Impartición de justicia en línea

Escrito por on abr 2nd, 2009 y archivado en Sin categoría. Tu puedes seguir los comentarios a esta entrada a traves de RSS 2.0. Comentarios y referencias estan cerrados.

El Presidente Felipe Calderón recién envió, antes de salir de viaje a Inglaterra, una iniciativa al Congreso de la Unión, iniciativa por la que promueve la reforma a los ordenamientos legales conducentes con el fin de establecer la impartición de justicia en línea, para que se puedan promover juicios sobre materia administrativa federal, por internet.

Esto es una gran noticia que implica un gran adelanto, a todas luces conveniente y sobre todo necesario y posible ya ahora en nuestro medio jurídico.

La justicia administrativa, en términos generales es la que tiene que ver con la resolución de controversias, es decir de litigios, de juicios en lo que de manera medular se discute la actuación de una autoridad principalmente en virtud de sus actos que dirige a los gobernados.

La materia jurídico-administrativa es muy amplia, incluyendo conceptualmente y de manera destacada a la materia fiscal, es decir, la impositiva, que por sí misma es una rama jurídica. Además, la materia administrativa abarca otros ámbitos del derecho en cuanto regula las relaciones de los particulares con la autoridad o las relaciones jurídicas en las que en términos generales una de las partes es la autoridad. Como partes de ella están, por ejemplo el derecho aduanero, la materia del jurídico-ambiental, el derecho migratorio, el derecho de la propiedad industrial, la regulación urbanística, la amplia materia jurídica de caminos, comunicaciones y transportes, la regulación de salud, seguridad social y grandes aspectos jurídicos de la educación, la legislación de aguas, muchos aspectos de las normas sobre adquisiciones de bienes por el sector público, sobre todo lo relativo a concursos para compras y obras, la regulación de muchos aspectos de la materia e instituciones financieras, aspectos jurídicos del turismo y muchos otros ámbitos que encuadran dentro de esta variada y rica amplitud jurídica.

Este campo es en el que podemos decir, de manera general, que una de las partes es la autoridad –que actúa como institución gubernativa, por ejemplo dando o negando permisos o licencias o cuando otorga o revoca concesiones o cuando practicando todo tipo de inspecciones y visitas domiciliarias determina las consecuencias de dichas visitas, tal vez imponiendo sanciones, clausuras u otras medidas, así como cuando resuelve los cobros fiscales, da o niega registros, resuelve sobre el otorgamiento de contratos de adquisiciones o de obras y, en fin, una amplia gama de posibles ejemplos de actos de autoridad que no terminaríamos de mencionar, en tanto que la otra parte es el particular a quien se dirigen o afectan esos actos de autoridad.

En estas relaciones jurídicas entre autoridad y particulares puede surgir controversia sobre la decisión gubernativa, estando inconforme el particular por estimar que la autoridad no resolvió o no actuó conforme a derecho. Cabe señalar que la actuación ilegal de la autoridad puede deberse a muchas causas: ignorancia del funcionario respectivo, diferencia de criterio en la interpretación de la ley, falta de claridad de la norma que conduzca a confusión en su aplicación o aún en algunos casos –aislados- aparece la mala voluntad, así como muchas otras causas. A su vez, las razones de la inconformidad del particular pueden ser muchas pero desde luego el asunto debe ser analizado por un profesional del derecho, por un abogado, para poder emitir una opinión sobre si el acto de autoridad puede considerarse legal o ilegal y someter su resolución a la decisión de un tribunal.

Es aquí donde aparece la impartición de la justicia administrativa. Para la resolución de estos casos, se ha venido desarrollando en el país un sistema orgánico-procesal de resolución de controversias entre los particulares y la autoridad, creándose como primer tribunal especializado, hacia fines de los años treintas del Siglo pasado, precisamente en 1937, el entonces llamado Tribunal Fiscal de la Federación, que originalmente y durante más de sesenta años conoció prácticamente de manera exclusiva de asuntos de materia fiscal federal. Este Tribunal, de estar concentrado en la capital de la República, fue ampliando su expansión territorial, para poner más al alcance de los particulares la impartición de justicia fiscal en el país, creándose a partir de 1978 las Salas Regionales, que fueron aumentándose ampliamente en número y ubicación a lo largo y ancho del territorio nacional. Posteriormente, en el año 2000 se modificó la legislación de este Tribunal, transformándolo substancialmente para que pueda conocer y resolver las controversias de la materia administrativa federal, ya no sólo de la materia fiscal. Así, se amplió grandemente su competencia, configurándose un gran avance en la especialización de la impartición de justicia administrativa y además de ampliarse su competencia, se le bautizó con un nombre de gran longitud: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La creación y ampliación –territorial y de competencia- de este Tribunal implica un eslabón más del estado mexicano en el cumplimiento de la garantía de impartición de justicia. Con su existencia se hace posible que los particulares tengan acceso a la resolución de sus controversias en relación a los actos de autoridad que consideran ilegales, resolución que se dicta entonces por un órgano especializado de impartición de justicia administrativa.

La semana pasada el Presidente Calderón envió al Congreso de la Unión la iniciativa para un nuevo y muy trascendente paso en la impartición de justicia administrativa –que además resulta el primer paso en este aspecto la impartición de justicia en general- al proyectar la reforma a las leyes de la materia para hacer posible la promoción, trámite y resolución de estos juicios administrativos, a través de la maravilla de la tecnología que es el internet.

Esta iniciativa es sin lugar a dudas un salto gigantesco en el sistema de justicia mexicana, pues colocará al Tribunal administrativo a la vanguardia tecnológica en materia de tramitación y resolución de juicios por la vía electrónica del internet. Definitivamente es encomiable esta gran decisión presidencial –desde luego analizada de manera detallada por el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, de conformidad a las instrucciones del propio Mandatario Calderón-, decisión que significa el trascendental ingreso de la impartición de justicia en México, de lleno, a la modernidad tecnológica del Siglo XXI. Enhorabuena.

Como siempre, nos vemos la semana que entra, si Dios nos da vida y otros no nos la han quitado.

lic.guillermo.macias@gmail.com

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1 comentario en “Impartición de justicia en línea”

  1. Martín Sánchez Testa dice:

    Un saludo estimado profesor, muy claro y bien escrito el artículo.

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