El Sistema representativo en el Siglo XIX (Primera Parte)

Escrito por on oct 16th, 2008 y archivado en Sin categoría. Tu puedes seguir los comentarios a esta entrada a traves de RSS 2.0. Comentarios y referencias estan cerrados.

Estatua de Francisco García Salinas "Tatapachito" en Paseo de la Reforma

Un relato del proceso electoral de 1830. El caso de Zacatecas
(Primera de cuatro partes)

Nosotros al fin hemos podido triunfar de las armas, del prestigio y del muy arraigado poder de trescientos años sostenido por la opinión, por el abuso que se hizo de lo más santo. Hemos triunfado de nuestras propias preocupaciones, de muchos hábitos heredados y adquiridos; y a pesar de todos nuestros errores, de nuestros peligrosos ensayos, de la falta de aprehensión con que no solo acometimos la empresa de emanciparnos, sino la más peligrosa: de cambiarlo todo de un golpe….cierto es, como lo hemos confesado mil veces, que hemos cometido errores, y estábamos en el caso de cometerlos. El Redactor. Gaceta del Supremo Gobierno de Zacatecas. 1830

La alborada republicana

A lo largo de la primera mitad del siglo XIX y movido por una poderosa influencia del liberalismo europeo, el pensamiento republicano se convirtió poco a poco en el credo político dominante en México. Teniendo como faro las luces la Constitución de Cádiz, la ideal de una república representativa activó los sectores más dinámicos de la sociedad mexicana, en torno a una ideología que proponía un modo teórico muy preciso, la organización de la cosa pública, pero también una especie de programa cuya meta era la modernización del país.[1] Influido por ideas ilustradas y deslumbrado por los progresos del pueblo norteamericano, el liberalismo republicano creía que el sistema representativo era capaz de garantizar, a la vez, la convivencia democrática y el desarrollo económico, para lo cual se proponía, desde luego, permitir a las nuevas instituciones que se consolidaran y garantizar el ejercicio de los derechos consagrados por la nueva Constitución, darle a la institución de la propiedad toda la importancia que se merecía y fomentar la instrucción y corregir los vicios que provenían del régimen virreinal, como los privilegios corporativos del clero y la milicia.

Pero también es verdad que el desarrollo político de la primera mitad del siglo XIX era un movimiento vasto y multiforme que no podía ocultar su incapacidad para conciliar en un solo programa, todos los intereses que provenían desde al virreinato, como los que se habían potenciado en las hostilidades de le guerra de independencia y los que se generaban en torno a la organización de los poderes públicos de la naciente república generando un fenómeno de inestabilidad dadas las múltiples aspiraciones intelectuales, ideológicas y políticas.

Sin tener como propósito hacer una apología del liberalismo y en tanto que esta ideología cruza de hito a hito la historia del pensamiento decimonónico mexicano, es conveniente decir que ese movimiento se definiría a lo largo de su ciclo vital, por la defensa a ultranza de ciertas doctrinas tanto como “por que trató de reconstruir desde sus cimientos el edificio social”.[2] De cualquier forma, no deja de sorprender en la consulta de la abundante bibliografía, la relativa coherencia de la temática liberal en sus orígenes, especialmente por que los asuntos en los que ocuparon sus talentos José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala durante los años veinte y treinta y que fueron, como podremos ver más delante, los que inspiraron a los liberales zacatecanos al redactar sus Bases Constitucionales en el marco del sistema federativo. La interpretación regional que deriva de la adopción de preceptos puramente intelectuales concebidos ya por Mora, ya por Zavala, resulta para algunos estudiosos “una especie de versión vernácula del liberalismo. Interesante no por su dudosa originalidad, sino por que insinúa los caminos que recorrió esta doctrina hasta convertirse en credo político nacional”, dice con agudeza Jesús Gómez Serrano.[3] A pesar de la existencia más que evidente de diferencias regionales respecto del curso que debería tomar una vida plenamente republicana, es un hecho que inicialmente todas las facciones, políticas que se disputaron el poder entre 1821 y 1854, creían que la solución de los más graves problemas del país requería del establecimiento de un régimen republicano, representativo y popular. Así, se puso a discusión cada una de las facultades de los poderes constitutivos de la Unión y la conveniencia de adoptar un sistema federal, las condiciones en que debería ser ejercido el derecho al sufragio pasivo y activo.

En un discurso que sorprende por su vigencia, Mora proponía que el sistema representativo debería establecer las limitaciones del poder público por medio de la distribución en tres principales ramos; propugnaba también por la periódica celebración de elecciones libres y populares, realizadas de tal forma que evitaran el continuismo o la permanencia en el gobierno de elementos carentes de apoyo popular; la salvaguardia de la libertad de opinión, de imprenta, de industria y de trabajo; el carácter inviolable de la propiedad particular y la obligación de los funcionarios públicos a rendir periódicamente cuenta a los representantes populares.[4] Arrebatado de un idealismo que poco podría disimular, Mora agregaba que el sistema representativo era ni más ni menos que “el invento más feliz que hubiese podido producir el ingenio de los hombres”.[5]

Pero la realidad que privaba en esos momentos de euforia intelectual moriana, era bien distinta, pues en algunos entidades federativas del país, las asonadas eran cosa de todos los días y las fuerzas políticas se desplazaban siempre bajo la sombra de caudillajes “sordos a las lecciones de la historia”, que por momentos no podían concebir ni el más mínimo de los ideales de unidad nacional o ceñirse al marco la Ley. Esta anarquía propiciaba que en determinadas circunstancias se hayan celebrado procesos electorales bajo un marco normativo de extraordinaria ineficacia y “con notorias nulidades”. Aunque al Doctor Mora no le eran desconocidas las fallas del incipiente sistema representativo en su instrumentación electoral, depositaba su confianza en la honestidad política, cuando afirmaba que un hombre bueno, revestido de poder absoluto “es capaz de esparcir felicidad sobre su Estado”[6], pero estaba también conciente de que resultaba imposible, con la sucesión de los gobernantes se transmitieran también las virtudes cívicas.

Mucho más interesante resulta ahora, describir el terreno en que se desarrolla la polémica suscitada entre federalistas y centralistas, debido a que ésta no fue ni con mucho ni artificial, ni producto de meras inquietudes intelectuales. Para Jesús Reyes Heroles, federalismo y centralismo no fueron solamente los términos de una polémica teórica, sino la alternativa que marcaría el rumbo de la sociedad mexicana. “o se conservaban las fuerzas coloniales -centralizadas de por sí- o predominaban las fuerzas liberales, descentralizadas y federalistas por su propia esencia”.[7] En este mismo sentido, afirma Gómez Serrano, que hay razones ideológicas que explican la identificación de la forma federal con los postulados liberales y que en un nivel más profundo subyacían realidades e intereses que filiaban a los federalistas a las clases liberales y centralistas a los partidarios del antiguo régimen.[8] Para completar el cuadro de particularidades sociales, ideológicas y políticas que privaban en el país en el despunte del siglo XIX, el Estado de Zacatecas añadiría dos componentes de extraordinaria complejidad: un liberalismo militante que pugnaba hasta con las armas por el proyecto de cohesión liberal y federalista y, en su plena entraña social y territorial, un movimiento autonomista, desde Aguascalientes, uno más de sus Partidos políticos.[9] A lo largo de una década, la clase política aguascalentense conformada principalmente por propietarios de extensas haciendas, actuaría belicosa y sin reserva por la consolidación del centralismo, buscando su reconocimiento como un Estado más, de la naciente federación mexicana, como ocurriría a la postre.[10]

Convocatoria a elecciones. La legalidad de Tata Pachito

El antecedente más remoto de normatividad electoral mexicana proviene de la Constitución de Apatzingán, carta magna que recoge de la Constitución de Cádiz una honda tradición liberal-constitucionalista. Las disposiciones generales para le celebración de elecciones de ciudadanos para integrar y ejercer los tres poderes y funcionarios para el Poder Legislativo, fueron refrendadas en las Bases para las Elecciones del nuevo Congreso promulgadas en 1823, disposiciones en las cuales, los comicios debían ser directos y en segundo grado. Lo cual significaba que los ciudadanos debían congregarse en Juntas primarias o municipales para elegir a un elector, a fin de los representara ante las Juntas secundarias o de Partido. Este elector viajaba a la cabecera del Partido, provisto de las cartas credenciales que lo acreditasen como tal, para reunirse con otros electores primarios, para elegir, a su vez, a un elector secundario, a fin de que éste representara al Colegio electoral primario, a su vez, ante las Juntas electorales. Este nuevo elector se trasladaba a la capital del Estado, provisto de documentos electorales, para constituir con sus iguales, las Juntas terciarias.[11] Estas Juntas electorales a las que elegían diputados ante el Congreso de Anáhuac en el año de 1814, ante las Cortes” en 1812 y 1820, o ante el “Congreso Constituyente” de 1823, respectivamente y luego ante los congresos ordinarios respectivos. Estos cuerpos parlamentarios, por último, eran los que elegían a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del año de 1824, dispuso que los Diputados fueran electos de acuerdo con las leyes que expidiera cada Estado, los cuales conservaron ese sistema electivo, sin embargo en las Reglas para la elección de Diputados del año 1830, expedidas para reglamentar la elección de Diputados de Distrito y territorios de la federación, establecieron por un breve tiempo -no más de cinco años-, las elecciones indirectas en primer grado. Así, el primer ordenamiento jurídico señalaba expresamente: “para el nombramiento de Diputado se harán elecciones primarias y secundarias”, suprimiendo el último tramo electivo, es decir, las terciarias.[12] En el marco de estas trascendentes modificaciones del método electoral, el Gobierno de Zacatecas se dispuso a la organización de los comicios e inició una vasta campaña de divulgación entre los habitantes de los partidos políticos, los funcionarios de las municipalidades y el Congreso local. Ocursos, visitas, manifiestos y publicaciones periodísticas menudearon por todo el territorio para poner a punto la importante elección, justamente cuando se hacía más que necesario el apego a la legalidad.

Estatua de José María Luis Mora en Paseo de la Reforma

Ya desde el año de 1829, había visto la luz pública el periódico oficial denominado Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas y evidentemente su objeto era divulgar las actividades propias del gobierno zacatecano, como un inocultable compromiso con los ideales liberales y federalistas que inspiraban a su clase política.[13] En su vida editorial habría de legar un acervo interesantísimo e invaluable para comprender el medio político que privaba en Zacatecas durante las elecciones de 1830, particularmente en el decurso de su celebración desde las primarias o municipales, las de Partido, para Diputados a la legislatura local, como al Congreso General así como, según lo disponía la Carta Magna, la elección de Magistrados a la Suprema Corte. Así en La Gaceta, por encargo del Gobierno de Francisco García Salinas, a quien la población rural llamaba cariñosamente “Tatapachito”, se publicaban las disposiciones generales para la realización del proceso en cada una de sus etapas y hasta su conclusión. Desde luego, hay en la publicación más que un espíritu ideológico, un propósito bien marcado de comunicar, de divulgar las reglas del juego democrático establecidas en la Constitución y las modificaciones impuestas por las nuevas Reglas. Así para organizar lo que hoy llamaríamos una elección “concurrente” en el nivel local y federal, se publicaba lo siguiente: “Aproximándose ya el tiempo de las elecciones para la renovación del Honorable Congreso del Estado y de los Diputados al Congreso General, cree de su deber el gobierno llamar la atención de los Ayuntamientos y de sus Presidentes sobre un asunto de tanta importancia a fin de excitarlos a desempeñar con el mayor cuidado, esmero y eficacia las atribuciones que les confiere la constitución.[14] Se ha observado alguna vez con dolor que por no tomarse alguno el pequeño trabajo de revisar los artículos constitucionales que arreglan las elecciones para hacerlos cumplir con la puntualidad y exactitud debida, han resultado nulidades y desórdenes en estos actos tan respetables e interesantes, en que el pueblo ejerce inmediatamente su poder soberano, refluyendo en grave perjuicio de la causa pública.[15]

Para evitar unos males de tanta trascendencia, basta solamente que los Ayuntamientos y sus Presidentes, hagan que las elecciones se sujeten a las reglas prescriptas en la Constitución. Esta ha querido proporcionar al pueblo toda la comodidad y libertad debidas para votar, y por eso manda que las elecciones primarias estén abiertas por tres días [16], y que estas se dividan en secciones que se deben situar en los parajes mas a propósito para que puedan concurrir a ellas todos los ciudadanos de la respectiva municipalidad.[17] Así es que los Ayuntamientos deben poner en esto el mayor cuidado; teniendo al mismo tiempo presente que las secciones no deben presidirlas otros mas de los Alcaldes y Regidores por el orden de su nombramiento, conforme lo previene el Art. 29 de la Constitución: de modo que no debe haber mas secciones que aquellas á que alcance el número de los Alcaldes y regidores que las han de presidir. Deben también los Ayuntamientos cuidar muy escrupulosamente de que las Juntas se celebren en los días prescriptos en la Constitución, y de que las secciones permanezcan abiertas los tres días y en las horas que señala el art. 32 de la misma Constitución;[18] Los Presidentes de los Ayuntamientos no deben olvidar la publicación del Bando que previene el art. 30, el domingo anterior al 1º. De agosto [19]; avisando en él los días en que han de celebrarse las Juntas, los parajes en que se han de fijar las secciones, las horas que estas han de estar abiertas, y las calidades que deben tener los ciudadanos que concurran a votar, las cuales están señaladas en el mismo art. 30. En el 34 está prescripto el modo de votar [20], el cual puede ser de palabra o por escrito, y por lo mismo deben ser desechadas las listas que presenten los ciudadanos; pero tampoco deben admitirse mas listas que una a cada ciudadano, aún cuando digan algunos que las otras las llevan a nombre o por encargo de otros, pues esto suele ser causa de abusos de mucha trascendencia, y la ley lo que quiere es, que los que concurran a votar lo hagan personalmente sea de palabra o por escrito.[21]. Espera, pues el gobierno que penetrándose V.S. y ese I. Ayuntamiento de la importancia de tan interesante asunto, tomarán el mayor empeño en que se practiquen las elecciones con todo el orden y formalidades debidas, sin salirse un punto de las reglas prescriptas en la constitución. Dios y Libertad. Zacatecas 14 de julio de 1830. Francisco García Salinas”. (Continuará)

Notas
[1] Para conocer el contexto de estas consideraciones, se pueden consultar dos obras de investigación historiográfica: Nettie Lee Benson. La Diputación Provincial y el Federalismo mexicano. México. El Colegio de México. 1955, y La Tradición Española en el Federalismo Mexicano, de Sergio Ortega Noriega. Anales del Instituto Mexicano de Antropología e Historia. Época 7a. Tomo VI, 1976, pp. 243-287; [2] Francisco López Cámara. La Génesis de la Conciencia liberal en México. México. UNAM. 1969. p. 12; [3] Jesús Gómez Serrano. Documentos para la Historia del Liberalismo en Aguascalientes. 1835-1876. Instituto Cultural de Aguascalientes, 1992. p. 16; [4] José María Luis Mora. Ensayo Filosófico sobre nuestra Revolución Constitucional. Obras Completas. México Secretaría de Educación Pública e Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. 1986-1987. Tomo I, p. 175; [5] Mora criticaba a las naciones que habiendo adoptado sistemas representativos, no habían podido darse gobiernos sólidos y estables por que: “no han adoptado un sistema representativo más otra cosa que en sus formas y su aparato exterior” Ibidem. pp.174,183; [6] José María Luis Mora. De la Eficacia que se atribuye a las formas de Gobierno. Obras completas. Tomo I, p. 317; [7] Jesús Reyes Heroles. El Liberalismo Mexicano. Fondo de Cultura Económica. 1982, tomo II, “La sociedad fluctuante” p. 30; [8] Gómez Serrano. Op. Cit. P. 18; [9] El uso del término Partido se incorpora como denominación de las jurisdicciones prevalecientes en el periodo del primer federalismo. Véase a Hira de Gortari Rabiela (2006), Nueva España y México: Intendencias, Modelos Constitucionales y Categorías Territoriales, 1786-1835. “Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales”.Universidad de Barcelona. Vol. X, núm. 218-72; [10] La denominación de Estado proviene de la Constitución norteamericana y se adoptó en el sentido de entidades territoriales soberanas. En la Acta Constitutiva de 1824 (t. I, p. 3), que elaboró el segundo congreso constituyente, a las provincias se les reconoce como estados y se abandona la denominación anterior.. “Artículo 7º: Los estados de la federación son por ahora los siguientes: el de Guanajuato; el interno de Occidente, compuesto de las provincias Sonora y Sinaloa; el interno de Oriente, compuesto de las provincias Coahuila, Nuevo-León y los Tejas; el interno del Norte, compuesto de las provincias Chihuahua, Durango, y Nuevo México; el de México; el de Michoacán; el de Oaxaca; el de Puebla de los Ángeles (el de Tlaxcala); el de Querétaro; el de San Luis Potosí; el Nuevo Santander que se llamará de las Tamaulipas; el de Tabasco; el de Veracruz; el de Xalisco; el de Yucatán; el de los Zacatecas. Las Californias y el partido de Colima (sin el pueblo de Tonila, que seguirá unido a Xalisco) serán por ahora territorios de la federación, sujetos inmediatamente a los supremos poderes de ella. Los partidos y pueblos que componían la provincia del istmo de Huazacoalco, volverán a las que antes han pertenecido. La Laguna de Términos corresponderá al Estado de Yucatán”; [11] La legislación de la época denomina también Provincia a la jurisdicción de un Estado federado; [12] Para conocer los debates que se dieron en torno a las modificaciones constitucionales en materia electoral, puede consultarse la obra Actas Constitucionales Mexicanas (1821-1824). Tomo V. “Diario de las sesiones del Congreso Constituyente de México”. UNAM. Segunda edición. 1980; [13] Se trata de un proyecto típico del periodismo decimonónico. Su importancia ya ha sido justipreciada por Don Jesús Reyes Heroles en diversas obras. La Gaceta se editó bajo la dirección de Pedro Piña, invariablemente los martes, jueves y domingos al menos durante tres años. El periodo que se estudia en este ensayo inicia en el No. 131, correspondiente al 2 de febrero y concluye con la edición No. 273, correspondiente al jueves 30 de diciembre de 1830. La apostilla de su encabezado de imprenta no puede ser más elocuente, pues invocando el pensamiento hiper-democrático de Jeremías Bentham, se decía: “Importa tanto a los gobernados conocer la conducta de los gobernantes, como a éstos los verdaderos votos de aquellos”; [14] Es importante mencionar que la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, estuvieron a cargo de las autoridades municipales y organismos locales: Juntas, asambleas, colegios electorales de parroquia, de Partido y provinciales. Según la Constitución de Apatzingán de 1814 y su antecedente, la de Cádiz en 1812; y Juntas primarias- municipales, como es el caso que se estudia en este ensayo, -secundarias- de partido o Distrito, como es también el caso-. Las elecciones terciarias habían sido suprimidas. Es de llamar la atención que el comunicado de Tatapachito ya suprime el término “parroquial”; [15]. Según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Comentado, existen dos supuestos para la celebración de elecciones extraordinarias. Uno, que se declare nula la elección ordinaria de diputados o senadores. Otro, que ocurran vacantes. Op. Cit. p. 86; [16] Según el Art. 28 relativo a las Juntas Primarias, en la Constitución del Estado Libre de Zacatecas de 1828, se dispone: “en todas las poblaciones del Estado que tengan Ayuntamiento, se celebrarán las juntas primarias municipales el primer domingo y los dos días subsecuentes del mes de Agosto del año anterior de la renovación del Congreso para nombrar electores de Partido, que deben elegir Diputados”. De las Juntas Primarias; [17] Todas las poblaciones “se dividirán en secciones para mayor comodidad de su celebración, y estas presididas por los Alcaldes o regidores en el orden de su nombramiento, quedando a cargo de los Ayuntamientos con presencia en la localidad y población, determinar el número de secciones que convengan y parajes en que han de fijarse, para que los habitantes de las rancherías y haciendas que haya en su Distrito puedan concurrir también a la elección”. Art. 29; [18] “En cada una de las secciones estarán abiertas las elecciones los tres días señalados en el art. 28 por espacio de cuatro horas diarias repartidas en mañana y tarde. Habrá allí un registro en el que indispensablemente se asentará la primera columna el nombre del sufragante municipal, y en la segunda el de los ciudadanos que nombra para electores de partido”; [19] “El presidente de cada Ayuntamiento publicará el domingo anterior al primero de Agosto el correspondiente bando, para que concurran a la celebración de las Juntas todos los individuos que deben componerlas, que son únicamente los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, vecinos y residentes en el territorio del Ayuntamiento”; [20] Las Reglas para las Elecciones de diputados de 1830, fundaron la institución del Padrón Electoral, al establecer que éste debía incluir el nombre, apellido y oficio de los individuos que tenían derecho a votar, así como el nombre de la calle, número o señas de la casa en que vivían y el número de “Boleta” o “lista” que le tocaba a cada uno. Todas las autoridades electorales de nuestra historia independiente, desde la municipal que nombra el empadronador de las Reglas de 1830, hasta le fecha, han tenido la obligación de incluir a los ciudadanos que llenen los requisitos en los registros, censos y padrones, catálogos y listas electorales, así como expedirles oportunamente el documento mediante el cual se acredita su calidad de electores: la Boleta de los ordenamientos jurídicos expedidos de 1830 a 1917 y la Credencial de 1918 a la fecha; [21] “Cada uno de los ciudadanos que componen las secciones de las Juntas municipales, elegirá de palabra o por escrito a diez individuos, cuyos nombres se escribirán precisamente en su presencia en el Registro” Art. 34; [22] Las Reglas para elecciones de Diputados de 1830, establecieron por primera vez el censo electoral propiamente dicho, para las elecciones primarias. Según este ordenamiento electoral, el Ayuntamiento designaba, un mes antes de las elecciones, a un comisionado por “sección”, que en el caso de Zacatecas correspondía a cierta demarcación municipal, a fin de que empadronara a los ciudadanos y les entregara una Boleta que les servía como credencial para votar. Empadronamiento y repartición de Boletas debería estar concluido ocho días antes de la elección. Cabe hace notar en la lectura cuidadosa de éste párrafo, que al parecer, localmente se denominaba “lista” a la Boleta o credencial y, en determinados casos, la interpretación de “sección”, parece ser también el sitio en que se instalaba la mesa de recepción de sufragios, es decir, el antecedente de la Casilla. “Para efectos de la elaboración del Padrón electoral o listas de electores y credencial para votar, los empadronadores individuales de la Ley electoral de 1830, fueron sustituidos por las Juntas revisoras del Padrón Electoral hasta el año de 1911”. Cofipe Comentado. p. 263.

Be Sociable, Share!

Los comentarios estan cerrados