Se ha dicho que toda revolución termina devorado a sus hijos. Hoy, en cambio, lo que podemos advertir es que toda transición política termina no devorando a sus hijos sino a sí misma.

El caso de México es un buen ejemplo. La transición nos ofreció un sistema de partidos vigoroso sustentado en la representación ciudadana y nos ha dado una partidocracia ineficiente, onerosa y cínica. Nos ofreció cerrar la brecha entre gobernantes y ciudadanos y éste boquete no ha hecho sino ampliarse. Nos ofreció nuevas formas de hacer política y no se ha cansado de reciclar viejos hábitos corporativistas y autoritarios. Nos ofreció la profesionalización de la política y ésta está cada vez más en manos de advenedizos improvisados y de viejos y joviales oportunista. Y, en fin, nos ofreció la vigencia de la ley y ahora, en voz del alcalde de San Pedro de la Garza García (Nuevo León) Mauricio Fernández, nos promete inaugurar, en un sentido que hubiese desconcertado a Weber, el ejercicio ilegítimo de la violencia desde las instituciones legítimas del Estado.

Como se sabe la iniciativa de Fernández consiste combatir el crimen organizado creando una suerte de “grupos de limpieza” que puedan actuar más allá de las limitaciones legales ya que, se dice, sólo así habrá efectividad. En esta perspectiva actuar apegándose a la ley es dar ventajas a un adversario que, por definición, toma sus riesgos, construye sus fortalezas y acumula sus ganancias precisamente en función de su capacidad de transgredir toda norma legal. Hay aquí,  entonces, una batalla desigual. Para equilíbrala es necesario “tomar al toro por los cuernos”, según la expresión taurina usada por Fernández, lo que para él significa no otra cosa sino el abandonar cualquier escrúpulo legal y actuar, no bajo lo que exige la ley, sino bajo los imperativos de una cruzada justiciera, una cruzada animada por el más obsceno de los populismos, es decir aquel que nace del miedo y la desesperación de la gente.

Pero los desplantes y arrebatos bravucones de Fernández son algo más que meras anécdotas autoparódicas. Debemos atenderlos no sólo porque, al parecer, ya se ha iniciado la movilización de estos grupos de limpieza sino porque revelan mucho de los ánimos y percepciones que hoy prevalece en amplios sectores de la población, ánimos y percepciones que no se distinguen precisamente por su apego ni al estado de derecho ni a la democracia. Hay pues, en efecto, varios puntos de preocupación.

Preocupa, en primer lugar, que los actores sociales y políticos que están accediendo al poder público –algunas veces como en el caso del alcalde de San Pedro de la Garza García desde el poder económico- estén convencidos de que es necesario establecer este tipo de comandos de limpieza para garantizar el orden y seguridad.

Y ciertamente las dimensiones que ha adquirido el crimen organizado han puesto, en sentido casi literal, una prueba de fuego a la gobernabilidad democrática del país. Es cierto también que hasta ahora no podemos decir que hayamos aprobado esta prueba o que estemos en vísperas de hacerlo. Pero también es cierto que pronunciamientos o iniciativas como las del señor Fernández son más una nítida expresión de esta falta que señales de una solución razonable. Más aún, es seguro que de prosperar estas iniciativas lo que se estaría logrando es debilitar aún más al Estado, acentuar su anemia institucional y, en un grado extremo, incitándolo a  renunciar a los fundamentos de legalidad que le dan su razón de ser.

No podemos olvidar que el estado de derecho se construye día a día. Para que la legalidad sea la regla y no la excepción, para que se vuelva una sana costumbre – si bien aburrida y gris- debe ser cultivada y protegida cotidianamente en particular por aquellas instituciones que hemos creado para garantizar su vigencia. Norberto Bobbio lo ha dicho mejor: “La prueba de fuego del estado democrático es no dejarse envolver en un estado de guerra con ninguno de sus ciudadanos, y por lo tanto reside en la capacidad de responder a las declaraciones de guerra reafirmando una vez más, solemnemente las tablas de la ley” (Las ideologías y el poder en crisis, Ariel, 1988).

En segundo lugar, intranquiliza el grado de consentimiento que esta forma de barbarismo, como lo son estos “grupos de limpieza”, parece estar recibiendo en algunos sectores de la ciudadanía que, desesperados o bajo la tutela del miedo o la mera desinformación, no advierten la renuncia a la legalidad que supone la creación de comandos justicieros con patrocinio institucional.

El apoyo, más abierto o recatado, que ha recibido esta propuesta lejos de ser un signo de salud cívica puede ser visto también como parte de la patología que se quiere sanar. Este consentimiento nos habla sí de la desesperación y enojo de muchos ciudadanos, pero también, y de manera más dramática, de la extrema fragilidad que entre nosotros tiene la cultura de la legalidad. La anuencia a los “grupos de limpieza” subestiman el hecho de que, a fin de cuentas, se está tomando el lenguaje de la delincuencia como el único lenguaje pertinente para combatirla ya que ahora, al parecer, el lenguaje de la legalidad nos parece inaudible, borroso, inteligible o, peor aún, irrelevante y prescindible.

Una cultura de la legalidad tiene su propia gramática. La legalidad demanda que las opciones y soluciones que se presenten para atender las exigencias de una gobernanza democrática se piensen, se discutan, se dialoguen con el lenguaje mismo de la legalidad, con sus términos y conceptos y dentro del horizonte de posibilidades que su sintaxis otorga. Renunciar a ello es una claudicación cívica, es renunciar a entendernos bajo las normas de la civilidad y la ley.

Y, finalmente, un tercer elemento de inquietud es la evolución –militar, económica y política- que puedan observar estos comandos de limpieza y el impacto que ello tenga en el futuro mediato e inmediato de nuestra convivencia social y, en términos más amplios, en la gobernabilidad democrática, la vigencia del estado de derecho y el desarrollo institucional del país.

Debemos advertir que al dar carta abierta para que se criminalice el combate al crimen se está abriendo la puerta para que los nuevos grupos armados tomen su aliento propio y que en menos tiempo del que se espera estos grupos se conviertan en sí mismos en una nueva fuerza de poder que, por su origen y modus operandi, no se siente obligada o ligada ya no digamos con la democracia sino con la legalidad misma.

Impunes, ilegítimos y armados y financiados a la sombra del Estado, ¿qué o quiénes les convencerán de moderar sus ambiciones económicas y aspiraciones de poder?, ¿qué o quiénes les evitaran introducir su propia agenda en la agenda pública?, ¿quiénes demarcarán sus límites, a quién les rendirán cuentas?

No debemos olvidar la lección que nos da nuestra propia experiencia y de otros países: alentar la formación comandos paramilitares y parademocráticos es crear estructuras paralelas de poder que tarde o temprano reclaman su propia cuota de poder público y económico.

No estamos, entonces, como diría Raymond Aron, “obligados a lo injustificable”. Para resolver sus problemas de seguridad, México –y supongo que tampoco San Pedro de la Garza García- no necesita de fanfarrones justicieros, de machos bravucones ansiosos de afirmar su masculinidad, ni de “comandos de limpieza.”  Lo que sí necesita, y de manera urgente, son autoridades que no sólo protesten protocolariamente cumplir la ley sino que sean competentes para hacerla cumplir sin quebrantarla y que, y esto es lo básico, que crean realmente en la ley, que estén casi patológicamente convencidos de que la mejor forma de proteger a la ciudadanía es protegiendo la legalidad y no violentándola.

No estamos obligados a lo injustificable., 10.0 out of 10 based on 4 ratings