El lunes, en el Distrito Federal y varias ciudades de la República se realizaron manifestaciones de trabajadores del campo y la ciudad. Los campesinos exigen soberanía alimentaria y acusan al gobierno de Felipe Calderón de privilegiar una política que beneficia a los agroexportadores mientras mantiene en la miseria a las mayorías rurales obligándolas a emigrar. Por su parte, los obreros y empleados urbanos demandan mejores salarios y rechazan la privatización de la industria petrolera, la Ley del ISSSTE y la llamada Alianza por la Calidad de la Educación.

Hasta ahí todo parece normal, pues nada tiene de extraño que los trabajadores se opongan a las políticas y los proyectos de un gobierno de derecha. Lo extraño es que, insatisfechos por otras razones, también estén en las calles fuerzas que sostuvieron la campaña de Felipe Calderón, que gastaron una fortuna en la guerra sucia de 2006 y que “haiga sido como haiga sido” impusieron al panista en la Presidencia de la República.

En esa confluencia de rechazos radica precisamente el drama calderoniano: pese al optimismo de encuestas hechas por encargo, los de abajo rechazan su proyecto de gobierno y los de arriba se hallan muy irritados por la incapacidad de su gobierno. Los primeros están hartos de ver cómo se deteriora su nivel de vida; los segundos quieren que se ponga un hasta aquí a la delincuencia que los golpea a ellos y a toda la población.

Al respecto, no sobra mencionar que la albeante manifestación del sábado pasado ha sido vista como mera expresión de la plutocracia, pues entre sus promotores se cuentan algunos que patrocinaron la campaña de odio de 2006. Pero, con todo, la marcha tiene un inmenso valor, pues si los sectores más pudientes salen a la calle a elevar su protesta, es muy posible que las autoridades de todo ámbito y nivel no tengan más remedio que hacerles caso. Por supuesto, está muy presente la esterilidad de la manifestación de 2004, pero tendremos que enseñar a nuestra clase política a escuchar la voz ciudadana y a responder con hechos a sus exigencias.

En el problema de la inseguridad son responsables las autoridades federales, estatales y municipales, las policías preventivas y judiciales, el inútil, costoso y corruptísimo Ministerio Público; jueces, magistrados y hasta ministros del maloliente Poder Judicial, que se ensaña con los pobres y hace de los ricos víctimas de la extorsión. Sin embargo, para todos los efectos, el responsable mayor es quien se ostenta como Presidente de la República y cobra como tal, sea legítimo o ilegítimo, de derecha, de centro o de izquierda.

Es una mentira infame aquello de que todos los mexicanos seamos responsables de lo que pasa. Con acusaciones generalizadas se pretende, como en otras ocasiones, desviar la atención y repartir culpas que son monopolio de las autoridades. Es a ellas a las que pagamos por administrar lo público y por proteger lo privado, pero como bien sabemos, en lo primero con frecuencia está ausente la probidad y en lo otro no se ve la inteligencia, la decisión y la capacidad para detener la actividad criminal.

No es un detalle menor que Calderón, en el informe entregado al Poder Legislativo, ni siquiera haga referencia a los asesinatos del crimen organizado, que sólo en este año suman ya tres mil. Esta sorprendente omisión salió quizá de lo profundo del subconsciente, pues ya se sabe que ignorar los hechos dolorosos mitiga el sufrimiento, aunque no cambia la realidad.

Lamentablemente, las condiciones no son las mejores para desplegar una batida eficaz contra la delincuencia. México es el país de peor desempeño económico en Latinoamérica, lo que se mantendrá en 2009; cayeron y seguirán en descenso las remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos; bajó 11.8% la inversión en telefonía; aumentó el subsidio a los energéticos, pero en el primer semestre de este año se redujo 10% la producción petrolera; y en este año, por si algo faltara, seguirá subiendo la inflación (y bajando el poder adquisitivo de los salarios).

El presidente de la Coparmex, Ricardo González Sada, decepcionado como otros líderes empresariales de la gestión panista, dice que “el camino ha sido el correcto, pero la velocidad ha sido ridícula… El tiempo pasa y no pasa nada”. Y en efecto, no pasa nada. Lo único que aumenta es la inseguridad, y con ella el miedo y la frustración.

Si por desgracia se complican los problemas económicos, si el desorden se agranda y si la llamada clase política sigue de espaldas a las necesidades de los mexicanos, muy pronto veremos a la nación precipitarse en una crisis de todo orden en la que ya no sólo personas, sino estados enteros, querrán pasarse al país del norte —las tendencias separatistas no son exclusivas de Bolivia o la ex Yugoslavia—. Por eso mismo, no es algo prematuro plantearse un gobierno de coalición que haga frente a la criminalidad, evite un mayor deterioro del orden y, llegado el caso, impida el desmembramiento de México. Todavía estamos a tiempo.

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