Los funestos hechos ocurridos en la discoteca News Divine no son algo aislado, sino una muestra más de la falta de capacitación, la inoperancia, los prejuicios y la estupidez con que actúan las organizaciones policiacas de todo orden y nivel.
Las corporaciones que debieran defender a la sociedad padecen de una notoria ineficiencia para combatir a los delincuentes y parecen empeñadas en mostrarse como enemigas de los ciudadanos. Lo ilustran sobradamente los cursos de tortura que imparte el ayuntamiento panista de León a sus policías.
Enseñar a una persona a causar dolor a otra es un hecho por sí mismo monstruoso, pero el Torquemada que cobra como alcalde de León prefiere acusar a la prensa por difundir sus afanes medievales. Lo hace con el aval del gobernador guanajuatense, Juan Manuel Oliva Ramírez, quien afirma que el edil leonés le garantizó que se respetarán los derechos humanos y la vigencia del Estado de derecho, lo que se hará, como muestran los videos, mediante técnicas tan humanitarias como el tehuacanazo (que consiste en agitar una botella de agua mineral gasificada y soltar el chorro en la nariz del supliciado) y con la “técnica” del pocito (sumergir al detenido en la taza de un excusado donde hay excremento).
Para el director de la policía de León, Carlos Tornero Salinas, la difusión de los videos pretende “desacreditar a la institución” que encabeza. Dicho de otra manera, no ve problema alguno en preparar a sus muchachos para aplicar la tortura, sino en que la sociedad lo sepa.
La tortura siempre será un acto de barbarie, pero la preparación para impartir el tormento muestra una mentalidad enferma, una degradación moral repugnante que es, si hiciera falta decirlo, una evidencia cruel de la incomprensión de las autoridades sobre el papel que les corresponde jugar, de las disposiciones constitucionales y legales que están obligados a acatar y de su patética ineptitud para entender que el crimen es un fenómeno social y la violencia del Estado es, debe ser, la continuación de la política, no su negación.
El problema es que las autoridades de todo nivel, desesperadas como están por el auge de la criminalidad, consideran que la función represiva es ajena a la buena administración pública, no una parte indisoluble de ella. En el mejor de los casos, destinan presupuesto a la adquisición de armas y equipo y en menor medida al adiestramiento, pero nadie se propone —no en serio— cambiar la mentalidad de los agentes policiacos ni mucho menos trabajar por su revaloración ante sí mismos y por una mejor consideración social.
Una policía eficiente requiere políticas para prevenir el delito, técnicas de investigación criminal y de capacidad para enfrentar a los delincuentes. Con policías brutales, como ocurre en las dictaduras, se puede reprimir, pero se hará indiscriminadamente y se va a afectar más a los inocentes que a los culpables, lo que es inaceptable en una democracia.
Hay que sustituir la actual red de complicidades y los abusos internos por adecuados sistemas de promoción. Que ningún elemento policiaco pueda ocupar un cargo superior sin pasar por un periodo de capacitación jurídica, técnica y sicológica.
Es dable aspirar a que contemos con policía socialmente respetada y temida, no por los ciudadanos, sino por los transgresores de la ley. La carrera policiaca ha de ser una profesión deseable y no reducto de meros desempleados ni de quienes han fracasado en otras labores.
Parece urgente que se elabore y lleve a la práctica un amplio proyecto social a favor de los policías, lo que es decir en beneficio de la sociedad toda. Ese proyecto debe comprender la construcción de conjuntos de vivienda en alquiler —no en propiedad— que cuenten con lavanderías y comedores colectivos, gimnasio y otras instalaciones deportivas, espacios para la convivencia, la diversión y la cultura de las familias; todo un programa de becas y estímulos orientado a la formación de los policías y de sus hijos y un reforzamiento de los planes de estímulos y recompensas.
Si se juzga por sus resultados, un proyecto de esta naturaleza tendría un costo económico insignificante y, debido al riesgo de perderlo todo, haría de la familia de cada policía el mejor vigilante para evitar las prácticas corruptas. Por supuesto, las autoridades de todo ámbito y nivel han de predicar con el ejemplo, pues el enriquecimiento súbito de los de arriba mueve a los de abajo a imitarlos.
El combate más eficaz contra el crimen es el mejoramiento de las condiciones generales de vida. No parece que en el corto plazo eso pueda ocurrir en la sociedad mexicana, pero alguien debe empezar por alguna parte. Lo único que resulta inaceptable es resignarse a que las cosas siempre han estado mal y concluir que no puede alterarse ese sino nefasto. En los grandes cambios sociales es determinante la acción de quienes gobiernan y su capacidad para mover conciencias. En ese terreno es donde se establece la diferencia entre los simples políticos y los estadistas.
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