En México la corrupción y la falta de una adecuada cultura en la rendición de cuentas, son factores básicos, que se suman a la discrecionalidad en el uso y aplicación de los recursos  públicos.

De acuerdo al último informe de Transparencia Internacional (TI) México ocupa el lugar número 72 en el nivel de corrupción durante el 2009. Se encuentra al nivel de Trinidad y Tobago, Perú, Macedonia, Surinam, entre otros; y por debajo de países como Chile, Costa Rica, El Salvador, Cuba y Lituania, entre otros.

La Cuenta Pública del 2007 (la más reciente), entre otras cosas, hace mención del nivel de opacidad que existe en instrumentos como los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos. Se señala en el documento mencionado, que de acuerdo a la revisión efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el número de figuras jurídicas se incrementó de 1,387 en el 2004, a 1,409 en el 2005 y el monto de sus activos pasó de 675 mil millones de pesos (MMP) a 742 mil millones de pesos, es decir casi 7 puntos porcentuales del PIB a precios del 2009.

Al cierre del 2007, como consecuencia de la actuación de la ASF, estos instrumentos disminuyeron a 341 fideicomisos sin estructura, 27 mandatos y 9 contratos análogos alcanzando un total de 377 figuras jurídicas. No obstante lo anterior, el grado de opacidad sigue siendo escandaloso, manejándose montos muy importantes en disponibilidades de recursos públicos, que sólo en el 2007 ascendieron a 327.1 MMP.

No obstante lo anterior, la opacidad en el uso de los recursos públicos que se transfieren a las entidades federativas, sigue siendo una de las cuentas pendientes que urge ponerle atención. Casi el 40% del gasto público se transfiere a los estados vía las participaciones (ramo 28) y los fondos de aportaciones (ramo 33) y, sin embargo existe discrecionalidad en su aplicación, toda vez que son las auditorías locales las encargadas de la supervisión y, en la mayoría de los casos, estos despachos son confiados a una persona cercana al Ejecutivo Estatal.

Doy un dato, después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall destinó 1.6 billones de pesos (BP) del 2009 (poco más de 114 mil millones de dólares) a la reconstrucción de Europa durante 1947-1951. En México, sólo del 2006 al 2008 se transfirieron recursos del orden de 2.5 BP, equivalente a casi 179 mil millones de dólares. ¡Que se hace con tanto dinero!

En Aguascalientes por ejemplo ‑de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO)‑ de 1999 al 2009, las transferencias presupuestales casi se cuadruplicaron al pasar de casi 3 mil millones de pesos (MMP) a 12 mil MMP, un incremento de casi 300% y en promedio anual de 79%. Y sin embargo, la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos deja mucho que desear.

El mismo estudio del IMCO señala, que de acuerdo al Índice de Información Presupuestal, en una escala de 1 al 100, el estado de Durango es el mejor posicionado, imagínese, con el 74.4%. En el caso de Aguascalientes este indicador se ubica en 67.4%. Hay un estado que muestra una opacidad total. Es Baja California Sur con ¡0!. Otros como Guanajuato con 39.5%, Tlaxcala 46.5%, Tamaulipas con 41.8%, Morelos con 55.8%, el D.F. 60.4%. Como se observa la opacidad es una de las características que muestran la mayoría de las entidades federativas a la hora de rendir cuentas.

La anarquía y disparidad que se presentan en el uso de los recursos públicos en las entidades federativas, muestran los diferentes criterios para clasificarlo y lo hace más opaco. A ver si para el 2012 cuando entre en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se corregirá este mal que fomenta la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. De nada sirve la descentralización del dinero público, si solo fomenta la corrupción.