Análisis de una agenda inacabada

(2000-2006).

Capitulo 2

2 La Reforma en México

En este apartado se revisan las transformaciones del Estado mexicano en su historia moderna de manera sinóptica. Si bien la Reforma del Estado es un concepto reciente, puede ser utilizado para el análisis de reformas anteriores al mismo y, en un ejercicio comparativo, definir en qué momentos se han operado cambios sustanciales equiparables a lo que hoy conocemos como Reforma del Estado. En tal contexto se destacan las intenciones de gobiernos priistas por insertarse en el oleaje reformista con la intención de conservarse en el poder.

Reformas del Estado mexicano

En efecto, comparando los alcances del concepto de Reforma del Estado, en la historia reciente de México pueden observarse notables transformaciones equiparables al modelo reformista.

La transformación del Estado en México (1920-2000)

Años	Reformas	Entorno mundial
1920 - 1930	§ País desarticulado. § Problemática financiera. § Problemas agrarios. § El gobierno construye una estructura social y económica sobre la cual apoyar un Estado que iba a ser el eje y motor del desarrollo. § Reforma fundacional: nacimiento del Sistema Político Mexicano.	§ Crisis económica mundial. § Período de entreguerras. § Se considera necesario proteger a sectores rezagados.
1930 - 1940	§ Reforma agraria. § Nacionalización petrolera. § Corporativismo: nueva base social. § Estado interventor. § Estatismo social, cultural, jurídico y económico. § El Estado regula la economía, mantiene el equilibrio social y político.	§ Segunda Guerra Mundial: crisis del sistema mundial. § Estado de Bienestar: se considera éticamente deseable y económicamente factible que el gobierno proteja a los grupos marginados.
1950 - 1970	§ Sustitución de importaciones. § Proteccionismo. § Bonanza de post guerra. § Ensanchamiento del Estado. § Reformas sociales: salud, educación, vivienda, producción y distribución de bienes. § Sistema de subsidios a la producción. § Desarrollo estabilizador: el “milagro mexicano”.	§ Apogeo del Estado benefactor. § El Estado por encima de cualquier agente económico. § Indiscutible el papel interventor del Estado.
1970 - 1982	§ Nuevo impulso del estatismo. § Crecimiento de paraestatales. § Rectoría del Estado. § Sector social de la economía. § Planificación. § Crisis económica.	§ Crisis de energéticos. § Crisis mundial del capitalismo. § Desequilibrios entre el gasto del Estado y sus ingresos. § El Estado interventor se cuestiona.
1982 - 1988	§ Ruptura con el populismo. § Reforma económica: crecimiento cero en economía. § Reforma política: democracia gradualista. § Reforma social: avance de la pobreza. § Reforma administrativa: del gigantismo al adelgazamiento estatal. § Privatizaciones económicas. § Ascenso de nueva clase política.	§ Embestida neoliberal: - Economía: monetarismo. - Política: conservadurismo. § Crítica al intervencionismo y defensa del mercado. § La lógica del mercado sustituye a la lógica del Estado. § Reagan y Tatcher: “paladines del mundo libre”. § Crisis del socialismo real. § FMI y BM ponen orden.
1988 - 1994	§ Una nueva clase política en el poder. § Reforma económica: -Estabilización -Controles financieros -Controles fiscales -Renegociación de la deuda externa -Apertura comercial -Privatizaciones § Reforma política: -Perestroika sin Glasnot -Reforma del PRI § Reforma social: -Pronasol: nueva base social. § Reforma administrativa: -Redimensionamiento del sector paraestatal (SEDESOL, SHCP). § Reforma ideológica: -Liberalismo social. § Reforma Internacional: -Apertura comercial § Reforma constitucional: transformación estructural: -Sistema electoral -Reprivatización de la banca -Autonomía del Banco de México -Educación -Estatuto de las iglesias -Propiedad rural -Derechos humanos	§ Apogeo del neoliberalismo. § Caída del Muro de Berlín. § Se profundiza en la necesidad de la Reforma del Estado a partir de: -Crítica al Estado Benefactor de Europa y EU. -Crítica al Estado burocrático socialista de Europa y la URSS. -Crítica al Estado Populista de Latinoamérica. § “Fin de la historia” y del “pensamiento único”. § Contradicciones del modelo de desarrollo del neoliberalismo. § Pensar en la Tercera Vía.
1994 - 2000	§ Contención de la crisis: estabilización. § Reforma electoral: ciudadanización y legitimidad del Instituto Federal Electoral. § Reforma política en el Distrito Federal: elección de autoridades (PRD triunfa en 1997). § Renovación del Poder Judicial. § Nueva política social en sustitución del Programa Nacional de Solidaridad: Progresa (educación, salud y alimentación).	§ Foro Social Mundial: pensar en modelos alternativos. § Bienes públicos mundiales. § Agenda XXI. § Objetivos de Desarrollo del Milenio. § Fracaso del “fin de la historia” y del “pensamiento único”. § Retornar a la confianza y los valores.

La Secretaría de Gobernación, por su parte, presenta en su página sobre Reforma del Estado, una clasificación de las etapas de la reforma institucional en México, realizado por José Francisco Paoli Bolio, quien fuera Subsecretario de Desarrollo Político y posteriormente Comisionado, en la etapa que correspondió la titularidad de la de-pendencia a Santiago Creel Miranda. El estudio de Paoli establece los siguientes momentos:

- Primera etapa: de la Constitución de 1917 a los últimos gobiernos encabezados por militares (Cárdenas y Ávila Camacho, 1934-1946).

- Segunda etapa: gobiernos civiles y “milagro mexicano” (1946-1964).

- Tercera etapa: de la representación básica de las minorías en 1964, a la reforma político constitucional de 1996.

- Cuarta etapa: alternancia en la Presidencia de la República y cambios requeridos para la consolidación democrática.

Es interesante que en la cuarta etapa, la relativa al periodo de alternancia y transición, que se contempla hasta 2003, se propongan diversas reformas -incluso las estructurales- que no fueron tomadas como parte de la estrategia de Gobernación.

Antecedentes inmediatos: cambiar para preservarse

Al inicio de los 80 el modelo de sustitución de importaciones es-taba agotado. El mercado sin competencia había originado en la década anterior un empresariado desalentado, sin creatividad y raquíticamente productivo. La planta productiva llevaba a cuestas los costos de haberse cerrado: carencia de insumos de calidad y precio internacional; sobredimensionamiento de algunos sectores; falta de especialización; rezagos tecnológicos; actitudes monopólicas; precios inapropiados a la calidad de los productos; ausencia de ofertas para el consumidor; caída del empleo y el salario, y escasez con alza de precios.(16)

Por otra parte, la petrolización de la economía había dejado en el olvido al resto de los sectores y generado una dependencia de los créditos externos. Cuando cayeron los precios del petróleo y se agotaron las fuentes de financiamiento al dispararse las tasas de interés, el país entró a una infrenable espiral inflacionaria y al estancamiento productivo. México no era competitivo y la alternativa más viable que se dibujaba consistía en abrir la economía.

Paralelamente, en el entorno internacional se estaban dando grandes transformaciones. La industria, tecnología, comunicaciones e informática operaban acelerados procesos de modernización; los mercados y finanzas cada vez eran más competitivos, y se empezaban a conformar bloques comerciales: Norteamérica, Europa y la Cuenca del Pacífico, como los principales.(17)

Las bases del desarrollo del Estado Mexicano que habían prevalecido por años se convertían ahora en obstáculos. La trayectoria de un Estado productor y subsidiador mostraba incapacidad para atender las demandas sociales y, por otra parte, el proteccionismo había aislado a la economía nacional.

Las consecuencias de estas obsolescencias conformaban las principales dificultades que tenía que enfrentar el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), aparte de la inflación y la deuda externa: insuficiente nivel de inversión; bajo crecimiento del empleo; regulación excesiva; insuficiente desarrollo tecnológico; reducido interés en la formación y capacitación de recursos humanos; desorganización y carencias en la micro, pequeña y mediana industria; elevada concentración regional; infraestructura inadecuada; internacionalización de la actividad productiva y comercial; y carencia de una política sólida de exportación y acceso a nuevos mercados.(18)

Había que actuar, aún con las limitaciones que imponía la crisis económica y que de hecho no permitieron todos los cambios que se querían por parte del gobierno. La respuesta comprendía políticas de ajuste, estabilización y cambio estructural. El equipo de Miguel de la Madrid apreciaba que a las nuevas realidades deberían corresponder nuevas responsabilidades. Recuperar espacios perdidos para la iniciativa de los particulares; conservar el control oficial de áreas estratégicas; promover la inversión privada; crear infraestructura, y garantizar la aplicación de programas sociales, eran las nuevas tareas que esperaban a todos los sectores. Para realizar esta empresa la nueva clase política concebía que los cambios en el orden económico antecedían a los políticos, o en otras palabras, constituían la base de un proyecto más ambicioso y profundo, político desde luego, la Reforma del Estado.(19)

A esta lógica correspondían nuevas prioridades: la estabilidad macroeconómica para lograr el cambio estructural. Esta se buscaba alcanzar reduciendo el déficit fiscal y el sobreendeudamiento e imple­mentando una política de concertación. La política de reforma tenía como aspectos fundamentales el adelgazamiento del aparato estatal, la apertura de la economía, la desregulación y el impulso a la inversión extranjera.

Este era el proyecto. Su aplicación llegó hasta donde lo permitió la grave crisis económica y los costos que imponían sus medidas: para el empresariado, tener que competir con el exterior sin ninguna preparación, para los trabajadores, tener que cargar con el mayor peso de las medidas reordenadoras.

La magnitud de los cambios no pesaba más que las inercias y rezagos que se querían combatir. El choque de estas dos fuerzas neutralizó cualquier movimiento modernizador; las metas buscadas no se lograron, se aplazaron, aunque sí se dejaron los cimientos para que más adelante se pudieran iniciar las reformas. Si con certeza los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo han sido calificados como la “docena trágica”, no menos acertado ha sido llamar a la de los 80 “la década perdida”.

El proyecto de recuperación económica chocó con el nacionalismo revolucionario que defendía la vieja guardia priista de aquel entonces. El realismo económico y la política de austeridad expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo, y más concretamente en el Plan In-mediato de Reordenación Económica (PIRE), afectaban directamente las banderas de lucha de los sectores duros del Revolucionario Institucional. Las diferencias eran muy notorias, el PIRE, en apego a las políticas que dictaba el Fondo Monetario Internacional, de claro corte neoliberal, era cuestionado por las demandas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de manera sistemática, casi como recetario: contra cambio estructural, nacionalismo revolucionario; contra racionalidad y eficacia, reforzamiento del Estado y del sector social de la economía; contra el aumento de básicos, demanda de aumento salarial, escala móvil de salarios, semana de 40 horas con pago de 56 y control de precios. Pero como el gobierno no prescribía estas medidas, las demandas de la CTM no recibieron ninguna respuesta.

La CTM, y en general todo el sindicalismo, pasó a la defensiva; a partir de junio de 1983 terminó la agresividad y ni la crisis despertó el espíritu de protesta; las demandas, ahora, se reducían a conservar el empleo y mejorar salarios y prestaciones. Las reglas que guiaban el actuar sindical eran la callada aceptación de la concertación y el cambio estructural a cambio de la conservación del poder -principalmente que no sufriera modificaciones la legislación laboral y se conservara la estructura sectorial del PRI-; la beligerancia discursiva en momentos en que se afectaban los intereses políticos; el arreglo cupular y la facilitación a la política del realismo económico, tolerando la reconversión industrial. Se trataba de comportamientos que de suyo no contenían novedades respecto a otras épocas; el problema para la alianza del Estado con los trabajadores residía en que, siendo una relación de contraprestaciones, se había hecho insostenible, porque no había materia de intercambio para ofrecer a las bases sindicales. El pacto social era para estas alturas una simple alusión retórica.

Para el gobierno los ajustes se justificaban por la ausencia de conflictos sociales, el clima de paz, libertad, estabilidad y conciliación. Se ganó en esto, pero pronto se verían los impactos electorales. El voto de castigo se dio con mayor fuerza en las zonas habitacionales de la clase trabajadora.

Estas transformaciones que se emprenden con Miguel de la Madrid y alcanzan su expresión más acabada con Carlos Salinas, se explican por la nueva racionalidad del proceso modernizador. En ese sentido, si el pasado falló, urge cambiar las formas con que se condujo. De las reglas políticas y sociales pasar a las que impone la que parece ser la realidad de más peso de la época: la economía. Es decir, transitar de lo público a lo privado; la política no sirvió, entonces, despolitizar a la sociedad, puesto que no es la vía para las transiciones; las urgencias del escenario mundial, esto es, del mercado, no las arreglan ni las instituciones de gobierno, ni los partidos, ni las organizaciones de ciudadanos; así como tampoco ofrecen solución los viejos pactos del Estado con sus bases sociales. Los indicadores para valorar el progreso de los pueblos dejan de ser cualitativos, son ahora cuantitativos. Competitividad es la medida de las cosas.(20)

La negación del pasado comprende la negación de los espacios colectivos como medios para la solución de problemas; por tanto, las transformaciones tienen un carácter individualista, al considerar que “lo colectivo” no resultó eficiente, ni competitivo. Entonces, si la sociedad y sus grupos, la nación y el Estado son entidades colectivas, la idea de reformar a éste, conlleva al sacrificio del mismo, una ruptura con la concepción que de él se tenía. ¿Cuál es el camino a seguir frente a este advenimiento del futuro? ¿Cómo podrán participar estas colectividades que aún existen en el remolino impetuoso de reformas? A través de la concertación, la nueva forma de alcanzar arreglos, cuyo sustento, para que sea considerado el mecanismo idóneo de los cambios, es la confianza en la racionalidad de los actores que concertan.(21) El esquema implica que los acuerdos son cupulares. La racionalidad se logra por la convocatoria inteligente y efectiva del Estado, que es el guía del cambio, el que hace el proyecto gracias a la capacidad técnica de su élite gobernante.(22)

Los fines de la nación, de la sociedad, de lo colectivo, no son ahora los que históricamente le han dado la razón de ser a estas realidades, sino los que se concerten. De acuerdo a esta forma de entendimiento, para los actores sociales concertar y adaptarse significa sobrevivir; no hacerlo, fenecer.(23)

Para mayor claridad, algunas reflexiones en torno al cambio que se había emprendido:

-La modernidad es un proceso, apareja la articulación de medidas para emprender un proyecto con objetivos, estrategias, políticas y programas que involucran al Estado, la sociedad, las ideas, los hombres y los recursos.

-La modernización es total, ningún ámbito se excluye: valores, cultura, economía, relaciones sociales, estructuras políticas, todo.

-Las circunstancias definen los ámbitos prioritarios, los tiempos y ritmos en que se da la modernización.

-Los ritmos pueden ser planeados o naturales. Actualmente, los primeros son los que predominan; estos pueden ser graduales o revolucionarios, incluso cruentos en este caso.

-El cambio encuentra oposiciones, genera conflictos y avances.

-Los enemigos de la modernidad son los separatismos, los fundamentalismos, el populismo y los regímenes autoritarios, rasgos todos del mundo tradicional.

-Las actitudes ante la modernización y la modernidad pueden ser el miedo al cambio por la nostalgia del pasado; el optimismo acrítico en la idea del progreso lineal, y la convicción de la necesidad de adaptarse razonablemente a los cambios.(24)

Carlos Salinas de Gortari profundizó los cambios iniciados por Miguel de la Madrid, rebasando las expectativas que de su gobierno se esperaban, por la debilidad con que llegó al poder. La nueva clase política demostraba en su discurso y actuación un alejamiento definitivo de las políticas de desarrollo económico que dominaron a finales de los 70 y principios de los 80. Se planteaba la necesidad de realizar grandes reformas desde arriba, lográndose los apoyos a través de la concertación. Las justificaciones, objetivos y estrategias de la modernización que se proponía, se expresaron en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. El eje central del Plan enfatiza la necesidad de reformas al Estado, para adecuarse a los cambios mundiales. Las tesis que giran sobre este propósito central son cuatro:

Primera: Reorientar las funciones del Estado. Primordialmente en el aspecto económico, adecuando la rectoría del Estado a los nuevos papeles de conductor y promotor.

Segunda: Operar el cambio a través de la concertación para evitar conflictos e inconformidades.

Tercera: Remover gradualmente los obstáculos a la modernización e implementar paralelamente las transformaciones.

Cuarta: Conciliar las transformaciones con los principios ideológicos de la Revolución Mexicana y del pensamiento liberal del siglo XIX, en una interpretación nueva de la realidad mexicana en la que el pasado se adapta al proyecto futuro.

Bajo esta óptica, se precisan cuatro grandes objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo:

1. Defender la soberanía y promover los intereses de México en el mundo.

2. Ampliar nuestra vida democrática.

3. Recuperar el crecimiento con estabilidad de precios.

4. Elevar productivamente el nivel de vida de los mexicanos.

Estos objetivos se derivan de los Acuerdos que propuso Carlos Salinas en su campaña y que fueron ratificados cuando asumió el poder: Acuerdo para la Ampliación de nuestra Vida Democrática, Acuerdo para la Recuperación Económica con Estabilidad de Precios, y Acuerdo para el Mejoramiento Productivo y el Nivel de Vida.

Evidentemente, el alcance y articulación del Plan representan el es-fuerzo del equipo salinista por comprender las oportunidades y riesgos que se le presentaban a México. Muestra también que esta nueva generación de gobernantes estuvo preparándose, desde sexenios anteriores, para ascender al poder.

El primer acuerdo expresa como ideas básicas adecuar las instituciones políticas y sus prácticas; preservar y hacer efectivo el Estado de Derecho; perfeccionar los procesos electorales y ampliar la participación política; modernizar el ejercicio de la autoridad entre poderes, e impulsar la concertación entre las organizaciones sociales y el Estado. Se expone que el rumbo de México es ahora el Liberalismo Social, esto es la conjugación entre los postulados que han dado origen a los principales movimientos sociales de la Nación y los cambios estructurales. Ello significa una nueva interpretación y terminología para explicar los cambios. Desde este ángulo, la modernización propuesta no viene a ser una ruptura total con el pasado.

La concreción del acuerdo fue parcial, persistieron inmovilismos para emprender los cambios, especialmente dentro del mismo sistema; el presidencialismo llegó a excesos sin precedente, la figura de Salinas se vendió con la mercadotecnia más avanzada; la división y equilibrio de poderes no se llevó a cabo; los procesos electorales no contaron con la confianza y credibilidad de la ciudadanía. En síntesis, fueron más los asuntos sin resolver que los logrados. Entre estos últimos destacan el reconocimiento de algunos triunfos de la oposición y las reformas a la Constitución; así como la imagen de apertura que dio el gobierno con muchos grupos sociales, aunque con notables excepciones.

El segundo acuerdo, relativo a la política económica, tuvo más relevancia para el proyecto salinista, por eso la afirmación de algunos analistas en el sentido de que en México se vivió una “perestroika sin glasnot”. El incremento de la inversión productiva; la estabilidad económica, y la eficiencia del sector público constituyen los ejes principales del Acuerdo, a través de los que se alcanzaría un crecimiento del 6% en la productividad del país y una tasa inflacionaria equiparable a la de los socios comerciales de México. Conseguir estas metas exigió una nueva forma de organizar el trabajo productivo, según lo expresa el Plan Nacional de Desarrollo. Productividad, eficiencia, reconversión, flexibilidad laboral y nuevas formas de organización, aparecen como condiciones para la competitividad de las empresas públicas y privadas.

El Plan asume la idea de que la política económica tiene un carácter social, dado que la elevación de la productividad se traduce en mejores niveles de bienestar. Como se ve, la justicia social, postulado de la Revolución, no se abandona, sino que se asimila a la estrategia económica. De hecho, la asignación de mayores recursos al gasto social se argumentó para el adelgazamiento del Estado y la rigidez de la política fiscal. La responsabilidad del Estado es conducir esta reforma haciéndose eficiente, facilitando la iniciativa económica y concertando los mecanismos para la estabilidad y el crecimiento.

La política social, el tercer acuerdo, expresa cuatro líneas de acción: creación abundante de empleos bien remunerados y estables; aumento del poder adquisitivo de los salarios y del bienestar de los trabajadores; atención a las demandas prioritarias del bienestar social; protección del medio ambiente y erradicación de la pobreza extrema. Los objetivos respecto al empleo no se cumplieron y mucho menos la erradicación de la pobreza extrema. La protección al medio ambiente fue apenas una intención. La atención a las demandas de bienestar social se concentró en el Programa Nacional de Solidaridad, con resultados que no lograron abatir los rezagos y que sirvieron más para fines publicitarios.

En esta materia, realmente el esfuerzo del gobierno se enfocó a replantear el protagonismo de los grupos sociales. Aparte de sus fines electorales, Solidaridad buscó recuperar los espacios perdidos por la inoperancia del corporativismo. Dentro del proceso de cambio tiene un papel relevante para la estabilidad del país y, por tanto, para el transitar sin tumbos de la modernización, la política de masas del Estado. ¿Por qué una nueva política de masas del Estado? Porque si éste se reformó, dejando a un lado banderas que constituyeron por mucho tiempo el evangelio de la Revolución Mexicana y del partido gobernante -estatismo, laicismo, agrarismo, sindicalismo, nacionalismo, populismo, corporativismo-, ha sido necesario que los interlocutores del Estado cambien sus roles. Lo que impulsó el gobierno fue una sociedad que se adhiriera a las transformaciones que había llevado a cabo; sin embargo, esta ambiciosa aspiración desató las fuerzas políticas, económicas y sociales, al alterar los equilibrios de poder con que había trabajado el sistema.

Hasta antes de 1988, las masas en que descansaba y se validaba la política del Estado, eran el movimiento obrero y, en menor medida, los grupos campesinos. Esta relación había sido efectiva para cada una de las partes, con excelentes dividendos para el Estado, a cambio del otorgamiento de poder político y económico a sus interlocutores. Las cosas así, con ganancia para todos, convertían a las organizaciones obreras y campesinas en movimientos sociales pasivos, que caminaban en sus propuestas al ritmo que les marcaba la autoridad, con las salvedades de coyunturas muy particulares que alteraban, en poca medida, los términos de una relación de ventajas recíprocas. Ciertamente las preocupaciones del movimiento obrero y campesino -la defensa del salario y las conquistas laborales o la lucha por la tenencia de la tierra y los precios de garantía, por dar algunos ejemplos- son asuntos de interés social, pero la tradicional forma en que se alcanzaban todas estas metas no involucraban a las masas de trabajadores y campesinos.

Un estado complaciente con esta situación, limitándose a la negociación corporativa en la atención a sus bases sociales, no previó la conveniencia de presentar alternativas al creciente interés de la población por participar en los problemas de su entorno. Al tiempo que sucedía todo esto, los movimientos sociales con verdadera presencia y preocupación en torno a una gran diversidad de objetivos -capacidad de movilización y negociación, influencia social, dominio territorial, espacios políticos, administración de productos, puestos públicos, representación popular, etc.- eran cooptados, en la mayoría de sus expresiones, por las diferentes corrientes sobre la organización y lucha social de la izquierda mexicana.(25)

Las contradicciones y agotamientos del Estado que se expresaron en las elecciones federales de 1988 advirtieron al régimen de las fallas en su política social. Por eso, a los pocos días de asumir el poder, Salinas crea el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), con el objetivo de recuperar los espacios perdidos y de mantener una campaña permanente de posicionamiento personal y legitimación de su gobierno. De esta manera, las bases del Programa se centraron en los sectores más marginados: los campesinos y los pobres urbanos. Población objetivo por la manifiesta necesidad de atención que requerían y, políticamente, porque en el proyecto del nuevo Estado, tendrían el encargo de convertirse en el principal sector social de validación de las acciones de gobierno, junto con el sindicalismo modernizador. Obsérvese que Pronasol fue más allá de un populismo derrochador que buscara complacencias para asegurar el voto. En el fondo, planteó una nueva alianza histórica que desplace al movimiento obrero tradicional en su papel protagónico.

En el discurso de Solidaridad se aprecian tres vías para articular a las nuevas bases sociales: a) la solución a demandas sociales importantes, a través de una relación en corresponsabilidad; b) la constitución de comités que decidan obras y trabajos, y c) la vinculación de los comités en instancias regionales y nacionales.(26)

Una nueva cooptación que políticamente invade los principales terrenos de la izquierda social, utilizando sus mismas técnicas, principalmente la democracia asambleísta y la organización sectorial y que, por otro lado, rebasa al PRI en su capacidad de convocatoria y movilización. Con Salinas fue, sin duda alguna, un programa del presidente, por arriba del partido del presidente, puesto que éste no alcanzó a modernizarse, pero para esto, supusieron, también habría tiempo, o acaso para desaparecerlo.

La finalidad para el gobierno salinista fue contar con un movimiento social que lo apoyara en sus reformas, la contradicción que los caminos de una auténtica modernización no admitían el manipuleo. Los nuevos actores que necesita el Estado serán los que comprendan su nueva racionalidad, que se comprometan con los tiempos y formas de hacer las cosas. Por eso, si es necesario, se romperán viejas alianzas y, a través de la concertación -ya prácticamente institucionalizada-, se instaurará un nuevo pacto social que incorpore a los pobres de solidaridad y al sindicalismo modernizador.

Las reformas emprendidas desde los 80 fueron truncas, pues si bien perseguían mejorar el desempeño económico y los índices de bienestar, buscaban, al mismo tiempo, preservar el modelo político. Es decir, adecuarse a los vientos modernizadores del mercado y el desarrollo social, sin abrirse a lo político.

Aún sin la intención de apertura política, los rasgos de liberalización en otros campos empujaron al avance de la democracia, destacando medidas que el propio gobierno se veía compelido a tomar.(27)

El autor es socio consultor de Azpol comunicación + estrategia política

www.azpol.com

gustavomtz@azpol.com

Referencias

(16) Argüelles, Antonio, El nuevo modelo de desarrollo económico, Miguel Ángel Porrúa, México, 1994, pp. 6-7.

(17) Noyola, Pedro y González Torres, Armando, Modernidad y economía, Miguel Ángel Porrúa, México, 1994, pp. 12-14.

(18) Argüelles, op. cit., pp. 8-12.

(19) Rebolledo, op. cit., p. 28.

(20) Esteve, Hugo (Coord.), Los movimientos sociales urbanos, IPE, México 1992, pp. 197-198.

(21) Id., p. 199.

(22) Rebolledo, op. cit., pp. 29-30.

(23) Esteve, op. cit., p. 199.

(24) Rebolledo, op. cit.; Noyola, op. cit.; Arriola, Carlos, Los enemigos de la modernidad, Miguel Ángel Porrúa, México 1994; Esteve, op. cit.; Bravo Mena, Luis Felipe, Tensiones de la modernización, Nota para sesión de análisis del entorno socio-político, mayo de 1990.

(25) Esteve, Hugo, (Coord.), Los movimientos sociales urbanos, IPE, México, 1992.

(26) Martínez, Gustavo, El sindicalismo que viene, Servicio Contexto Laboral, CEIT, México, 1992.

(27) En las observaciones de los revisores de este trabajo se planteó lo siguiente: Propones la idea de que las reformas de primera generación, de la época de de la Madrid, son la consecuencia de las presiones internacionales ante la crisis financiera de México. ¿Puedes explicarnos qué actores internos mexicanos pudieron influir en este primer impulso de Reforma del Estado?

La respuesta fue así: En el apartado Antecedentes inmediatos: cambiar para preservarse, puede apreciarse la influencia externa que movieron a las reformas, así como dos procesos que al interior del país también las propiciaron: el agotamiento del modelo económico de sustitución de importaciones y el deterioro del pacto social entre el Estado mexicano y el movimiento obrero, con lo que las bases de entendimiento del régimen priista vivían una severa crisis. A esto se puede añadir la emergencia de una movilización social importante a partir del sismo de 1985, una presencia activa y atractiva de la oferta panista en varios estados, y el malestar del empresariado con el gobierno por la ineficacia en la contención de la crisis económica.

Analizando la participación de actores de la política mexicana que influyeron en el impulso de la primera serie de reformas se distinguen claramente tres: el grupo tecnócrata que accedería al poder con Carlos Salinas, el Partido Acción Nacional y los empresarios.

Del núcleo de Salinas, el llamado “grupo compacto”, hay documentación abundante de su formación y trayecto. En 1971 Carlos y Raúl Salinas, Manuel Camacho, José Francisco Ruiz Massieu, Emilio Lozoya Thalmann, René Villarreal, Carlos Mier y Terán, René González de la Vega y Mario Melgar Adalid, entre otros, fundan la asociación civil Política y Profesión Revolucionaria con el propósito de participar en la política con una visión modernizadora. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid el grupo salinista-camachista emprendió su proyección en las altas esferas de la política mexicana.

Un análisis de Carlos Ramírez sobre la figura de Manuel Camacho, el ideólogo del salinismo y hoy del candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, ilustra la evolución y el poder de la nueva clase tecnócrata:

Paradójicamente, a Camacho le tocaría ser el ideólogo político de la fase propiamente tecnocrática del sistema priista. López Portillo se agotó en el administrativismo de organización del Estado, pero le dio entrada al grupo propiamente tecnocrático, le entregó el manejo de la política económica y le cedió la Presidencia de la República. Sin efectos positivos en la reorganización administrativa, López Portillo se atrincheró en la planeación como la llave mágica. En 1979 arribó a la Secretaría de Programación y Presupuesto el abogado Miguel de la Madrid para realizar el Plan Global de Desarrollo (PGD). Con de la Madrid llegó el grupo financiero que se quedó operando el Estado hasta finales del gobierno de Vicente Fox. Carlos Salinas se encargó de redactar el PGD y contó con la ayuda de tres economistas: Rogelio Montemayor, José Córdoba Montoya y Manuel Camacho Solís. El PGD fue el punto de quiebre del proceso político hacia la eficiencia técnica. de la Madrid fue Presidente de la República en 1982, Salinas en 1988 y Zedillo –el candidato de Córdoba– en 1994.

A través del PGD Camacho se convirtió en el ideólogo de Miguel de la Madrid y por tanto en corresponsable de sus siete tesis propuestas en su campaña presidencial. La parte política del plan fue encargada a Camacho, pero condicionada a los ejes de la reforma económica del nuevo gobierno: cambio estructural, redimensionamiento del Estado y economía mixta. Camacho fue el autor intelectual del proceso de privatización del Estado a través del concepto de empresas “prioritarias y no prioritarias”. En el contexto de la neoliberalización del gobierno y del Estado se localiza el epitafio que lanzó sobre su gobierno López Portillo, en noviembre de 1992, en una entrevista publicada en la revista PROCESO: “fui el último presidente de la Revolución Mexicana”, reconociendo que el ciclo gubernamental comenzado en 1982 era de otro grupo de poder y de otro proyecto histórico.

El PGD dio por concluido el modelo del Estado de la Revolución Mexicana. Asimismo, definió el eje central de la estrategia económica del grupo tecnocrático neoliberal: subordinar el desarrollo social a la estabilidad macroeconómica y a las funciones de un Estado en declinación intervencionista. La redefinición del Estado y del modelo de desarrollo se localizó en el propio PGD al establecer el nuevo modelo: “economía mixta de mercado”. Y en lugar del desarrollo social, la acción limitada del Estado para proveer a la población no propietaria e históricamente explotada sólo de “mínimos de bienestar”. En el Plan Global se definió el nuevo modelo de desarrollo del grupo tecnocrático. Y sus arquitectos fueron conocidos: de la Madrid, Carlos Salinas, Manuel Camacho, Rogelio Montemayor y José Córdoba.

Formalmente, Camacho empezó a trabajar en el sistema priista en el gobierno de López Portillo. Pero no lo hizo como parte del grupo político que trataba de contener el avance de los tecnócratas. No. Camacho fue uno de los operadores de Carlos Salinas para apoderarse de la estructura del Estado. Peor aún, el grupo de Salinas derrotó a los dos grupos priistas tradicionalistas: el de Jesús Silva Herzog y el de Javier García Paniagua. En la crisis del PRI de 1987 por la consolidación de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, quienes buscaban mantener vigentes las ideas de la Revolución Mexicana, Camacho permaneció al lado de Carlos Salinas. (Ramírez, Carlos, Camacho, Un Córdoba progresista, La crítica política, México, 2 de mayo de 2005).

En el caso del PAN no hay una influencia sobresaliente en los cambios del sexenio de Miguel de la Madrid, pero a fines de éste se opera una transformación que derivaría en un alineamiento panista a las próximas reformas. En el PAN, en 1987 Luis H. Álvarez fue electo Presidente Nacional y en 1990 reelecto, bajo su mandato se dio el gran despegue de Acción Nacional. Pocos años antes el PAN realizó grandes protestas contra los fraudes electorales y comenzó a ganar elecciones. Esta transformación, según los críticos de Álvarez, implicó haber olvidado la doctrina del partido, haberlo abierto y entregado a los neopanistas y, sobre todo, haberse aliado y otorgado respaldo y legitimidad al gobierno de Salinas de Gortari, que era acusado de no haber ganado las elecciones. Justamente esto constituye la influencia del PAN en las políticas reformistas, pues se pactó con el nuevo gobierno, como el propio Álvarez explica en el libro Medio Siglo. Andanzas de un político a favor de la democracia, de reciente publicación. Es decir, el PAN buscó un pacto por la transición y lo negoció con Camacho, en el que se legitimaba al salinismo y se apoyaban las medidas modernizadoras, a cambio de la reforma electoral y la entrega de gubernaturas al PAN. Por su parte, el Frente Democrático y sus fuerzas en el Congreso se opusieron a un acuerdo.

Puede observarse con nitidez como los actores de la transición se empezaban a mover: el grupo reformista dentro del gobierno (los tecnócratas) pactaba con la oposición gradualista (el PAN) y se efectuaba el contubernio entre el núcleo inmovilista del sistema (los dinosaurios) y la oposición maximalista (el FDN, hoy PRD), movimientos que actualmente se proyectan en el proceso electoral que se vive en México.

En lo que toca al empresariado mexicano hay que ubicar un antecedente que explica la adhesión a las reformas implementadas por de la Madrid: durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) hay una ruptura del gobierno con los empresarios por la expansión del aparato estatal, el irresponsable manejo de las finanzas públicas y por serios desencuentros ideológicos; posteriormente, en la presidencia de José López Portillo (1976-1982), además de prevalecer las incompetencias estatales, se presenta la nacionalización de la banca y la explosión de las crisis económica, lo que dejaba como saldo una profunda ruptura entre el viejo sistema y la clase empresarial.

Ante esto los empresarios “emergen como una nueva fuerza política organizada, en torno a las estructuras corporativas oficiales (Concanaco, Concamin y Canacintra, así como las creadas de manera autónoma (Coparmex, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios –CMHN– y principalmente, el Consejo Coordinador Empresarial –CCE– creado en 1975 para enfrentar las iniciativas políticas del gobierno de Echeverría).“ (Montesinos, Rafael, Un modelo para analizar la transición mexicana, Textos para la Transición, Gobierno del Estado de Aguascalientes, México, 2001, p. 118).

Era obvia entonces una actitud de dura crítica al gobierno de Miguel de la Madrid, de activa oposición y participación en la elaboración de propuestas, pero hay que distinguir que aún con ese cuestionamiento rígido, había una coincidencia y apoyo a las medidas de ajuste y adelgazamiento, a pesar también de los costos y padecimientos.

Por último, debe destacarse que hacia fines del sexenio (15 de diciembre de 1987) México en-traba a una nueva forma de conducir la política económica: la concertación, el acuerdo que, firmado por la cúpula, compromete a todos los sectores productivos, los pactos se convirtieron en el mejor soporte de la política para el tramo final del gobierno y para llevar la política económica de la administración salinista.

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