Conflictos en democracia: (Estados Unidos de América)

Escrito por on ene 27th, 2012 y archivado en Derecho, Destacado, Galería Fotográfica. Tu puedes seguir los comentarios a esta entrada a traves de RSS 2.0. Comentarios y referencias estan cerrados.

Conflictos en democracia: (Estados Unidos de América)

Nuestro país no es el único que se ha visto inmerso en la disyuntiva de solucionar, hasta dónde debe llegar la intervención de los grandes capitales en los procesos electorales, a propósito a la compra de espacios para la promoción, vía debate o cualquier otra, en relación a determinado candidato.

En los Estados Unidos de Norteamérica, en enero de 2010, la Suprema Corte dictó la sentencia del caso Citizens United v. FEC con una votación de 5 contra 4, la que además de la hostilidad que generó, desde el punto de vista de muchos juristas, rompió una tradición de equidad en la democracia Norteamericana; y es que con tal determinación, sin instancia de parte agraviada, se estimó que las corporaciones y los sindicatos tienen un derecho constitucional a gastar tanto como deseen en comerciales televisivos electorales, que específicamente apoyen a candidatos particulares o se dirijan contra ellos.

Incluso el propio Presidente Obama, con seis jueces de la Suprema Corte sentados ante él, precisó que “con el debido respeto a la separación de poderes…se revirtió un siglo de tradición en el derecho que creo abrirá las puertas para que intereses particulares –incluyendo corporaciones extranjeras- gasten ilimitadamente en nuestras elecciones”.

Para juristas de la talla de Ronald Dworkin, catedrático de la Universidad de Harvard, al menos desde 1907 se había aceptado por su nación y la Corte, que las corporaciones, sólo son personas ficticias creadas por el derecho, y como tales no tenían las prerrogativas consagradas, en relación con la actividad política, que sí poseen los individuos.

La problemática en el asunto resuelto por la Corte se originó, luego de que una pequeña corporación, Citizens United, intentó sacar al aire una película que infamaba a Hillary Clinton, lo cual se estimó ilegal a la luz de las disposiciones que regían la tradición de que tales entidades no tenían posibilidad de opinar o participar en aspectos políticos. El argumento de la empresa ante la Corte, versó en que la película no se transmitiría en televisión abierta, sino que únicamente se haría en un canal de “pago por evento”, con lo que quedaba a la voluntad de los contratantes el ver o no su contenido.

Así, no obstante que en ningún momento se impugnó la constitucionalidad de las disposiciones que prohibían la participación política a las corporaciones, motu proprio, la Corte Norteamericana decidió que de todas formas declararían la inconstitucionalidad de aquéllas, considerando que se violentaba la Primera Enmienda que declara que el Congreso no expedirá ninguna ley que infrinja la libertad de expresión. Su decisión, simplemente abre la posibilidad de que, quienes más tengan, de mayor manera influirán en la decisión de los votantes, presentando spots negativos para unos (los contrarios a sus interés), y positivos para los afines; además de dar margen abierto a que, una entidad que no tiene derecho al voto, sí decida e influya sobre el voto de los individuos.

La decisión jurídicamente analizada, desde el punto de vista del tratadista mencionado, como de muchos otros, ha dejado de lado una interpretación de los principios fundamentales que rigen a la libertad de expresión, bajo los cuales, ésta no puede ser estimada como una prerrogativa ilimitada, ya que de considerarse así, entonces, por ejemplo, el Ku Klux Klan podría insultar y difamar públicamente a negros o judíos, o bien, gobiernos extranjeros estarían en posibilidad de sacar al aire anuncios políticos en elecciones norteamericanas.

Así, es cierto que la libertad del discurso político es una condición esencial para una democracia efectiva, porque se garantiza el acceso a la más amplia gama de opiniones e información posible.

Sin embargo, en la decisión judicial que se analiza, no se dio ninguna razón para suponer que permitiendo que las corporaciones ricas empantanen con dinero las elecciones, en efecto se producirá un público mejor informado, lo que incluso podría ser lo contrario, ya que las corporaciones no tienen ideas propias, sino sólo la de sus directivos.

En palabras de Dworkin la limitación en el gasto de las corporaciones en materia política “no es sólo para ser equitativo con todos los candidatos, sino para crear las mejores condiciones para que el público decida de manera informada cuando vote”, esto es, que ninguna voz suene más que la otra, de tal manera que no sea a partir de su volumen como se genere el convencimiento y la consecuente elección.

No obstante, también debe tomarse en cuanta que si el nivel de gastos de campaña es muy bajo, sin duda habría equidad para candidatos ricos y para pobres, pero se dañaría el debate político al no existir suficiente discusión; por ello el análisis al respecto, debe ser ponderado, es decir, haciendo un juicio de equilibrio entre una y otra finalidad.

De esta forma, en nuestro punto de vista, el problema real de la democracia norteamericana con la decisión aquí comentada (que dicho sea de paso está siendo combatidas en iniciativas legales), radica en que los políticos, ante la inminente influencia de las corporaciones en la decisión electoral, se sujeten en su actuar cotidiano a sus dictados, que no necesariamente obedecen al bienestar común.

En nuestro país, las recientes discusiones sobre la pertinencia de debates en medios de comunicación abiertos, ha puesto el tema en la reflexión de todos. Constituye una prueba a nuestra madurez política como ciudadanos, a la preparación y conciencia de las autoridades de la materia, así como a la integridad moral de las corporaciones y los dueños de los medios de comunicación, pero que sin duda, nos llevará a todos a encontrar un equilibrio que nos dé una mejor democracia.

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