Legislación electoral, carrera sin fin.

Escrito por on Ago 22nd, 2012 y archivado en Destacado, Galería Fotográfica, Itinerancia. Tu puedes seguir los comentarios a esta entrada a traves de RSS 2.0. Comentarios y referencias estan cerrados.

Legislación electoral, carrera sin fin.

“En democracia toda unanimidad es sospechosa” Anónimo.

(El ejército a los cuarteles.- Un primer paso, importantísimo, para que el ejército regrese a sus funciones, lo dio al fin la Suprema Corte de Justicia al declarar la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar que permitía que los militares, no amparados en el fuero de guerra, que afectaban civiles, fueran juzgados por tribunales militares. Los ministros, al fin, leyeron la Constitución y se acordaron de sus clases de Civismo. La Constitución es la ley suprema.)

Ayer el Congreso del Estado por 25 votos contra dos aprobó reformas a la legislación electoral del estado. En términos generales hubo consenso; los aspectos en que se disintió fueron en realidad pocos. Las reformas aprobadas indican, nada más pero nada menos, que los partidos políticos en lo general estuvieron de acuerdo con las reformas. No hubo grandes cambios, no hubo grandes sorpresas, no aparecieron las candidaturas ciudadanas que por la reforma constitucional del país tendrán que aparecer. Los partidos pequeños se sienten afectados, y al margen de su situación particular, su supervivencia es fundamental para un libre juego democrático.

Se ha dicho con razón, que la democracia no es una meta, sino un camino, no es un punto de llegada sino una forma de convivencia, de determinación de normas, de toma de decisiones y de cómo llevarlas a cabo. La democracia no puede ni debe limitarse a los procesos electorales, en que en un procedimiento más o menos transparente y más o menos rápido, mediante un sistema que garantice en lo posible la externación de la voluntad mayoritaria, se eligen a quienes habrán de tener la responsabilidad de gobernar y, de manera indirecta, legislar. La legislación electoral es un punto clave para asegurar que las mayorías hagan prevalecer su voluntad, a fin de cuentas, de eso se trata la democracia, siempre que se preserve la posibilidad de escuchar, analizar, discutir los criterios de las minorías y garantizar en última instancia un mínimo de derechos para esos grupos menores.

Desde que nuestro país se abrió a la democracia, historia relativamente reciente y accidentada, se han dado reformas a la legislación electoral casi cada vez que se lleva a cabo un proceso de elecciones. Es cierto que las normas son perfectibles, pero también es cierto que no existe la norma perfecta y que en gran medida su aplicación debe ser encomendada a órganos confiables, autónomos, profesionales y permanentes que ofrezcan la certeza de que una función tan delicada se encuentre en las mejores manos.

Un tema recurrente en materia electoral es la ciudadanización de los órganos electorales. Una aspiración que, dado el desarrollo actual de las sociedades, con una complejidad creciente y ámbitos de necesaria especialización, resulta una utopía. La ciudadanización entendida como la participación de ciudadanos no servidores públicos, no empleados públicos, en el desempeño de una función pública de carácter transitorio, como es el ejercicio de una elección, sería prácticamente imposible, si no se contara con un sustrato de personal de carrera especializado, preparado y permanente, que desempeñara las funciones que necesariamente se requieren realizar para qué el proceso electoral propiamente dicho pueda llevarse a cabo.

La solución que nuestras leyes electorales han dado es un sistema mixto en el que existen organismos permanentes de carácter burocrático, que llevan a cabo los trabajos necesarios para mantener una continuidad en la función electoral, tales como contar con identificaciones confiables, tener un padrón de votantes actualizado, identificar los distritos electorales, promover la cultura democrática y, por otra parte un gran ejército de ciudadanos que por insaculación participan en la jornada electoral con funciones específicas para la recepción del voto, su conteo, y la elaboración de las actas de la votación en cada casilla. La participación ciudadana es copiosa y es responsable, y me atrevo a decir que también es confiable.

La dirección de los órganos electorales ha sido denominada también con el calificativo de “ciudadana”, pero esto es una paradoja tan difícil de resolver como la leyenda mítica del rey Midas, aquel que todo lo que tocaba se transformaba en oro, por lo tanto no podía sobrevivir porque los alimentos más sencillos se trastocaban en el metal precioso. Así, los ciudadanos electos para desempeñar la dirección de la función electoral, al momento de asumir su cargo, protestar su desempeño, percibir su sueldo del erario público, estar sujetos a una ley de responsabilidades, y formar parte de una estructura burocrática, ¡Ay! se transforman en burócratas, y no es que en sí mismo ser burócrata sea malo, sino que se pierde el sentido de la función ciudadana.

Las reformas a la legislación electoral del estado han sido pequeños ajustes para aceitar una máquina que ha venido trabajando razonablemente bien, se estimula a una burocracia electoral para que su esfuerzo y desgaste, que lo hay, sea mejor retribuido, se favorecen con la tajada del león a los partidos más fuertes y se ajustan disposiciones generales para evitar contradicciones fundamentalmente con las normas constitucionales, de la federal y la del estado. La forma de emisión del sufragio, su contabilización, el material electoral, la dinámica del proceso, los principios generales permanecen intocados y denotan, al parecer, que los partidos que acaparan los cargos de elección popular en lo general se encuentran conformes con las reglas del juego.

Queda, sin embargo, el gusanito, de que algo se podía haber avanzado en temas que, serán en corto tiempo materia de discusión y que ya en otros países se están discutiendo y poniendo en práctica, y en otros que han sido objeto de constante análisis en el nuestro. La  ciudadanización, por ejemplo de lo órganos directivos, podría replantearse con la estructuración de un órgano colegiado de toma de decisiones, formado por ciudadanos que no se apartaran de su trabajo y responsabilidades cotidianas, contando con el apoyo fuerte de una estructura profesionalizada, de manera tal, que no dependieran para su subsistencia del sueldo electoral, y que no fuera un botín que pudiera, no es el caso actual, estar sujeto a la tasa del mejor postor.

Habrá que regular las candidaturas ciudadanas, es decir sin registro por un partido político, porque ya son una realidad en la legislación nacional. No podemos quedarnos al margen de esa innovación legislativa. Habrá que pensar en formas alternativas de emisión del sufragio que ya se utilizan con éxito en otros países, tales como voto electrónico, etc.. En fin que tenemos una nueva legislación electoral que se parece tanto a la vieja, que nos permite temer que algunos vicios seguirán presentes.

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