Felipe Calderón

Este 28 de noviembre se cumplieron 100 días de la firma del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que suscribieran el pasado 21 de agosto los poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, ante la necesidad de dar una respuesta más contundente y coordinada en la lucha contra el crimen organizado.

Hay que recordar el entorno en que se dio el Acuerdo, caracterizado por una profunda indignación y desconfianza social por la incapacidad de las autoridades para contener el avance de la violencia y la delincuencia, particularmente por el secuestro y asesinato del joven Alejandro Martí, como se demostraría posteriormente con la movilización convocada por Iluminemos México en las múltiples marchas que se realizaron a lo largo de todo el país el sábado 30 de agosto.

Habiéndose fijado el plazo de 100 días para entregar resultados -en tono a la vieja tradición priísta, como si el número fuera mágico-, hay que revisar la evaluación, ver el Acuerdo en el contexto de una decisión política anterior y más compleja, así como observar el componente que le falta al modelo propuesto.

El dato más contundente, reconocido por el propio presidente Calderón, es que no hay resultados satisfactorios. Hay una lista de acciones y logros que dan cifras de detenciones, decomisos, incautaciones, elementos y delincuentes caídos, incrementos presupuestales y demás; pero faltan resultados que reestablezcan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y propicien un clima de seguridad que le quite el miedo a la población.

Hay, en efecto, cambios, nuevas medidas, más coordinación y hasta voluntad; pero hay también, en estos 100 días, una respuesta más intensa del crimen organizado con levantones, ejecuciones, amotinamientos en penales, atentados, amenazas, extorsiones, secuestros, asesinatos de autoridades, funcionarios y periodistas, infiltraciones, corrupción, etc.

Pero más grave son los signos del escalamiento de su respuesta, al desafiar al propio Estado mexicano con actos de terrorismo, como el perpetrado en la noche del grito en el centro de Morelia, al que se le suma, en la percepción de la gente y producto de su desconfianza -pese a la versión oficial de accidente-, la muerte de Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos, figuras clave en la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado.

En el balance hasta el momento, algo bueno es la disposición al acuerdo de los actores políticos y sociales, la línea de consenso que sigue manejando el gobierno calderonista y haber llevado y centrado en la agenda pública la demanda y presión de la ciudadanía a las autoridades para que den resultados.

Uno de los argumentos más sólidos que explican lo que está pasando es lo que los especialistas en el tema de seguridad han venido diciendo desde hace tiempo: la ausencia del trabajo de inteligencia. Es decir, el haberse embarcado en una lucha que ciertamente se justifica, pero que no se puede emprender sin conocimiento de los elementos de una decisión estratégica: el espacio, el tiempo y las fuerzas materiales y morales que definen una situación, en el caso la guerra contra los cárteles del narcotráfico.

A dos años de haberse emprendido esta lucha, que constituyó la decisión fundamental para el arranque del gobierno de Calderón, se puede concluir lo siguiente:

Primero: la valoración de la decisión del presidente es éticamente correcta, pero técnicamente precipitada y, por lo tanto, ineficaz.

Segundo: la guerra emprendida demuestra una reciedumbre y voluntad del Ejecutivo en hacer lo debido, pues prefiere asumir costos que salir por la vía cómoda del pacto o displicencia con el crimen organizado.

Tercero: la guerra emprendida, como lo esperaba el cálculo del círculo de poder de Calderón, contó con la aprobación ciudadana en un primer momento, pero tal acuerdo se ha visto disminuido porque no se han dado señales de que esto vaya a terminar pronto, sino todo lo contrario.

Cuarto: la reacción de la delincuencia ha superado las capacidades institucionales de las autoridades, sobre todo cuando las mismas han sido penetradas.

Quinto: la sociedad, sin duda, aprueba, una lucha contra la delincuencia, pero no quiere ser víctima y requiere conocer o tener una idea de cuándo puede esperar el reestablecimiento del orden.

Sexto: el saneamiento de las instituciones en todos los niveles, pero principalmente desde arriba, como lo es la Operación Limpieza, prueba el arrojo y alcance de la estrategia federal; pero desconcierta porque, debiendo haber sido el primer paso, muestra la limitación de lo logrado hasta el momento por la corrosión que tienen las propias estructuras policiales y deja la duda si habrá realmente una depuración total.

Séptimo: pese a todo, el gobierno federal, hay que reiterarlo, asume un compromiso de peso y costos al actuar en contra de los altos mandos de su propio aparato, aún con el desgaste que ello representa. Aquí es importante señalar que hay una crítica parcial que denuncia la corrupción de los cuerpos de seguridad en el actual gobierno, pero que deja de lado el hecho de que esto no tiene precedentes, que nunca se había visto la decisión mostrada hasta ahora. Limpiar la casa es sacar la mugre y con ello se puede obtener una baja calificación en la percepción de la corrupción de las instituciones; contrario a lo que antes sucedía, que era no limpiar la casa y sacar buenas notas, manteniendo la suciedad bajo la alfombra, lo que significaba mantener la prioridad en la apariencia sobre el ataque a los problemas.

Octavo: el abordaje de la seguridad debe ser parte de una política integral, la de gobernabilidad, que cruza por el quehacer del Estado, el mercado y la sociedad.

Antecede a estas conclusiones, como se ha dejado entrever, el asunto de la toma de decisión que hizo Felipe Calderón sobre el tema de la seguridad como su primera medida estratégica. Para comprender esto hay que revisar las resoluciones políticas de arranque de anteriores gobiernos: Carlos Salinas de Gortari tomó como primera decisión programática la creación del Programa Nacional de Solidaridad, pero políticamente sus primeras acciones fueron los llamados “golpes espectaculares”, consistentes en acciones perfectamente instrumentadas que lo legitimaran después de una elección en que estaba en duda su triunfo. Resultado: la decisión tomada fue exitosa para Salinas.

Ernesto Zedillo, sin margen de maniobra, abordó como su primer asunto de Estado la contención de la crisis, haya sido por el error de diciembre o por la economía sostenida con alfileres que le dejó Salinas. Resultado: la decisión fue correcta y con buenas cuentas.

Fox optó por atender el problema del zapatismo –que había prometido resolver en 15 minutos durante su campaña-, un tema que no estaba en la agenda nacional y que la gente no tenía entre sus preocupaciones, pero que él busco solucionar como prioridad por el amplio bono democrático con que llegó. Resultado: la decisión fue equívoca y representó un desperdicio en el periodo de arranque del gobierno foxista.

La presidencia de Felipe Calderón, viendo lo anterior y después de haber vivido el proceso electoral más cerrado en la historia moderna de México, con una oposición perredista que lo desconocía, lo desafiaba y lo bloqueaba para asumir el poder, elige la guerra al crimen organizado, decisión que, como ya se indico, se justifica, pero que se emprendió sin bases y más como una medida de legitimación política. Resultado: hasta ahora incierto.

Finalmente, el componente que le falta al modelo del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es la perspectiva de integralidad, es decir, resolver el asunto de la seguridad no como un tema aislado, sino como parte de la agenda de gobernabilidad que debe tener el Estado.

La gobernabilidad es la capacidad de dar respuestas eficientes, eficaces y legítimas de la autoridad, lo que comprende diseñar e implementar políticas de voz y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de violencia - terrorismo, eficacia del gobierno, calidad normativa, imperio de la ley y control de la corrupción, al menos, que son los grandes rubros del modelo del Banco Mundial.

Es necesario estudiar e implementarla desde este marco general, pero también en el terreno particular, en el del contexto nacional, regional, estatal y local. Esto hay que hacerlo con varias de las herramientas que han sido aplicadas en los comparativos internacionales, pero primordialmente con la construcción de esquemas propios que respondan a condiciones específicas.

Bajo esta visión, hay que estudiar la gobernabilidad en la realidad política concreta para lograr la gobernabilidad de la misma. Ello significa hacer un abordaje al tema de la gobernabilidad con el propósito político de caracterizarla y mantenerla en un espacio y tiempo determinado.

Así, el análisis de la gobernabilidad se convierte en un mapa de conducción política para la autoridad. Hoy la política para la gobernabilidad es un imperativo frente a las amenazas reales que tiene frente a si el Estado.

El autor es socio consultor de Azpol comunicación + estrategia política (www.azpol.com).
gustavomtz@azpol.com