objeto que se desarrolla.

Así, puede definirse el desarrollo profesional docente como un proceso unitario que enlaza tres grandes bases o componentes: uno, los intereses y motivaciones de los individuos que los orientan a delimitar y realizar un proyecto de vida vinculado a la necesidad social de la educación; dos, una acción social comprometida con el derecho a la educación, que se manifiesta en el otorgamiento de soporte permanente a toda institución educativa y en el aprecio y sostén de la profesión docente de acuerdo con estándares de formación, reconocimiento y remuneración análogos a los que la sociedad exige y otorga a otras profesiones de alta relevancia para el bienestar social y, tres, una acción gubernamental que tiene la capacidad de diseñar, aplicar y evaluar una gestión de la educación en general y escolar en particular, en la que los individuos que optan por la profesión de la docencia reciben amplio apoyo –pedagógico, político y económico- para que adquieran y perfeccionen la aptitud de trabajar en el aula y en la escuela guiados por el propósito de realizar el derecho a la educación de niños y adolescentes.

Así, el desarrollo profesional docente es un proceso que está centrado en el propósito social y político de formar a los mexicanos en la ciudadanía de derechos, asentando ésta en el derecho a la educación.

El Servicio Profesional Docente es el conjunto de acciones especializadas en el campo de la educación que un individuo realiza con base en un contrato por el cual acepta incorporarse de manera libre como miembro del sistema escolar de educación básica, con el propósito de contribuir a la realización del derecho a la educación de los niños y los adolescentes de acuerdo con los principios y valores que establece la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y las políticas públicas particulares que para este tipo de educación definan las autoridades gubernamentales federales y estatales conforme a sus atribuciones particulares y las atribuciones concurrentes. El Servicio Profesional Docente, por tales circunstancias y rasgos, es objeto de evaluación de acuerdo con los procesos de gestión aplicables a todos los componentes humanos y materiales del servicio escolar y esta evaluación servirá a los propósitos establecidos en el Artículo 3º de la Constitución de la República, en la Ley General de Educación y otras leyes aplicables.

En suma y por consecuencia, la LGSPD debe ser un instrumento de gobierno y de política educativa que sirva al propósito de garantizar el derecho a la educación y, en función de ello, para promover las condiciones de participación social y de vida institucional idóneas al desarrollo profesional docente desde los procesos de selección para el ingreso a las instituciones de formación inicial hasta el conjunto de experiencias de educación continua que sean necesarias. Estas acciones estarán apoyadas en la evaluación del desempeño docente y del aprendizaje de los estudiantes, así como en las necesidades que sean identificadas por la gestión educacional.

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