¿Me creería si le digo que del viernes anterior al lunes 18 de agosto, la mayoría de los comentarios que me han hecho diversos amigos y conocidos son en verdad abrumadores?
Vale más que me lo crea porque es la pura verdad.
Ayer mismo me había propuesto olvidarme por unos días del tema. Después de todo -me dije- esta columna se nutre preponderantemente de los asuntos que tienen que ver con la política.
Pero aquí los que mandan son los lectores.
Sin embargo, me parece que ya es tiempo de que se dejen de lado las acusaciones y se haga un paréntesis de reflexión y de acercamiento entre los actores que mandan en este país.
La nación se los demanda con urgencia, créame usted.
Creo que se está perdiendo un tiempo precioso en medidas reactivas por parte del Gobierno Federal, que no conducen a nada porque nada resuelven.
Felipe Calderón reaccionó precipitadamente frente el secuestro y asesinato del niño Fernando Martí. Por tanto, su respuesta fue reactiva. Y si fue reactiva, entonces es que no hubo un estudio previo a la decisión de crear un cuerpo especial anti-secuestros.
¿No se suponía que éste debía existir desde el principio del sexenio? O mejor aún: desde el sexenio pasado.
Decía yo que se está perdiendo un tiempo valiosísimo en dimes y diretes y en acusaciones mutuas. El Gobierno Federal no ha podido ejercer su responsabilidad frente al fenómeno de la violencia.
Menos en el del secuestro.
Ahora vuelve a reaccionar ante la ciudadanización de la protesta por la violencia y la criminalidad. Lo más notorio -y de algún modo, preocupante- fue que, ante el planteamiento de una de las organizaciones civiles contra la inseguridad, respondió nuevamente con premura.
Calderón se mostró ansioso por hacerse de la simpatía de las organizaciones que están convocando a la marcha contra la delincuencia.
Usted estará de acuerdo que, hoy por hoy, no es el Gobierno Federal el que marca la pauta en la lucha contra el crimen organizado, sino una mujer -ni siquiera todas las organizaciones, sino solamente una mujer- cuyo protagonismo empieza a dar de qué hablar.
Desde luego, nadie niega méritos a la lucha que esos grupos de ciudadanos han realizado de un tiempo a acá. Pero una cosa es la ciudadanización del clamor social por el estado de inseguridad que vive el país, y otra que, al amparo de esa lucha, surjan liderazgos protagónicos.
Como si el país no tuviera ya suficiente con López Obrador.
María Elena Morera, esa atractiva señora de profunda personalidad, ha desplazado al resto de los líderes de organizaciones civiles. Su posicionamiento raya, por momentos, en algo que los mexicanos no quisieran ver de nuevo campeando en este país.
Inteligente para capitalizar la oportunidad, la señora Morera se hizo acompañar por el padre del niño Fernando Martí y por el empresario Alfredo Harp Helu, para lanzar un pronunciamiento que prácticamente fue un llamado a la rebelión.
Impuso sus condiciones, Calderón las aceptó a priori, y el tema se politizó, a partir de que puso contra la pared al jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Peor todavía: Calderón mismo terminó por darle valor agregado de politización al asunto, cuando se enfrascó en una polémica absurda con los gobernadores de los estados, que planteaban que fuera en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores donde se analizara el tema de la inseguridad pública.
Calderón se opuso: debe ser en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, condicionó.
Y mientras los encargados de la patria discuten dónde se van a reunir para ver si alguna idea salvadora se le ocurre a alguien, en cualquier lugar del país la violencia estalla cada vez con mayor crueldad.
El domingo pasado fue en un pequeño caserío de la sierra chihuahuense, al que por primera vez se le asocia con un acto de esta naturaleza, pues Creel es el símbolo ecoturístico por excelencia del inmenso estado de Chihuahua.
Como para no envidiarle nada a “El Día de San Valentín” en el Chicago de los años veinte, un comando armado llegó hasta un salón de eventos y rafagueó indiscriminadamente a los asistentes.
Catorce personas murieron, incluyendo un niño de un año y meses.
Pero hay algo más inquietante: en prácticamente todas las ciudades del país, los índices de delincuencia se han disparado en lo que va de este año. Aguascalientes, por ejemplo, es ya todo un caos.
Me queda claro que una parte de la sociedad empieza a ser presa de una psicosis que nubla el buen juicio porque, llevado por la ira, el ciudadano culpa a todas las corporaciones por igual.
De pronto, para ese ciudadano todos los policías son negligentes, corruptos, irresponsables e incumplidos ante el clamor de la sociedad.
Y esto no es cierto. Por ejemplo, el uniformado municipal es el servidor público peor pagado y menos respetado por la sociedad. Y finalmente resulta que ese uniformado comúnmente defenestrado y sujeto a todo tipo de escarnio social, es el único, la primera tabla de salvación a la que el ciudadano en peligro suele asirse en su peor momento de desesperación.
El problema es que el fenómeno de la delincuencia, organizada o no, ha rebasado todas las expectativas en la materia. No se tienen controles eficaces para contrarrestar la violencia y la criminalidad. Y a como se ve, no hay para cuándo pare esto.