De acuerdo con lo publicado en la prensa en estos días, el ministro Salvador Aguirre Anguiano ha concluido su muy sesudo estudio sobre el aborto y prácticas similares y conexas, lo que le llevó a descartar “126 temas científicos, médicos, políticos, religiosos, éticos, filosóficos y legales” (Reforma, 16/VIII/08), pese a lo cual su proyecto resultó de 600 cuartillas, o fojas, como se dice en la jerga jurídica.

En suma, el proyecto del citado ministro propone penalizar nuevamente el aborto en el Distrito Federal y encarcelar de 100 a 300 días a las mujeres que recurran a esa práctica. Con todo respeto por el jurista, la pena nos parece corta, pues para evitar el aborto la reclusión debe ser no menor de nueve meses, en cárceles donde habrán de estar prohibidos los tecitos de Montanoa tomentosa o zompastle, como se le llama vulgarmente en el mercado Sonora. Y llegado a este punto, con todo respeto sugiero al señor ministro que se prohíba en todo el país el cultivo de esa yerba abortiva, pues, como él dice, “no debe prevalecer la salud sicológica de la madre sobre la vida del concebido”, sino —agrego modestamente— la sicología del concebido sobre la salud de su madre.

De acuerdo con el togado, la pena de 100 a 300 días de prisión “no resulta desproporcionada”, especialmente porque, alega, existen “opiniones encontradas” sobre “el derecho que tiene el padre” —la madre aquí no cuenta— para decidir si procede o no el aborto. En efecto, existen opiniones encontradas, como señala el docto juzgador, porque, por ejemplo, un violador puede alegar que él produjo el embarazo de la violada y, por lo tanto, pensando en que es el hombre quien generosamente otorga a la mujer el don de la procreación, debe establecerse el derecho del machín criminal a impedir el aborto y hasta dar su apellido al producto de su fechoría.

De acuerdo con la opinión de algunos sobrevivientes del medievo, la vida se inicia en el momento mismo de la cópula y hasta un poquito antes, pues toda pareja descubierta en los prolegómenos del acto debe ser obligada a casarse, ya que, como bien se sabe, el matrimonio santifica esas cochinadas.

Por supuesto, los defensores de la vida desde endenantes todavía no se atreven a bautizar cigotos, pero debería legislarse sobre la imposición de nombre en la edad más temprana. Es más, tampoco se animan los discípulos de José Luis Soberanes —no hasta ahora— a darle nombre a los fetos, lo que deberían hacer para distinguir a muchos personajes cercanos al señor Serrano Limón y otros defensores del sexo sin condón —con preservativo, aseguran, es pecado—.

Y ya metidos en la fiebre de llevar al registro civil todo lo que se mueva, convendría, para evitar el desperdicio manual, hacer un inventario de espermatozoides de cada individuo. Como hoy la ciencia no da para tanto, convendría que el gobierno panista, piadoso como es, otorgara una partida destinada a encontrar un método que permita contabilizar las células que producen el embarazo al unirse con el óvulo. No sobra decir que si los nombres no alcanzan para designar a cada espermatozoide, pueden emplearse números, aunque no faltará quien piense que se trata de presos.

La Suprema Corte debe evitar la justicia por propia mano. Sin embargo, aunque sin pareja las emanaciones de la sustancia masculina constituyen un crimen de lesa humanidad, no es recomendable castigar a los adoradores de Onán, pues se pondría en entredicho el sagrado principio del machismo. Por eso, con respeto a las prerrogativas de género que otorgan el derecho natural y el artificial, algunas voces proponen que, para evitar el derroche, se promueva la invención de un adminículo que permita recabar lo que arroja la manipulación y crear un banco de hijos no deseados (en fase originaria), institución que podría ser una dependencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya preocupación por los no nacidos es igual a su desprecio por los indios de la sierra de Zongolica.

Otro punto atendible concierne a la educación del menor. A las 24 horas de concebido el chamaco, o lo que sea a tan tierna edad, ya debe ir a la escuela, de preferencia a una particular y confesional, para que desde chiquito empiece a recibir la educación religiosa que tanta falta hace en las escuelas públicas. Una labor tan delicada tendría que encomendarse a los discípulos más avanzados del padre Maciel, quienes de paso enseñarán a hablar a sus alumnos, pues sólo practican exámenes orales. ¡Órale!

Desde luego, la CNDH —¿quién más, pues?— debe abocarse a la elaboración de “Los derechos del cigoto”, una cartilla que deberán cargar consigo todas las damas en edad de merecer, para las que habrá de establecerse la obligación de usar ropa interior de lámina o cinturón de castidad, cuello alto y falda hasta el huesito.

Para terminar, respetuosamente propongo a los señores ministros que tachen de inconstitucional el derecho femenino al voto y que para cualquier efecto se considere a toda fémina menor de edad e incluso nonata. A ver si así aprenden esas &%@# feministas.

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