Lo que faltaba. Ahora resulta que la compra de medicinas que realizan los gobiernos en las entidades federativas reflejan un “manoseo” muy preocupante que debe corregirse a la brevedad. En días pasados, un diario nacional destapó la cloaca en que ha caído la compra de medicamentos del Sector Público. Hecho que el pasado mes de octubre en reunión de la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados con el Secretario José Ángel Córdova Villalobos y el Lic. Dionisio Pérez Jácome, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, yo misma denuncié, con información oficial en mano del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) del Seguro Popular.

En este espacio se ha señalado de manera crítica la danza de miles de millones de pesos que se mueven alrededor del Seguro Popular. Este Seguro así lo he sostenido está muy lejos de cumplir con el propósito para el que fue creado y poco a poco se ha venido convirtiendo en un “espacio contaminado” no exento de inequidades y con claros signos de descomposición.

El Seguro Popular debe ser eso, un Seguro para toda aquella población que no cuenta con seguridad social (casi 55 millones de personas) y que necesita de los servicios de salud y atención médica. Pese a la enorme cantidad de recursos que se le asignan año con año, éstos resultan insuficientes por el notorio desaseo en la conducción de este Programa.

Hoy, la compra de medicamentos por las instituciones de salud de los Estados con cargo a los recursos del Seguro Popular muestran serias anomalías derivadas de una falta de política de precios en la adquisición de estos fármacos. La inexistencia de una regulación de precios, en la cual he estado insistiendo, es reflejo del tamaño del desorden de este mercado. Hablo del mercado del sector público y concretamente del que tiene que ver con el Seguro Popular.

Observe usted el tamaño de la incongruencia. Por ejemplo, un medicamento como el Calcio (12 comprimidos efervescentes de 500 mg) es adquirido por el Gobierno de Coahuila en 11.8 pesos; pero el de Aguascalientes compra en 274 pesos el mismo producto; es decir, ¡2 mil 222% más caro! El Fonobarbital (psicotrópico Lista II) 20 tabletas 100 mg, Aguascalientes lo compra a 41.2 pesos; el vecino estado de Nuevo León en 20.8 pesos, pero Quintana Roo dispara el precio a 218.2 pesos.

Le pongo otros ejemplos. La Cabamazepina (Suspensión oral 100 mg/5 ml, envase 120 ml y vaso dosificado) Aguascalientes lo adquiere a 11.8 pesos; el estado de México en 4. 2 pesos; pero Jalisco en 66.9 pesos, es decir, 467% más que el de Aguascalientes y 1,492% más del precio en que lo compra el Estado de México.

Según este informe (que se puede consultar en Internet en la página http://reportepef.cnpss.gob.mx/reportespef/medicamentos/reportes.html#) el importe total a que ascendió la compra de medicamentos durante el primer semestre del 2008 por parte de las entidades federativas fue de casi 780 millones de pesos para un total de 69 millones de unidades.

Una extrapolación sencilla nos dice que el monto estimado que erogan los estados en la adquisición de medicamentos para este año será de poco más de 1,400 millones. Uno se pregunta ¿cuánto se podría ahorrar el erario federal si existiera un mercado regulado de precios de estos fármacos? ¿Cuánto se podría ahorrar una familia que no tiene seguridad social ni seguro popular?

El mercado de los medicamentos en México supera los 120 mil millones de pesos, por lo que nos queda claro que las compras del sector salud apenas representan el 1.1%. En otras palabras, ¿de qué tamaño son los intereses creados por esta industria, para que haya una negación sistemática del gobierno y de sus diputados panistas para regular los precios de las medicinas?

Sin embargo, no hay que quitar el dedo del renglón. Creo que el Seguro Popular ya ha dado muestras claras de su inequidad, ineficacia y de falta de pulcritud en el manejo del dinero. La falta de transparencia, la carencia de reglas claras y la sospechosa inclinación a seguir transitando por el mismo camino, obliga al Congreso de la Unión a revisar y proponer modificaciones a la legislación del Seguro Popular.

Es inadmisible lo que está sucediendo. Son muchas las carencias en salud que viven a diario millones de personas, como para seguir dilapidando los recursos de manera tan descarada. No se trata de desaparecer el Seguro Popular. Se trata de eficientarlo y hacer de él un verdadero instrumento de política de salud pública. Como va, más tarde o más temprano se transformará en un serio problema para el Estado y su costo será insostenible.

Lorena Martínez Rodríguez
Diputada Federal por Aguascalientes
www.lorenamartinez.org