El 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó diversas modificaciones al Código Penal del DF y a la Ley de Salud, con el fin de despenalizar algunas causales para la interrupción del embarazo hasta antes de 12 semanas de la gestación. Esta decisión ha levantado una gran polémica en la que han participado diversos sectores de la población. El debate no se ha concentrado en la capital, sino se ha extendido a otras entidades y en él han intervenido representantes de asociaciones civiles, partidos políticos, organizaciones religiosas y ciudadanos en general.

Quienes se oponen a dicha despenalización (la PGR y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) han interpuesto ante la Suprema Corte diversos recursos argumentando que se violenta la Constitución. Otros han argüido que se afectan derechos fundamentales, como el derecho a la vida. Según sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en estos momentos resolviendo acerca de este tan importante asunto.

En realidad quienes se oponen a la determinación de la Asamblea Legislativa del DF no están poniendo el énfasis en la materia jurídica, sino subrayan aspectos de carácter moral y especialmente religioso. Si escuchamos con atención los argumentos del doctor Soberanes y los del mensaje del Episcopado católico, que se ha difundido de manera profusa, veremos que se trata de defender una posición dogmática, alojada en sus convicciones religiosas.

Para oponerse a las reformas de los diputados del DF, los obispos de la Iglesia católica y ministros de otras religiones están haciendo uso de sus derechos constitucionales y, desde luego, eso no puede ser criticable. El derecho a profesar alguna creencia religiosa o a no profesarla es indubitable y no puede ser anulado en ninguna circunstancia. Por eso nuestra Constitución y otras leyes secundarias establecen las formas mediante las cuales el Estado protegerá ese derecho. Hasta aquí todo esta bien.

Sin embargo, la pretensión de los obispos que se oponen a despenalizar el aborto en algunas causales va más allá de ese derecho constitucional y en realidad lo que se busca es imponerles a otros ciudadanos sus respectivas convicciones morales y religiosas. Eso no debiera ser admitido por la Corte, pues con ello se estaría, precisamente, afectando a la Constitución. Según ésta, nadie tiene derecho a imponerle a otros ciudadanos sus ideas y menos aún pretender que las leyes de nuestro país se elaboren y se ajusten a esas determinadas convicciones, ya sea de la religión católica, protestante, mahometana, budista o cualquier otra. De suceder así, se estarían afectando derechos de otros ciudadanos y se cometería un atentado a la condición laica del Estado mexicano.

Las reformas que realizó la Asamblea Legislativa del DF se desprenden del reconocimiento de una problemática social que está afectando, de manera principal, a muchas mujeres que viven en la capital y en otras entidades de la República. Existe un problema de salud al que nadie debiera cerrar los ojos y menos hacerlo a partir de consideraciones morales y religiosas.

Además, es necesario tomar en cuenta el tema de la libertad de los ciudadanos y las ciudadanas. Una sociedad más justa es aquella que amplía y protege las libertades, y ya es tiempo de que en México se tome en cuenta la de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Interrumpir un embarazo antes de los 12 meses, por causas perfectamente atendibles y explicables desde el punto de vista social y de salud, no puede ser considerado un crimen. Ninguna mujer se practica un aborto por gusto; al contrario, lo hace en el extremo de la necesidad y, además, de manera angustiosa.

Ojalá que la Corte tome en consideración el que, durante los últimos meses, muchas mujeres, por su propio derecho y en el ejercicio de su libertad, han asistido a las clínicas del Gobierno del DF para interrumpir un embarazo de manera segura. Eso ha ampliado derechos y, contra lo que sostienen los prejuicios, ha salvado vidas.

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