Aguascalientes

Escrito por on May 25th, 2009 y archivado en Política. Tu puedes seguir los comentarios a esta entrada a traves de RSS 2.0. Comentarios y referencias estan cerrados.

brutalidad-policial-en-tacnaEl viejo sistema político del presidencialismo autoritario se prestaba sin duda a múltiples abusos de autoridad…¡pero cómo extrañamos sus ventajas! Una de ellas era que el poder inmenso del Presidente de la República generaba un sentido de equilibrio en el ejercicio de los poderes locales. Los gobernadores tenían que andar con cuidado porque su separación del cargo era tan fácil como una llamada telefónica del titular del Ejecutivo al secretario de Gobernación. Pero a partir de la alternancia con el gobierno de Fox, las cosas han cambiado radicalmente. Hoy en día, para los gobiernos estatales “ancha es Castilla”. No hay poder que los someta. Podemos ver algunos casos, comenzando por Aguascalientes.
Con recursos del erario público se le otorgó un crédito por 98 millones de pesos al Club Necaxa, el mismo que recientemente cambió de categoría al bajar a ésa a la que eufemísticamente llaman “Primara A” y que en realidad corresponde a lo que antes conocíamos como segunda división. Hasta donde sabemos, la función de prestar dinero corresponde a los bancos, a las casas de empeño y a los agiotistas. En todo caso, el gobierno dispone de fondos especiales para el apoyo a pequeños empresarios y a las personas de escasos recursos que deciden autoemplearse mediante negocios de subsistencia. Esos fondos cuentan con un capital inicial predeterminado que suele ser modesto y la recuperación de la cartera permite seguir apoyando nuevos proyectos. Son apoyos de tipo social que nadie cuestiona.
Pero prestar dinero a los ricos no es tarea ni obligación del gobierno. En este caso estamos hablando nada menos que de Televisa. Si los empresarios del Necaxa decidieron aceptar la generosa oferta del gobierno, seguramente lo hicieron porque superaba con creces las ventajas de un crédito bancario. El gobierno afirma que tiene los avales suficientes (las cartas de tres jugadores que si permanecen en un equipo de segunda tendrán muy poco valor) y que el crédito se pagaría en 24 meses. Hasta ahora no se ha informado qué porcentaje se ha recuperado. Si el préstamo fue a fondo perdido, se trataría de un gravísimo daño patrimonial para el erario público del Estado. Además, los 98 millones de pesos prestados al Necaxa bien pudieron haber servido para construir escuelas, centros de salud, vivienda popular, etc.
El asunto del estadio Victoria implica también un daño patrimonial. Se construyó en terrenos que son propiedad del municipio de Aguascalientes y una vez terminado el nuevo recinto, fue prestado en comodato por 50 años al patronato que administra el Club Necaxa, sin ninguna contraprestación a cambio. Se trata de bienes públicos que las autoridades están obligadas a preservar como parte de un patrimonio común. Se pueden vender o rentar en beneficio de la hacienda pública pero no regalar y menos a los ricos.
Por si fuera poco, el caso de quienes compraron palcos representa una verdadera estafa. La letra chiquita de los contratos dice que el Patronato se compromete a mantener funcionando un equipo profesional de futbol y se supone que la liga “Primera A” es de profesionales. De haber sabido que el Necaxa bajaría a la segunda división, nadie se hubiera atrevido a comprar un palco, a menos que se trate de los empresarios o funcionarios que, según se dice, fueron obligados a hacerlo.

Jalisco
El gobernador de Jalisco no se queda atrás en eso de los daños a la hacienda pública. Yo tenía de él una imagen aceptable. Cuando fue presidente municipal de Guadalajara estuvo promoviendo la construcción de un museo Guggenheim a las afueras de la capital jalisciense. Era un proyecto muy interesante y cuando el alcalde daba entrevistas para exponer los detalles, parecía un hombre articulado, inteligente y con un buen nivel de dicción. A estas alturas no sé dónde quedó el proyecto. Ya como gobernador del Estado enseñó el cobre. No sé de dónde sacó los argumentos legales para justificar la entrega de 90 millones de pesos a la Arquidiócesis de Guadalajara, destinados a la construcción de la iglesia de los mártires. Las razones prácticas iban en el sentido de que se pretendía promover el “turismo religioso”.
Si el gobierno del estado de Jalisco construyera infraestructura (vialidades, redes de agua y drenaje, obras de electrificación, etc.) en sus litorales para promover el desarrollo turístico, nadie lo criticaría porque esa sí es una de sus funciones para elevar el nivel de vida de la población. Por lo general se trata de proyectos específicos y de antemano se sabe cuántos empleos directos e indirectos se crean, cuál será la derrama económica de esas actividades, qué beneficios recibirán las poblaciones aledañas, etc. Así deben manejarse los recursos presupuestales, con un claro sentido de costo-beneficio. Pero destinar 90 millones de pesos a un proyecto cuyos beneficios concretos resultan punto menos que imposibles de precisar, es algo que está fuera de toda lógica.
Para colmo, a la limosna multimillonaria sobrevino el escándalo. Invitado a un convivio y en presencia del cardenal Juan Sandoval, el gobernador González Márquez llegó en visible y avanzado estado de ebriedad y decidió mentarle la madre a sus críticos. El evento fue grabado y el país entero pudo constatar la ordinariez del mandatario jalisciense.
Zacatecas.
En días pasados se fugaron 53 reos de un penal cercano a la ciudad de Zacatecas. Un comando armado los liberó sin disparar un solo tiro. Salieron como si hubieran estado hospedados en un hotel. Un video que se filtró, muestra la forma en que los custodios del centro penitenciario colaboraron para facilitar la fuga. Por supuesto que el asunto se convirtió en un escándalo nacional. La PGR atrajo la investigación y hasta el momento de escribir estas líneas no se había recapturado a ninguno de los escapados.

El asunto dio lugar a un nuevo capítulo en el enfrentamiento de la actual gobernadora con su antecesor, el senador Ricardo Monreal. Este último la acusó de mantener vínculos con el crimen organizado. Ella le pidió que presente pruebas ante la PGR. Siendo gobernador Monreal, expropió un predio en el que había una deshidratadora de chiles. Lo donó a dos de sus hermanos y a su hija. En enero pasado, el Ejército encontró 14.5 toneladas de marihuana en una bodega de ese predio. Por lo visto se cambió de giro y en lugar de secar chiles terminaron deshidratando “cannabis indica”.Algunos periodistas le sugirieron a la gobernadora Amalia García que se separe del cargo para que se investigue a fondo por qué Zacatecas es un estado en el que no hay control sobre las cárceles. De nada sirve castigar a los delincuentes si pueden salir de los penales sin ningún problema. Suena lógica la sugerencia. Pero la gobernadora se encastó y declaró de manera contundente que no se va porque el problema es de los dos niveles de gobierno, el federal y el estatal. Lo único que hizo fue pedir la renuncia de su secretario de seguridad pública. Por supuesto que la fuga fue posible gracias a la colaboración de las autoridades del penal. Se pudieron haber ido los más de 700 reos que había en esa cárcel. Pero fueron selectivos: los únicos que consiguieron salvoconducto fueron los 53 presos relacionados con el crimen organizado. La gobernadora sabe perfectamente que la administración de los penales está en manos de los gobiernos estatales (incluso algunos municipales), salvo los de máxima seguridad que administra el gobierno federal. No puede eludir su responsabilidad.
En fin, en los tiempos del “ancienne regime” era casi impensable que todas estas cosas sucedieran. ¡Cómo han cambiado los tiempos!

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