Finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió la semana pasada que en las elecciones internas de la dirigencia nacional del PRD, celebradas el 16 de marzo de este año, hubo un ganador y éste fue Jesús Ortega Martínez, líder de la corriente Nueva Izquierda y, por cierto, originario de Aguascalientes. Esto revirtió la decisión tomada por la Comisión Nacional de Garantías de ese partido, en el sentido de anular el proceso electoral.
El hecho reviste importancia por varias razones. La primera y tal vez la más importante para el país en su conjunto es que el ala moderada del PRD terminó por imponerse. Después de más de dos años de navegar contra la corriente, los políticos profesionales de la franja social-demócrata de la izquierda mexicana hicieron valer su peso, su experiencia y su capacidad política. La corriente insurreccional encabezada por López Obrador no contaba con posibilidades objetivas de triunfo y está terminando por consumirse en una espiral descendente de errores y fracasos.
Hagamos un poco de memoria. Durante el proceso electoral del 2006, la corriente Nueva Izquierda (NI), cuyos personajes más emblemáticos son, entre otros, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete, Graco Ramírez, Fernando Belaunzarán, Guadalupe Acosta Naranjo, se sumaron sin reservas a la campaña de AMLO. Vieron que estaba muy cerca la posibilidad del triunfo de su candidato. Después de la derrota, fueron de los más activos en el movimiento de resistencia, convencidos como estaban de que se había gestado un fraude electoral. Todavía durante la toma de las tribunas de San Lázaro a finales del 2006 para impedir la toma de posesión de Felipe Calderón, los integrantes de NI fueron de los más aguerridos. Recuerdo en especial al diputado Antonio Ortega, hermano de Jesús (a ambos los conozco desde hace varios años y merecen todo mi respeto).
El planteamiento ideado por los líderes del Frente Amplio Progresista, tras la derrota electoral del 2006, fue transitar por una doble vía: la movilización en las calles y la lucha dentro de las instituciones mediante el trabajo parlamentario. El objetivo final era el derrocamiento del gobierno de Felipe Calderón, para dar lugar al nombramiento de un Presidente interino que habría de convocar a nuevas elecciones en el término máximo de año y medio, como lo establece la ley. Sin embargo, en la medida en que el gobierno se fue asentando, los integrantes de NI se fueron percatando de que tener un pie dentro de las instituciones y otro en la insurrección callejera, era algo punto menos que demencial.
Las razones son elementales: el radicalismo no da votos, los quita. Tanto así que donde se paraba AMLO para dizque apoyar a los candidatos de su partido, los resultados fueron desastrosos. En Chiapas Juan Sabines llevaba diez puntos de ventaja tres semanas antes de la elección y terminó ganando apenas por un punto. En Tabasco el candidato del PRD perdió por amplio margen. Finalmente, los candidatos subsecuentes terminaron por decirle: “no me ayudes compadre”. Fue el caso de Leonel Godoy en Michoacán.
No se puede paralizar durante mes y medio la ciudad de México, con las molestias infinitas que esto conlleva, y pedirles comprensión a los ciudadanos. Tampoco se puede irrumpir violentamente en la catedral metropolitana de México y esperar que la población católica (de todo el país) tome los hechos con abnegada resignación. Todo esto fue siendo registrado puntualmente por los miembros de NI que comenzaron a mostrar serias dudas sobre la eficacia de la doble vía. El distanciamiento entre ellos y el grupo radical de AMLO fue paulatino pero insalvable. En algún momento Carlos Navarrete fue categórico: no se puede tener un pie en la vida institucional del país y otro en la insurrección. Por este camino no hay forma de evitar el despeñadero en las elecciones intermedias del 2009.
Finalmente llegaron las elecciones internas en marzo de este año para elegir dirigentes del PRD. Se enfrentaron dos figuras de peso: Jesús Ortega y Alejandro Encinas. Este último contó con el respaldo abierto de AMLO, para quien era vital tener el control del partido con miras a las elecciones federales del 2009, es decir, para nombrar a los candidatos a diputados y preparar el terreno hacia el 2012. La noche misma de la jornada electoral Encinas intentó un albazo al autoproclamarse como ganador con base en un conteo rápido que se le encargó a una empresa encuestadora. Por supuesto que Jesús Ortega no estuvo dispuesto a aceptar esa burda intentona de imposición y comenzó el largo peregrinaje político y jurídico para definir al ganador de la elección. Después de ocho meses, el TEPJF emitió su fallo y reconoció que a pesar de que el 22% de las casillas presenta irregularidades, éstas no son suficientes para alterar el resultado final.
Durante la toma de las tribunas del Senado en abril pasado ya fue muy evidente que AMLO y NI tenían posturas irreconciliables. La percepción de los ciudadanos sobre el PRD tras el asalto, hábilmente magnificado por los medios de comunicación, mostró un rechazo generalizado. La imagen del partido tocó piso. Los legisladores de NI lograron imponerse para poner fin al plantón.
La gota que derramó el vaso fue lo ocurrido con la reforma petrolera. Las fracciones parlamentarias de NI aceptaron negociar con el gobierno, el PAN y el PRI las propuestas que AMLO encargó a un grupo de especialistas. De hecho, se convirtieron en el fiel de la balanza y en buena medida resultaron ganadores en el proceso. Pero como ya sabemos, AMLO tiró a la basura las propuestas y le dio la espalda a NI y a sus propios amigos los intelectuales y expertos, en aras de continuar con su papel de mártir. En ese momento, Carlos Navarrete juró no volver a “los pinitos”, como le llaman a la oficina de AMLO en la colonia Roma del D.F.
La prensa nacional de estos días insiste en que es inminente la ruptura formal en las filas del PRD y que AMLO ya decidió poner casa propia con ayuda del Partido del Trabajo y de Convergencia. Pase lo que pase, hay un claro ganador que, en el conjunto del sistema político, representa un avance para la vida institucional del país. A los integrantes de NI se les acusa de entreguistas, de “paleros del gobierno”, de traidores al “movimiento” de AMLO. Pero cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que el juego político, en cualquier país democrático del mundo, implica negociación, aceptación de las reglas del juego, convivencia civilizada con los adversarios, respeto a la legalidad. Si durante los primeros meses del actual gobierno se pudo haber pensado que era factible provocar su caída mediante la agitación en las calles, como ha ocurrido en algunas democracias a medias o muy incipientes (el caso de Bolivia), a dos años de distancia está visto que semejante pretensión era una locura. Mal que bien somos un país cuya fortaleza institucional es un activo que nos ha tomado casi dos siglos de esfuerzos y contratiempos. Todavía en los años 40 del siglo XX los problemas políticos se resolvían a balazos. Ya no.
Jesús Ortega tiene por delante la enorme oportunidad de fortalecer a su partido convirtiéndolo en un organismo profesional y moderno, al margen de los caudillismos que le dieron origen y con una clara orientación social-demócrata. Va a ser muy difícil porque, aun sin caudillos, el problema principal sigue siendo el tribalismo en el que se sostiene la estructura partidista. Sin embargo, el nuevo presidente del PRD cuenta con una posible ventaja para consolidar su posición: el PRI dejará de ser el fiel de la balanza frente al gobierno y esto fortalecerá los liderazgos formales (legítimos), tanto del PRI como del PRD. Es muy probable que pierdan eficacia los poderes fácticos, trátese de López Obrador o de los líderes de las fracciones parlamentarias. Si esta tendencia se confirma en los hechos, me parece que sería muy saludable para la vida democrática del país.