El pasado jueves se llevó a cabo la XIII Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la participación del Presidente de la República y su gabinete, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mayoría de los líderes del Congreso de la Unión, los 31 gobernadores del país, el jefe de Gobierno del D.F., varios presidentes municipales, dirigentes empresariales y sindicales, representantes de la sociedad civil, líderes religiosos, etc. El encuentro se realizó a propuesta de María Elena Morera, presidenta de la agrupación México Unido contra la Delincuencia, la misma que organizó hace cuatro años la marcha ciudadana contra la inseguridad en la ciudad de México. El Presidente Calderón decidió el formato de la reunión y el lugar de la misma: el Palacio Nacional. La parte medular del prolongado evento fue la aprobación y firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
En los días previos a la reunión se registró un escepticismo casi generalizado entre los comentaristas de prensa en torno a la eficacia de este tipo de actos. Se decía que no iban más allá del protocolo, que todo quedaba en discursos interminables y en la aprobación de documentos que no superaban el ámbito de las buenas intenciones. Los menos pesimistas señalábamos que la concurrencia de las autoridades de todos los niveles y de todos los partidos políticos era una muestra de que por fin se está abordando el tema de la inseguridad en el país como lo que debe ser: un asunto de Estado. El propio Presidente de la República insistió en varias declaraciones públicas en que ésa es la dimensión que hay que darle al problema. Parece que ya es una coincidencia casi unánime.
Finalmente, la reunión resultó muy emotiva, especialmente por la intervención del Sr. Alejandro Martí, padre del joven recientemente secuestrado y asesinado. Les dijo a todos los presentes, sin excepción, que si no pueden con el trabajo, que renuncien, porque cobrar un sueldo a costa de los contribuyentes sin entregar resultados es también una forma de corrupción. Por supuesto que tiene toda la razón.
Más allá de los actos de protagonismo y de oportunismo político que no faltaron y que eran de esperarse, la novedad en esta ocasión fue que el Acuerdo Nacional es un listado de 75 compromisos específicos, con fechas precisas de ejecución y con un sistema de auditoría a cargo de organismos ciudadanos. Creo que vale la pena otorgar el beneficio de la duda a este mecanismo sin precedentes.
El gobierno federal se comprometió a 35 acciones específicas entre las que destacan: crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza de los elementos policiacos (en cuatro meses), impulsar la creación de centros estatales de control de confianza certificados (en un año), regular el sistema de telefonía móvil para conocer en tiempo real la ubicación de los aparatos (en seis meses), promover la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile y supervise el cumplimiento de los compromisos (en tres meses), crear los indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia con la participación de instancias ciudadanas (en dos meses a partir de la creación del Observatorio Ciudadano).
Por su parte, los gobiernos estatales se comprometieron básicamente a establecer indicadores de evaluación y seguimiento, a poner en marcha sistemas permanentes de control de confianza de los cuerpos policiacos y de los organismos de procuración de justicia, a mejorar los mecanismos de selección y capacitación de los elementos de seguridad pública y a replicar a nivel estatal los sistemas federales de desarrollo policial y de certificación de los procedimientos de control de confianza. Los plazos para estos compromisos van de tres meses a un año. En seis meses se fortalecerán las unidades especializadas de combate al secuestro. Asimismo, los titulares del poder ejecutivo de los estados presentarán a sus respectivos congresos iniciativas de Ley de Seguridad Pública Estatal, en congruencia con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que habrá de aprobar el Congreso de la Unión. En un año todos los estados estarán incorporados al Sistema Único de Información Criminal de la Plataforma México.
Los presidentes municipales se comprometieron a establecer sistemas de control de confianza, a evaluar permanentemente a los elementos policiacos, a mejorar los mecanismos de selección y capacitación, a establecer indicadores de evaluación y seguimiento y a conectarse a la Plataforma México. En el caso de los municipios, los plazos de cumplimiento varían de seis meses a dos años. Son mucho más cortos para los 150 que están incorporados al Subsidio de Seguridad Municipal (SUBSEMUN). Es el caso de Aguascalientes. Los criterios para la selección de estos 150 municipios del país que reciben recursos federales adicionales fueron básicamente el tamaño poblacional y el mayor grado de incidencia delictiva que actualmente tienen.
También hubo compromisos específicos por parte del Poder Judicial y del Poder Legislativo Federal. Hay igualmente acciones concretas a las que se comprometieron los sectores productivos, las asociaciones religiosas, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación (estos últimos con acciones de carácter permanente).
Quizá lo más interesante y novedoso del Acuerdo suscrito es el proyecto de auditoría social independiente al que se ha llamado Observatorio Ciudadano. Se trata de una idea que ha venido manejando María Elena Morera desde hace tiempo. Supone la participación activa de académicos y especialistas de nuestras mejores universidades, activistas de las causas sociales, líderes de opinión, etc. Si realmente prospera, podría ser un paso muy importante en el mejoramiento de nuestros sistemas de combate a la delincuencia. Hasta ahora, son las propias autoridades las encargadas de evaluarse a sí mismas. Son juez y parte. Con la nueva modalidad de supervisión ciudadana, se avanzaría no sólo en la transparencia y rendición de cuentas, sino en la eficiencia misma de los procedimientos y en la depuración de los cuerpos policiacos y de procuración de justicia. Se trata, en primer término, de extirpar el cáncer de la corrupción y la impunidad incrustado en los propios elementos de seguridad pública. Allí está el nudo del problema.
En algún momento se podría llegar a la aprobación de normas jurídicas que volvieran vinculante la relación de los “observatorios” con la autoridad, incluso al punto de emitir recomendaciones, como ocurre con los organismos de defensa de los derechos humanos. Los juristas nos dirían si eso es posible. De no ser así, al menos se volvería institucional el monitoreo de los compromisos asumidos por la autoridad. El siguiente paso, muy lejano aún, es el que se desprende del reclamo de Alejandro Martí: el establecimiento de la revocación del mandato. Es un tema muy delicado, de profundidad. Su discusión impone una amplia reflexión entre los especialistas y una consulta a fondo de la percepción ciudadana.
Si bien el proyecto del Observatorio Ciudadano es por ahora un compromiso del gobierno federal, no estaría mal que los estados y los principales municipios del país avanzaran en esa dirección. En el caso del municipio de Aguascalientes, podría ser el propio Consejo de la Ciudad el que asumiera la responsabilidad de integrar un organismo con esas características. Un proyecto de esta naturaleza estaría estrechamente ligado a la construcción de un sistema de indicadores para la evaluación y seguimiento en materia de seguridad pública, compromiso que ya se estableció en el Acuerdo Nacional que hemos comentado. Sería un primer paso pero, como en todo, por algo se empieza.