(Segunda y última parte)

Comentábamos ayer que José Antonio Crespo propone en su libro (”2006: hablan las actas”) que el criterio de la autoridad electoral para calificar la elección presidencial debió extrapolarse, de una sola casilla a todo el país, de tal manera que si en ese gran conjunto los votos “irregulares, no justificados ni depurados” (sumados) son iguales o superiores en número a la diferencia entre el primero y segundo lugar, la elección debió anularse porque no brindaba certeza sobre quién fue el ganador. Él lo señala en estos términos: “…no tiene sentido alguno que la unidad en la que se centre el sistema de nulidades [de la elección presidencial] sea la casilla…Por esto, más que revisar las casillas impugnadas para ver si procede su nulidad o no, lo lógico sería contabilizar los votos irregulares en todo el país, y ponderar si resultan determinantes en el resultado -es decir, si igualan o superan la diferencia de votos con que aritméticamente un candidato aventaja a su más cercano seguidor” (pág. 128).
El autor propone que en lugar de los ciudadanos, con su voluntad depositada como voto en las urnas, sean las autoridades electorales las que decidan si un proceso es válido o no, siempre y cuando se trate de una elección presidencial. Dice textualmente: “…se tendría que modificar el Cofipe para que el recuento se pudiera dar a nivel nacional (cuando esté amenazada la certeza del veredicto final), y la ‘ley de impugnación electoral’, para incorporar como causal específica de nulidad el hecho de que los votos irregulares no justificados ni depurados igualen o superen el número de sufragios que separan al candidato ganador de su más cercano seguidor” (pág. 175).
En el caso de la elección del 2006, como lo reconoce el propio Crespo (pág. 29), los “errores de captación” representaron el 1.35% del total de la votación (más de 41 millones de votos). Para corregir esta anomalía, él sugiere que el Tribunal debió haber declarado nula la voluntad del resto de los ciudadanos, es decir, del 98.65%. En lógica esto se llama tomar la parte por el todo. Los magistrados del Tribunal, en cambio, actuaron del único modo previsto en la ley, según la cual el todo es igual a la suma de sus partes. Nuestra legislación dispone que los votos válidos de las casillas deben sumarse, haciendo a un lado los votos irregulares que no son determinantes para el resultado…en cada casilla. Para la ley estos votos irregulares se convierten jurídicamente en cero, no hay suma posible. Sólo existen para efectos estadísticos y de investigación histórica. Así de fácil. Las autoridades electorales dictaminaron con base en la ley que tenían a la mano. Lo contrario hubiera sido actuar a capricho.
Para ser congruente, Crespo debería llevar su criterio a todas las demarcaciones, no sólo la nacional para Presidente: le faltan los distritos y las entidades federativas, en el caso de las elecciones federales. Y como el sistema electoral debe ser homogéneo en todo el país, aplicaría también para gobernadores, diputados locales y alcaldes. Claro que si su propuesta alcanzara estos niveles, correríamos el riesgo de quedarnos no sólo sin Presidente de la República sino también sin diputados federales, senadores, gobernadores, diputados locales y presidentes municipales.
Los casos de elecciones muy apretadas son cada vez más frecuentes. Cualquier partido político que sabe de antemano (por los datos de un conjunto de encuestas) que tiene perdida una elección, podría introducir factores de disturbio, aleccionando a sus representantes de casilla para dejar plasmados en las actas votos “irregulares, no justificados ni depurados”, con lo cual podría asegurarse de que la elección quedara anulada, a efecto de que ningún otro partido se quedara con el triunfo. Esto llevaría a convocar a nuevas elecciones y los perdedores contarían con una nueva posibilidad de ganar. Tal vez sea precisamente esto lo que están planeando los partidarios del obradorismo para la elección presidencial del 2012. Sólo que, por este camino, correríamos el riesgo de acabar con las instituciones, con los poderes establecidos. Este camino, por cierto, es el que más caro resulta a los partidarios del Frente Auténtico Progresista, o por lo menos a su líder, como es del dominio público.
Cuando comenzaron los comentarios en la prensa sobre el trabajo de Crespo, me pareció normal que los partidarios (abiertos o disfrazados) de López Obrador, hablaran del libro como de “un documento concluyente”, “irrefutable”, que “no deja lugar a dudas sobre el fraude electoral del 2006″. Palabras más o menos, ha sido la opinión de Miguel Angel Granados Chapa (ex candidato del PRD al gobierno de Hidalgo) y Carmen Aristegui (ex secretaria particular del subsecretario de Difusión y Propaganda del CEN del PRI, despedido por malos manejos, durante la campaña electoral de Carlos Salinas de Gortari).
Pero me llamó la atención que Lorenzo Meyer, un historiador de El Colegio de México que, nos guste o no, tiene prestigio intelectual, se sumara al coro laudatorio. Tal vez lo hizo porque los partidarios (eruditos o zafios) del otrora “Presidente legítimo” (el IFE ya les prohibió usar esos términos) han dado muestras de que, con todo y que se consideran a sí mismos progresistas, comparten la máxima del Dr. Goebbels en el sentido de que una mentira, repetida mil veces, se convierte en verdad.
Hasta ahora no se ha visto que los expertos en derecho electoral se hayan tomado la molestia de comentar el libro. Tampoco se han defendido de las acusaciones los ex magistrados del TEPJF. Ciertamente ha pasado poco tiempo, el libro se publicó a finales de mayo. Sería deseable que contáramos con los comentarios profesionales de los especialistas. Pero cabe la posibilidad de que a estos últimos el trabajo de Crespo les parezca un auténtico bodrio y por tanto consideren que no vale la pena comentarlo. Quizá, por el momento, los únicos interesados en comentar y denunciar las falacias de este libro seamos los modestos articulistas “de provincia” que no pertenecemos al estamento contestatario de la capital del país.
Tal vez los intelectuales cercanos al “stablishment”, como Héctor Aguilar Camín o el propio Woldenberg (que quizá ya cuentan con la credencial del INSEN), salgan al paso de la nueva intentona de los “legítimos”. Especialmente quienes han contribuido, paso a paso, a la construcción de nuestro sistema electoral, me parece que están intelectualmente obligados a defender lo que tantos años y esfuerzos ha costado a nuestro país. Un disparate (no encuentro otra forma de calificarlo) como el que propone José Antonio Crespo echaría por tierra la complicadísima arquitectura jurídico-electoral que iniciaron mexicanos tan ilustres y respetables como don Jesús Reyes Heroles. En el empeño por la democratización del país perdieron la vida muchos mexicanos.
Por muy exagerado que nos pudiera parecer, el hecho de aceptar la propuesta del libro que aquí comentamos equivale a compartir un despropósito descomunal: si la izquierda mexicana, a la que se refiere Arnaldo Córdoba, considera que la legislación electoral actual no contribuye a sus propósitos inmediatos de conquista del poder, hay que modificarla para que, al menos, ninguna otra fuerza política encabece las instituciones de poder público en el país. ¡De ese tamaño!
Y no estamos muy lejos de que lo anterior pudiera ocurrir. El engendro de reforma electoral que aprobó el actual Congreso de la Unión fue posible por la conjunción de varios factores de coyuntura: el Presidente Calderón y el PAN aceptaron el trueque de una reforma por otra (la electoral por la fiscal) y el PRI aceptó las condiciones del PRD para no dar la impresión de que iba solo en sus arreglos con el gobierno. Las condiciones siguen allí para que se produzca un engendro más. Como país no merecemos eso.