En un reciente artículo la periodista y reconocida activista por los derechos humanos Lydia Cacho, refiere una reveladora experiencia personal con José Luis Santiago Vasconcelos. El ex subprocurador de la PGR y titular SIEDO hasta su trágica muerte el 4 de Noviembre de 2008, según cuenta Lydia, le confió que estaba cansado y frustrado del “engendro de sistema de justicia disfuncional” de nuestro país dominado por la corrupción en infiltración del crimen organizado en las fuerzas del orden. Quien reconociera públicamente, según lo reportado por “La Jornada” el 25 de enero de este año que él mismo iba a ser asesinado por sicarios, nunca dejó de hacer evidente la desventaja de las fuerzas del orden público en la desigual guerra emprendida al inicio del actual sexenio y que el crimen organizado permea y corrompe. El sentir del funcionario que refleja la periodista en esta memoria, proyecta una sensación de impotencia ante la interacción de fuerzas inasibles, trasnacionales y oscuras en el gobierno, que se acentúa ante la opinión pública por las conocidas condiciones del trágico accidente en donde perdió la vida junto con el Secretario de Gobernación.
¿Cómo emparejar las fuerzas en el combate al narco? Las guerras se ganan con dinero, dinero y más dinero, decía Napoleón. ¿Qué toca hacer en esta época de previsiones presupuestales? El reto se agranda ante la amenaza de un futuro económico incierto por el impacto de la crisis financiera global condimentado por el imprevisible futuro de los enormes poderes fácticos que controlan los energéticos a nivel internacional debido al resultado electoral en los EU. En tanto el poder del dinero del crimen organizado se concentra en su propósito expansionista y corruptor, la desventaja financiera del gobierno hace necesaria una más inteligente aplicación puntual del gasto público. ¿Quién garantiza que las armas, instalaciones y equipo que con recurso público se adquiere, por la infiltración y corrupción no use contra la sociedad?
Como si además no importase el colapso del paradigma neoliberal con la crisis global, que amenaza la viabilidad económica y estabilidad social, nuestros políticos mantienen su decidida terquedad de aplicar el gasto público con los mismos criterios de siempre. Sin demostrar o probar cómo ni por qué el presupuesto para 2009 tiene “profundo sentido social”, el Secretario de Finanzas en su comparecencia ante la H. Legislatura del estado insiste en mantener la estructura del destino del gasto como si nada estuviese ocurriendo. Como si sólo con armas, instalaciones, equipamiento y obra pública todos los males de la sociedad se evaporaran. ¿Y la demandada eficacia en materia de seguridad? Simple: con un poco de oratoria y boato protocolario se cumple el expediente de echar incienso a un patéticamente insubstancial Acuerdo de Seguridad, llenar con tinta de pluma alquilada espacios periodísticos de los que aún quedan para festinarlo, y ¡a darle a la obra! que de seguro algo sobra.
Al menos en memoria del malogrado funcionario público federal, ya que la asimetría en capacidad monetaria no favorece una guerra frontal ¿no podría destinarse el gasto público para atajar inteligentemente el problema de la criminalidad minimizando el riesgo de corrupción de los cuerpos policíacos? ¿Cómo?, evitando que cada vez más jóvenes sin dignas opciones de ocupación pasen a engrosar las filas de la delincuencia organizada, reactivando la economía local. Con los recursos federales etiquetados para construir infraestructura pueden hacerse centros deportivos, centros de formación en el trabajo y autoempleo, talleres populares y mercados públicos antes que obra suntuaria. Para que la economía local realmente tenga opciones, además de la redirección del gasto hacia este tipo de infraestructura, se requiere construir mecanismos que permitan captar la derrama sin que se filtre a los drenajes abiertos principalmente del sistema bancario y del comercio que paga regalías hacia afuera. Captar, reciclar y multiplicar los flujos deberían ser prioridad de la inversión pública para con ello hacer florecer la economía local.
La ocupación digna, suficiente y remuneradora es el mejor antídoto ante el avance del crimen organizado. Con una lectura de las condiciones socioeconómicas congruente con los actuales acontecimientos, se puede aplicar de manera más útil el dinero público. Si se quiere, se puede.
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