La Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a analizar algo así como cuarenta y cinco amparos en los que se cuestiona el fuero militar,  eso me hizo recordar una anécdota personal y ha de dispensar el amable lector que este egocentrista escribidor inicie este pergeño con ella. Hace muchos años cuando Jorge Carpizo ( sí, acertó usted, el que jugaba Nintendo para explicar el asesinato del cardenal Posadas) era Procurador de la República se suscitó un incidente grave en que intervinieron agentes de la policía Federal y una patrulla del ejército, en el que resultaron muertos algunos de los agentes como resultado de un enfrentamiento impensado. Los hechos se sucedieron cuando una aeronave que presuntamente transportaba droga fue detectada por los servicios de espionaje de los güeros, nuestros oh-dios vecinos, forzada a aterrizar cerca de Tlalixcoyan Veracruz, los policías alertados llegaron solícitos a, y aquí se abre la disyuntiva, o bien a capturar a los tripulantes y a decomisar la ilícita mercancía, o bien auxiliarlos, procurar ponerlos a salvo y permitir el trasvase de la droga a otros contenedores y transportes. Piensa mal y acertarás, dice el dicho, pero no se trata de ponerse dichoso, antes bien incómodo y molesto, porque hete aquí que llegó la patrulla del ejército y aparentemente todo desapareció. La grabación del incidente por parte del espionaje norteamericano en un sistema de rayos infrarrojos mostraba las figuras que avanzaban sobre el avión, otras que se acercaban, se juntaban a las primeras y luego desaparecían. Jorge Carpizo explicó las figuritas, en una versión infrarroja del Nintendo, señalando que se trataba de un grupo de vacas (¿serían bueyes?) que se acercaron a curiosear. El ejército, por supuesto, quedó libre de toda sospecha. Yo escribí un artículo que se tituló como el actual, sólo que entonces la redacción del periódico en el que colaboraba lo cambió por “El caso Tlalixcoyan”. Desde entonces ansiaba escribir una columna con el título de ésta, y que se publicara.

Los tiempos han cambiado, los temas tabúes, el Presidente de la República, el narcotráfico, la Iglesia Católica, habían dejado de serlo, pero el Ejército había conservado su aureola de heroísmo y lealtad. Qué más daba que hubiera habido un Huerta, un Guajardo, un Cedillo, esos no contaban, sólo los niños héroes y otras bonitas leyendas que llenaron libros y cuadernos de la educación oficial. Digo, no está mal, siempre es mejor exaltar los valores que hacer apología de los vicios o defectos, pero ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre.

En estos días la Suprema Corte de Justicia entretendrá sus ocios discutiendo algo así como 45 amparos, que para su buena fortuna y alivio de los Secretarios de Estudio y Cuenta, semiesclavos de los Ministros, encargados de hacer los proyectos de resolución, se resolverán en grupo, porque muy probablemente sentada la tesis en el primero se aplicará en cascada a los siguientes y como decía Don Teofilito, a los que vendrán. Los susodichos amparos versan sobre la competencia de los tribunales civiles para conocer de asuntos en los que se encuentren implicados miembros de las fuerzas armadas, lo que se ha llamado el fuero militar. Conviene recordar que desde las revueltas de Santa Anna en que reivindicaba “la religión y los fueros”, nuestras constituciones, la de 1857 y la actual de 1917, suprimieron los tribunales especiales, las condecoraciones, los títulos de nobleza y los fueros.

Nuestra Constitución actual señala con meridiana claridad en su artículo 13: Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Es tan claro que hasta un ministro de la corte puede entenderlo. Sin embargo el criterio que ha sostenido la Suprema Corte es que los militares serán juzgados por tribunales militares, aunque hayan resultado afectados civiles, con base en lo señalado en el Código de Justicia Militar, Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina militar: I.- Los especificados en el Libro Segundo de este Código; II.- Los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que en seguida se expresan:… Cuando en los casos de la fracción II, concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia militar. Pero es que lo que sabe cualquier estudiante aprovechado de Civismo o cualquier egresado de la carrera de derecho de cualquier universidad “patito”, o cualquier “tinterillo”, “huizachero”, “coyote”, es que la constitución es la norma suprema y que todas las demás leyes que de ella emanen habrán de ajustarse a ella. Excepto, dicen los ministros, el código de justicia militar. Todos los jueces y ciudadanos habrán de conducirse de acuerdo con la Constitución y ajustarse a ella, salvo, opinan los ministros, los miembros del ejército.

Hace unos años en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José Costa Rica resolvió el caso Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido hace casi cuarenta años luego de haber sido detenido en un retén militar. Desde entonces sus familiares tocaron todas las puertas, agotaron todas las instancias judiciales y administrativas del país y finalmente acudieron al tribunal de San José, que condenó al estado mexicano a indemnizar a los familiares considerando al ejército responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. El año pasado la Suprema Corte resolvió aplicar la sentencia de la Corte de San José y resolvió que las resoluciones de los tribunales internacionales en materia de Derechos Humanos deberán ser aplicadas ipso iure por los tribunales mexicanos. Ahora la Suprema Corte de Justicia habrá de resolver si se cumple con la Constitución y con los Tratados Internacionales o si seguirá al margen de la legalidad privando el lema de Santa Anna: “Religión y fueros”.